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(17/2/2008)
Una crónica del diario El Mundo, firmada por Antonio Rubio, nos desvela un nuevo caso de arbitrariedad y prepotencia del CNI (Centro Nacional de Inteligencia). El periódico cita el caso de “Alejandra” (nombre en clave), directiva del CNI que tras el nacimiento de su segundo hijo solicitó acogerse “al Plan Concilia de la Administración y reducir un tercio su jornada”.

Pero, molesto con esta petición, su jefe directo (“Mazueco”) notificó a “Alejandra” que estaba cesada por «bajo rendimiento y falta de iniciativa laboral». Pero “Alejandra” no se amilanó, y el día 4 presentó una denuncia ante el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional. Ella considera, según el diario El Mundo, que “entre otras cosas, que existe una violación del principio constitucional en materia de igualdad (…) y discriminación por razón de sexo».

De acuerdo con esta información, la espía, ahora expedientada, alega en su recurso que “tras recibir el pasado 13 de diciembre la notificación verbal, por parte de su jefe, de que estaba apartada del CNI, fue inmediatamente privada de sus efectos personales, sometidas a un registro humillante y completo en el aparcamiento del Centro y expulsada sin más explicaciones esa misma mañana».
Según este reportaje, “Alejandra” no ha conseguido que la Secretaria General del CNI, Esperanza Casteleiro, la reciba. Trato similar ha recibido de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Recordemos que el 6 de diciembre del año pasado, en espacioseuropeos.ocm, publicamos un asunto similar, que titulamos “El caso de MCP. El diputado de Los Verdes pregunta al Gobierno sobre la violación de derechos a funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”.

Las preguntas del diputado Garrido han quedado sin respuesta con ocasión de la convocatoria de las elecciones generales de marzo de 2008.

Existen varios casos de funcionarios del CNI, alega el diputado Francisco Garrido “que han sido sometidos a procedimientos de investigación y sanción, que vulneran las garantías y los derechos constitucionales. La especial naturaleza de este servicio no puede justificar que se abran expedientes de investigación y de sanción administrativos sin control judicial, sin asistencia de letrado, sin conocimiento ni de la acusación ni de los acusadores, sin conocer la identidad del instructor”.

La funcionaria MCP, fue expedientada con dos meses y medio de sanción disciplinaria por incurrir, supuestamente, “en incompatibilidad”. La ex espía ha recurrido, también, a los tribunales. Asimismo, su padre, el coronel del Ejército de Tierra, Francisco Javier Perote, se ha dirigido al Director del Centro Nacional de Inteligencia y a la Vicepresidenta del Gobierno. “De momento, no ha habido solución alguna”, según nos ha comentado el coronel Perote.