espacioseuropeos.com (8/6/2008)
Un artículo de Fernando Reinlein en diariocrítico, recogía el pasado miércoles el estudio que la abogada madrileña, Inés Mula, ha realizado sobre el «régimen de personal» del CNI (del Centro Nacional de Inteligencia), al que considera inconstitucional, pues en su «reglamento se inmiscuya en los Derechos Fundamentales» de esos profesionales.
Fernando Reinlein afirma que la «abogada madrileña, Inés Mula, de la Universidad Carlos III, ha elaborado un profundo informe sobre la posible inconstitucional del Estatuto de Personal por el que se rige el Centro Nacional de Inteligencia, antiguo CESID». El informe se basa -de acuerdo con Reinlein–«en el hecho de que este estatuto es consecuencia de un Real Decreto cuando debería tratarse de una Ley y más concretamente de una Ley Orgánica«.
La abogada Inés Mula mantiene «que en el citado estatuto se restringen derechos fundamentales de la persona». El diario donde se recoge la noticia, afirma que «varios abogados consultados han manifestado que el informe esta muy bien razonado y que el autor o autores han estudiado muy a fondo los reales decretos que se citan y sus consecuencias en la reglamentación del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, el centro de los espías españoles al mando del cual se encuentra Alberto Saiz desde que fuera nombrado por José Bono ministro de Defensa en marzo del 2004″.
Inés Mula se refiere, según el artículo, al real Decreto 1324/1995, modificado por el RD 327/2004, «por el que se establece el Estatuto de Personal del Centro Nacional de Inteligencia. Según este estudio el Real Decreto infringe el principio de reserva de ley y en algunos casos, el principio de reserva de Ley Orgánica». La abogada madrileña mantiene que la inconstitucionalidad de la norma, entre otros defectos, se debe a «la posibilidad del cese en funciones del personal del centro al margen de la legislación general vigente. Lleva a cabo una descripción del organigrama del centro y concluye señalando que hace falta una reforma del mismo».
El informe termina con esta lapidaria frase: «No podemos tolerar que en un Estado de Derecho un reglamento se inmiscuya en los Derechos Fundamentales de nadie, saltándose el sistema de fuentes que el legislador Constitucional tuvo a bien en establecer».