España
Alberto Montero (21/5/2008)
Tomo prestada la frase parafraseando aquélla que Obélix el galo, después de haber zurrado a los romanos con la ventaja que daba el haberse caído de pequeño en la marmita de la pócima mágica de Panoramix, le dirigía a su amigo Astérix antes de poner rumbo de vuelta a la aldea gala con su menhir a la espalda y seguidos de Ideafix. Siempre me gustó esa frase.
Y es que a 14 congresistas norteamericanos no se les ha ocurrido una idea más brillante que plantear ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que prohíbe a los estados extranjeros crear carteles en los sectores de petróleo, gas natural o derivados de petróleo. De hacerlo, el Estado en cuestión será privado del derecho de «inmunidad soberana» y podrá ser perseguido en territorio estadounidense en virtud de sus «leyes antimonopolio».
Como ya hicieran con la promulgación de la Ley Helms-Burton para profundizar el bloqueo a Cuba, esos congresistas tratan de que Estados Unidos haga caso omiso del respeto al principio de igualdad soberana entre Estados y plantean que se debe acabar con los comportamientos estratégicos por parte de los Estados productores de hidrocarburos y derivados so pena de que sus empresas sufran las correspondientes consecuencias en territorio estadounidense.
Ignoro si se trata de los que puedan sumarse en el futuro a la OPEP o de aquéllos que decidan abandonar el cartel petrolero para crear uno paralelo. En cualquier caso, la pretensión es clara: esos congresistas pretenden que Estados Unidos se autoproclame como garante de la competencia en un mercado que ha sido siempre de carácter oligopólico y dominado por un reducido número de países productores que, paulatinamente, han ido liberándose de su influencia imperial y han pasado a gestionar estratégicamente un recurso no renovable y con fecha de agotamiento cada día más próxima.
Esa función de garante de la competencia, que cualquier Estado puede y debe ejercer sobre las empresas instaladas en su territorio que actúan en mercados de estructura oligopólica para preservar los intereses de los consumidores, es difícilmente extrapolable, usando la misma lógica, al contexto internacional.
En efecto, las relaciones entre Estados están sustentadas sobre el ya mencionado principio de igualdad soberana, definido y aceptado universalmente desde la Paz de Westfalia en 1648, y que está integrado por dos elementos: la soberanía de los Estados y la igualdad jurídica entre los mismos. Plantear siquiera una ley en ese sentido supone vulnerar la potestad de todo Estado para decidir libremente sobre los asuntos internos y externos que le afecten sin infringir los derechos de otros Estados.
Y, que yo sepa, en ningún lado se recoge que el acceso a petróleo e hidrocarburos más baratos sea un derecho que deba ser preservado ni que ningún Estado tenga derecho a invocar para retirar la inmunidad soberana a otro.
Lo dicho: ¡estos estadounidenses están locos!.
N. de la R.
Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y miembro de la Fundación CEPS, que también pueden ver en su bloq, La Otra Economía.