España, 17-12-2017

Carta de protesta dirigida al Presidente José Luís Rodríguez Zapatero por el apoyo del Gobierno y de entidades financieras españolas al proyecto de la empresa ENCE en Uruguay

José Vicente Barcia  (21/4/2008)

Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y el Estado español han protestado ante el Gobierno español por la financiación con fondos públicos y mediante entidades financieras españolas de una planta de celulosa de la empresa ENCE en Uruguay, al tratarse de un proyecto que implica graves impactos sociales y ambientales.

Mientras en Uruguay organizaciones sociales, ambientales y productores rurales  -rechazan la instalación de una planta de celulosa de la empresa española ENCE en Punta Pereira (Colonia, Uruguay), en el Estado español, varias entidades financieras autorizaron créditos apoyando el nuevo proyecto de ENCE.

En efecto, para el financiamiento de esta planta, ENCE firmó a principios del mes de abril de 2008 un crédito sindicado con el BBVA, Caja Madrid, el Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto. Estas entidades participan como directoras y aseguradoras, mientras que la Caixa General de Depósitos actúa como mandatario. El crédito tiene un importe de 1.075 millones de euros, de los cuales 690 millones serán destinados a la construcción y el abastecimiento de la planta de ENCE en Uruguay.

Por otra parte, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) evalúa desde el mes de octubre apoyar el proyecto con fondos públicos.

Se trata de un financiamiento totalmente irresponsable debido a los importantes impactos sociales, económicos  y ambientales que representa el proyecto de ENCE. Cabe recordar que organizaciones de distintos puntos de Uruguay se presentaron el 1 de abril en una  Audiencia Pública -organizada por el gobierno uruguayo para que la empresa  española presentase su proyecto a la población- para manifestar su total oposición a  la instalación de una fábrica de celulosa. En efecto, tras un exhaustivo examen del estudio de impacto ambiental presentado por ENCE, las organizaciones y grupos uruguayos concluyeron que éste era no solamente incompleto, pero que además contaba con graves errores metodológicos, al considerar únicamente aspectos positivos sin evaluar los impactos de la forestación.

Entre las razones que motivan esta oposición se debe mencionar los impactos ambientales ya constatados desde hace varios años de los monocultivos de eucaliptos a gran escala y de los que ENCE ya dispone en Uruguay. La aprobación de la planta de celulosa implicará sin lugar a dudas, el aumento de estas plantaciones. Sin embargo, la empresa aún no ha comunicado el plan de forestación necesario para alimentar la fábrica. Este hecho inquieta particularmente a los productores rurales.  De acuerdo con los productores, el proyecto de forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos.

Por otra parte, el número de empleos fijos generados tampoco representa posibilidades de desarrollo en la región puesto que una vez terminado el periodo de construcción de la fábrica de celulosa serán únicamente de 300. Además, toda la cadena productiva está exonerada de impuestos, instalando la fábrica en zona franca y puerto franco. La fabricación de celulosa conlleva, además, la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias.

Estamos frente a un mega-emprendimiento industrial que va a producir más de un millón de toneladas al año, el doble de celulosa de lo que produce la empresa en sus fábricas instaladas en España. El tema de la escala del emprendimiento no es menor ya que cualquier posible accidente va a tener impactos de consideración sobre la región. Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones y productores uruguayos es la falta de información sobre la fabricación y manipulación de productos químicos necesarios para la producción de celulosa. Por último, la empresa ENCE se considera -según su sitio web- líder mundial en la producción de celulosa blanqueada con tecnología TCF (totalmente libre de cloro), pero contradictoriamente a esto para Uruguay anuncia que utilizará la tecnología ECF (libre solamente de cloro elemental) justificando su propuesta por la demanda del mercado y no por las consecuencias ambientales de las técnicas empleadas.

Por estas razones, las organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español transmiten una carta de protesta al Presidente José Luís Zapatero (se adjunta), considerando:

– “Que el Gobierno español no puede consentir el apoyar con fondos públicos españoles (mediante el ICO y CESCE) un proyecto que no solamente implica graves daños sociales y ambientales, pero además genera la oposición de la población local potencialmente afectada.

– Que el Gobierno español debe velar por la responsabilidad social y ambiental de las empresas y entidades financieras españolas, tanto en el territorio español, como en el exterior, y particularmente en los países del Sur”.

N. de la R.

La carta se firmó en Uruguay por las siguientes organizaciones:

Accionar entre Mujeres, de Guyunusa, APODU (Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay), Asamblea Ambiental del Callejón de la Universidad, Asociación Agropecuaria de Tarariras (Colonia), Asociación Civil La Cotorra (Radio La Cotorra F.M.), Casa Pueblo Arcoiris, de Tarariras (Colonia), CAX Tierra, Charrúas de ATALA, Comisión de Productores y Vecinos de Conchillas, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Coordinadora Mercedes contra las Plantas de celulosa y los Monocultivos forestales, Grupo Eco-Tacuarembó, Grupo Guayubira , Grupo Pirí, Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación, Movimiento de Chacreros del Ejido de Mercedes, Movimiento de Productores de Colonia, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, MOVITDES (Movimiento Vida, Trabajo y Desarrollo Sustentable), Plataforma DESCAM, de Uruguay, Plenario de Cooperativas de Viviendas de Propietarios y Conjuntos Habitacionales (COVIPRO-CH), Primer Centro de la Ecología, Rapal-Uruguay (Red de Acción en Plaguicidas en América Latina), Red Alternativas y Solidaridad, Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, REL-UITA (Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación), SERPAJ Uruguay, Sociedad Ecológica San Gabriel (Colonia), SOVICAR – Sindicato de Obreros Vitivinicultores de Carmelo (Colonia), Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU) (Colonia).

Los firmantes de esta misiva en España han sido:

Attac Madrid, Baladre, CGT Madrid, Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos, Espacio Alternativo, Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad, SETEM, Verdegaia, Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització.

La carta dirigida a Zapaetero se puede ver en: http://www.odg.cat/documents/novetats/Carta_Gobierno_Esp20080414.pdf.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826