España, 22-01-2018

Inmigración, “de qué se trata, que me opongo”

InmigrantesAna Ortiz (10/7/2008)
Definitivamente, en este país ha habido un antes y un después para el Gobierno socialista cuya fecha clave es el 9 de marzo pasado. De antipatriotas y xenófobos, hemos pasado a hablar de “casi-crisis” (aunque muy deprisa y rápidamente), así como de los problemas que ha ocasionado el chorro de demagogia buenista que ha sido el hilo conductor de la legislatura pasada en materia de inmigración. Hasta el conocido gafe que se le presume al presidente del Gobierno parece que ha pasado a mejor vida, a juzgar por su pronóstico futbolístico.

“Algunas críticas a la directiva europea solo pueden proceder de la ignorancia supina o de la demagogia irresponsable”. Palabras de Rodríguez Zapatero publicadas en El País, acompañadas de un editorial que, lejos de apoyar al presidente, tacha sus argumentos de “poco convincentes”, sin olvidar la dosis diaria de demonización a la Oposición. La frase no tiene desperdicio: “esta norma la podría aplicar en su día un Gobierno menos garantista: Rajoy dijo ayer acoger ‘satisfactoriamente’ ese respaldo de la directiva”.

El problema es que un día llegará la derecha “comeniños” y “fagocitainmigrantes” y entonces sí que tendremos algo de lo que preocuparnos. Como ejemplo para poner las cosas en su sitio, hay que recordar el magnífico trabajo que se está llevando desde la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que ha aportado un buen número de soluciones tanto económicas como sociales. (Ver artículo en Gees).

El caso es que las palabras del presidente Zapatero venían a cuenta de las protestas de los grupos minoritarios en el Congreso de los Diputados, que han tachado de “Guantánamo Europeo” a la directiva aprobada por los socios de la Unión, que permite mantener en centros de internamiento a los inmigrantes ilegales, hasta por un período de dieciocho meses.

Un período dedicado a tratar de conseguir que la repatriación, sea, primero voluntaria y después obligatoria, como medida para atajar, en lo posible, el lucrativo negocio de las mafias que traen gente a Europa en condiciones infrahumanas y que las dejan abandonadas a su suerte, en el mejor de los casos. Un margen de tiempo en el que se deberá poner en marcha todo un procedimiento legal bajo todas las garantías que establece la ley.

Lo que ocurre es mucho más sencillo: el Gobierno está manteniendo un doble discurso. Uno, el de nuestros socios europeos, consciente de que es muy necesario adoptar una política común para el conjunto de la Unión Europea, que no sea solo un papel escrito, sino algo verdaderamente responsable, tanto para los que están, como para los que son doble víctimas: en su país, del que huyen por no encontrar oportunidades, y de las mafias, que obtienen pingües con la desgracia ajena.

Otro, de puertas para adentro: una de cal y otra de arena “nos sumamos a nuestros socios porque no hay más remedio, pero no es tan malo lo que apoyamos, aunque tenemos que encontrar la fórmula para desmarcarnos del Partido Popular que ofrece algunas soluciones pero no podemos aceptarlas”. Al menos esto es lo que parece, a juzgar por sus actuaciones, como la de rechazar la propuesta hecha por el Partido Popular en el Congreso el pasado 10 de junio.

Una Proposición No de Ley encaminada a establecer un contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país.

Una proposición que fue rechazada entre vaguedades, no solo por el PSOE
CiU alegó que la rechazaba porque lo que debería hacer el Gobierno es impulsar un Pacto de Estado en políticas de inmigración con las diversas fuerzas parlamentarias, con el objetivo de garantizar el control de los flujos migratorios y la plena integración de las personas inmigradas en la sociedad. Es decir, que todo lo que pase por el conseCongreso Diputadosnso de los dos grandes partidos con oportunidades reales de gobernar no se puede aceptar.

Todo tiene que pasar por el filtro nacionalista, que dicho sea de paso, lejos de contribuir con soluciones, se ha dedicado a difundir información en la que se explica al inmigrante que con el castellano tendrá menos oportunidades para todo que con el catalán.

