espacioseuropeos.com (18/4/2008)
Obiang Nguema no debe cantar victoria con la detención de Severo Moto, ya que este puede ser su final. Sinceramente, no creemos que las elecciones del 4 de mayo se deban celebrar en el estado de represión total en el que se encuentra la población de Guinea Ecuatorial. Ni fundaciones de apoyo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni «observadores internacionales» mandados desde Exteriores, a cargo del erario público español, ni más zarandajas deben servir para continuar apoyando al sátrapa guineano.
Nosotros estamos convencidos que Severo Moto no ha intentado «enviar armas» a Guinea Ecuatorial. Y menos pretender con un viejo mauser, un cetme, una andrajosa pistola y una caja de cartuchos, derribar al régimen corrupto de Obiang Nguema, sobre todo teniendo en cuenta que en España le asiste -al dictador- el apoyo y la cobertura de todo el entramado que rodea a ciertos intereses. Pero de todo esto hablaremos próximamente, ahora queremos hacernos eco del Informe de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial.
Amnistía Internacional expresa su preocupación por el deterioro que está sufriendo la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial antes de la celebración de las elecciones parlamentarias y municipales previstas para el 4 de mayo de 2008.
En las últimas semanas han sido detenidos varios opositores políticos, algunos de los cuales siguen bajo custodia sin que en su contra se hayan formulado cargos ni haber sido sometidos a juicio. Según informes, algunos han recibido palizas en detención para obligarlos a hacer confesiones. A la organización le preocupa enormemente la muerte bajo custodia policial, la noche del 12 al 13 de marzo de 2008, de Saturnino Ncogo Mbomio, miembro del proscrito Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE). Hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación sobre su fallecimiento ni se ha realizado ninguna autopsia para determinar su causa. Amnistía Internacional pide una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la muerte de Saturnino Ncogo, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.
Saturnino Ncogo Mbomio fue detenido tras el presunto descubrimiento, el 4 de marzo de 2008, de tres armas, entre ellas una ametralladora, un viejo mosquete y munición, en el maletero de un automóvil de segunda mano exportado a Guinea Ecuatorial desde el puerto de Sagunto, ciudad del este de España. El gobierno de Guinea Ecuatorial afirmó que las armas iban a ser utilizadas para dar un golpe de Estado por Severo Moto, el líder del proscrito PPGE, que actualmente vive exiliado en España y que fue detenido por la policía española en Toledo (España) el 14 de abril de 2008, acusado de tráfico de armas.
Entre el 12 y el 14 de marzo de 2008 fueron detenidas en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, al menos otras siete personas que se cree son miembros o ex miembros del PPGE.
Saturnino Ncogo Mbomio, que según las autoridades de Guinea Ecuatorial era la persona que iba a recibir el automóvil, fue detenido por miembros de la policía de seguridad la mañana del 12 de marzo de 2008 en su domicilio del barrio de New Building de Malabo. La policía lo acusó de «esconder cosas en la casa» y, en un principio, lo llevó a la comisaría central de Malabo, donde fue interrogado varias horas y, según informes, torturado. Por la tarde, agentes de la policía lo llevaron de nuevo a la vivienda, que registraron. Amnistía Internacional ha sido informada de que mientras se estaba practicando el registro, Saturnino Ncogo Mbomio no podía tenerse en pie y tuvo que ser sostenido por la policía. Durante el registro la policía encontró varias armas enterradas bajo el suelo que posteriormente fueron exhibidas en la televisión nacional: tres rifles de asalto, un rifle de francotirador, una pistola con silenciador y munición.
Tras el registro, llevaron de nuevo a Saturnino Ncogo a la comisaría de policía para seguir interrogándolo. Según los informes, la policía le pidió que diera los nombres de las personas implicadas en la presunta conspiración, pero Saturnino negó la existencia de conspiración alguna. Esa noche lo trasladaron a la prisión de Black Beach, donde murió en su celda durante la noche. Las autoridades alegaron que se había suicidado arrojándose desde la parte de arriba de una litera, lo que le provocó una fractura de cráneo.
