Mi Columna
Eugenio Pordomingo (1/7/2006)
En un «ejercicio de protesta cívica» el ex Fiscal Anticorrupción critica la actuación del Juez Grande-Marlaska.
Hace unos días, Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Anticorrupción, en lo que él llama un «ejercicio cívico», envió un telegrama al Juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y, de paso, a todos los medios de comunicación, ya que su presunta finalidad era que su contenido fuera propalado a los cuatro vientos, para así ayudar al Gobierno.
A veces uno se levanta de la cama por las mañana y tiene la impresión que se encuentra en otro Planeta. Y esa es la sensación que tenemos la mayor parte de los ciudadanos cuando leemos o vemos ciertas cosas, especialmente relacionadas con la Justicia y el Poder.
En el telegrama en cuestión, el ex fiscal arremete contra el juez, entre otras cosas, por haber prohibido la comparecencia en un acto público del abertzale Arnaldo Otegui, «limitando injustificadamente el derecho de reunión».
Para Jiménez Villarejo la actuación de Grande-Marlaska «está dificultando gravemente el proceso de paz y, al mismo tiempo, sirviendo a los intereses antidemocráticos del PP». Villarejo entiende que el Juez pone trabas a los «gestos de diálogo, de aproximación de interlocutores necesarios para llegar a un proceso de diálogo que acabe con ETA».
Mi asombro y estupor, se acrecientan cuando leo en el telegrama lo siguiente: «la aplicación estricta de la ley puede conducir a una auténtica ofensa del principio de justicia, a una auténtica ilegalidad». Pero, Jiménez Villarejo fustiga aún más, al acusar al juez de «dificultar gravemente el proceso de paz».
El ex fiscal entiende que la resolución del juez es ajustada a derecho, ¡menos mal! Pero, ¡caspita con lo que dice: «lo habría sido igualmente una decisión distinta». Y para ello se remite al artículo tercero del Código Civil, que «establece que debe tenerse en cuenta el contexto para aplicar la ley». Alega, como condicionante, lo siguiente: «cuando estamos en un momento en que una organización terrorista ha decidido cesar en la violencia que estaba practicando y ha abierto una perspectiva histórica nueva en nuestro país para llegar a la posibilidad de diálogo y paz en Euskadi y España, un juez debe partir de esa realidad para adoptar decisiones coherentes que hagan posible ese diálogo y esa construcción de la paz».
Todo esto nos parecería muy bien, si esos «chicos del Norte», hubiesen abandonado oficial y públicamente las armas, y hubieran pedido disculpas por las burradas que han cometido. Pero, la verdad es que después de presenciar como se «chuleaba» literalmente del Tribunal, y no digamos de los familiares del pobre Miguel Ángel Blanco, al que asesinaron de dos tiros en la cabeza, estando de rodillas y con las manos atadas a la espalda, el angelito de Javier García Gaztellu, alias «Txapote», y Irantzu Gallastegi, alias «Amaia», su compañera, la duda hace nido en lo más profundo de nuestro cerebro y corazón.
Siempre hemos tenido dudas acerca del cómo, el cuándo y el por qué de la aplicación de la Justicia. Ya sabemos que la duda propiamente dicha, la duda metódica, no descubre, como dijo Descartes, «verdades nuevas», pero con ella se gana «evidencia». Esa duda es la que me lleva a creer en lo mismo de siempre, pero ahora con conocimiento fundado, tras ver las evidencias y aplicar la razón.
Después de ver la deriva que está tomando España, su telegrama, señor Jiménez Villarejo, es un dato más que ha venido a confirmar mi duda; ahora, asentada, confirmada y engrandecida. Ahora entiendo más aquella frase de Confucio: «Donde hay Justicia no hay pobreza…». Y en el mundo, y en España, hay pobreza y desigualdad.
Ahora entiendo, que a Rafael Vera, ex Secretario de Estado, condenado en firme por el escabroso asunto de los «fondos reservados», se le concedan seis días a la semana de libertad, según las consideraciones que el tribunal ha tenido en cuenta, debido al «estado de salud de Vera, el de su esposa», y «la conveniencia de mantener la fortaleza de los lazos familiares». Y, además, no ha devuelto el dinero que se llevó…
Ahora entiendo, en el caso de Los Albertos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer -que deberían haber ingresado ya en prisión-, la causa y el por qué de que ese ingreso no se haya producido. Aquí, «el contexto social» es que son poderosos banqueros con poderosas amistades.
En la sentencia del «caso AVE», a pesar de que se reconoce que hubo comisiones y «convolutos» diplomáticos, no se ha condenado a nadie, con lo cual pienso que esas «comisiones» las debió pagar y cobrar algún alienígena.
Otro caso que me viene a la memoria es el del «bailaor» Juan Manuel Fernández Montoya, «Farruquito», sentencia que casi ningún ciudadano entendió. Menos mal que el Fiscal del caso va a reabrirlo, al descubrir que el acusado mintió «antes, durante y después» del proceso y además ahora se va a dar validez a las cintas que la Policía grabó…
Decía el filósofo ateniense Arquéalo, que «lo justo y lo injusto no son productos de la naturaleza, sino de la ley». O sea, del hombre, que es el que la elabora, la dicta y la manda ejecutar. Ya no me cabe duda alguna, lo he confirmado. Son tantas las evidencias…