Su familia no fue informada de inmediato de su muerte. El cuerpo fue trasladado desde la prisión hasta el depósito de cadáveres y colocado en una cámara donde se había desconectado la electricidad. Según los informes, dos días después, el 15 de marzo, el primer ministro llamó a la familia de Saturnino Ncogo y les informó de su suicidio, y les mostró imágenes de Saturnino Ncogo en su celda, tomadas por una cámara de un circuito cerrado de televisión antes de morir, aunque no del momento de la muerte. El primer ministro dijo a los familiares que recogieran el cuerpo del depósito y lo enterrasen sin dilación porque se estaba descomponiendo. Los familiares informaron de que, debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, la única lesión que pudieron ver fue una fractura de cráneo.
A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades no hayan realizado una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Saturnino Ncogo para determinar la causa exacta de su muerte. El principio 34 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, de la ONU, establece que si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad investigará la causa de la muerte o desaparición y que las conclusiones de esa investigación se harán públicas.
Por su parte, el principio 9 de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias establece: «Se procederá a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas. Los gobiernos mantendrán órganos y procedimientos de investigación para realizar esas indagaciones […] La investigación tendrá como objetivo determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Durante la investigación se realizará una autopsia adecuada y se recopilarán y analizarán todas las pruebas materiales y documentales y se recogerán las declaraciones de los testigos. La investigación distinguirá entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.»
Tras la detención de Saturnino Ncogo se practicaron al menos otras siete detenciones de presuntos miembros del PPGE. Tres de ellos quedaron en libertad sin que en su contra se hubieran formulado cargos ni haber sido sometidos a juicio tras permanecer detenidos entre 3 y 12 días, y no fueron torturados ni maltratados en prisión. Sin embargo, los otros cuatro siguen recluidos sin cargos ni juicio. Tres están en la comisaría central de policía y el cuarto en la prisión de Black Beach. Hay informes según los cuales al menos uno ha sido sometido a torturas. Según los datos recibidos por Amnistía Internacional, a uno de los detenidos que están en la comisaría de policía le ataron muy fuerte brazos, manos y piernas y después lo golpearon con un bastón en las nalgas para hacerle confesar que tenía conocimiento de las armas que guardaba Saturnino Ncogo.
Al parecer, Gerardo Angüe, que está recluido en la prisión de Black Beach, admitió que conocía a Saturnino Ncogo Mbomio, pero negó conocer la existencia de armas o de una conspiración para derrocar al gobierno. Aún no ha sido acusado formalmente de ningún delito, pero los informes indican que le han dicho que será juzgado. En virtud del artículo 302 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Guinea Ecuatorial, los detenidos deben ser informados de la razón de su detención o de los delitos de los que son acusados, y el artículo 497 de dicho Código establece que deberán ser llevados ante un juez en el plazo de 72 horas para legalizar su detención. Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, Gerardo Angüe no ha sido torturado ni maltratado.
Pese a la promulgación en noviembre del 2006 de una ley que prohíbe la tortura (Ley Núm. 6/2006 sobre la Prevención y Sanción de la Tortura, de 2 de noviembre de 2006), ésta sigue practicándose con impunidad. En el 2007, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de al menos tres casos de presuntas torturas que desembocaron en la muerte de la víctima.
Que sepa Amnistía Internacional, sólo un agente de policía ha comparecido ante la justicia por ordenar la paliza de un hombre que murió posteriormente como consecuencia de ella. El agente, que fue detenido en noviembre del 2007, fue juzgado el 28 de marzo de 2008 y condenado a seis meses de prisión. Al menos otros tres agentes de policía y soldados que fueron también detenidos en noviembre del 2007 por su implicación en la tortura de varios detenidos, tres de los cuales fallecieron como consecuencia de ella, fueron puestos en libertad sin cargos y restituidos en sus puestos.
Según el derecho internacional, Guinea Ecuatorial tiene la obligación de garantizar que ninguna persona es sometida a tortura ni a otros malos tratos en ninguna circunstancia. Además, todas las personas tienen derecho a un juicio imparcial.
En consecuencia, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que pongan fin de inmediato a cualquier acto de tortura o malos tratos. Todas las denuncias de tortura y otros malos tratos deben ser investigadas sin dilación y de forma imparcial, independiente y exhaustiva, con arreglo al derecho internacional; las personas presuntamente implicadas deben ser enjuiciadas en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.
Por otra parte, la organización pide una investigación urgente, completa, independiente e imparcial sobre la muerte de Saturnino Ncogo Mbomio, y que sus resultados se hagan públicos.
Además, la organización pide la libertad de los detenidos a menos que sean acusados formalmente de un delito reconocible y comparezcan sin dilación ante la justicia.