 En paralelo, el Grupo Socialista insta a sustituir la proposición hecha por el Grupo Popular porque, lo que debe hacer el Gobierno y el resto de las Administraciones, es promover un consenso territorial y social en materia migratoria que “permita avanzar hacia la consecución de un Pacto de Estado en esta materia, basado en nuestros principios y valores constitucionales”.

Además, afirma, que el quid de la cuestión es lograr la integración de los inmigrantes sobre la base de las leyes y normas que regulan nuestra convivencia. Considera que la pieza clave para lograr el pretendido éxito está en lograr la cohesión social y la efectiva integración de los inmigrantes y que esto se conseguirá con el fortalecimiento de los instrumentos de cooperación territorial con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dentro de un Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.

Es decir, que lo que hay que lograr es llegar a acuerdos de Estado basados en la integración, que serán guiados por nuestros principios y valores. Lo mismo que ya llevaba en cartera el Partido Popular en la pasada Campaña Electoral, pero llamado de otra forma. La idea es buena, pero que no se entere la gente, porque lo menos que le dirán es lo que ya le han dicho a Zapatero, que se está “derechizando” (UpyD).

Palabrería aparte, la cuestión es que hay un consenso generalizado, tanto por parte de la sociedad, como por la clase política de que no podemos seguir como estamos. El problema es el dichoso cordón sanitario, fruto de complejos ultramontanos, además del disfrute del sillón parlamentario logrado basándose en demagogia.

Es cierto que de Corbacho a Caldera hay un trecho. Pero lo primero que debe hacer el Gobierno, y el resto de los Grupos políticos, es olvidarse de una vez de complejos y aunar fuerzas cuando así convenga a todos, porque todos, nos representan, incluidos los inmigrantes, que serán los primeros beneficiados cuando se pongan en marcha medidas integradoras respaldadas por la Ley y el Gobierno de turno.

Si seguimos anclados en complejos no conseguiremos más de lo que tenemos: oleadas de inmigrantes llegando a las puertas de nuestro país, sin papeles y sin futuro.

El paisajeParlamento Europeo
La fotografía ante la que nos encontramos es que la población extranjera se ha multiplicado en España por siete en la última década. De algo mas de 600.000 inmigrantes que había en 1997, a cuatro millones y medio que hay en la actualidad, que representa el 10% de la población.

Somos el país de Europa que más inmigración recibe y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

Otro dado. En 2007, entraron en España 725.000 inmigrantes, es decir, el 50% de los inmigrantes que llegaron al conjunto de la Unión Europea, superando los llegados a Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, sumados todos juntos.

Gran parte de esta situación se debe al efecto llamada denunciado hasta la saciedad, tanto dentro, como fuera de España.

En cualquier caso, lo que tenemos que tener muy presente es que el fenómeno de inmigración es imparable a nivel mundial, gracias a las nuevas tecnologías y la facilidad para viajar. De eso no cabe ninguna duda. Lo que en ningún caso se puede obviar, es que si este fenómeno no se trata con seriedad, pueden ocurrir episodios como los que ocurrieron en Francia hace un par de años, por la falta de medidas de integración respaldadas por la sociedad en su conjunto, previamente establecidas por los políticos que nos representan.

La integración es un camino de doble vía. Debe partir de las administraciones del país receptor, que deben hacer un esfuerzo especial en el área de servicios sociales, sanidad y educación, así como de los extranjeros que deciden establecerse en otro país distinto al de su origen. Aquellos que han elegido España como lugar de residencia deben hacer también un esfuerzo por adaptarse e integrarse, aportando lo mejor de su cultura y costumbres, pero sin que ello vaya en menoscabo de los logros conseguidos en nuestra sociedad, que tienen que ver con el respeto a la ley e igualdad de derechos, deberes y consideración de hombres y mujeres.

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué hay de malo en que tanto los que llegan como los que estamos -representados por nuestras instituciones- establezcamos un compromiso en firme en el que ambas partes respondan y se impliquen por igual en conseguir el ansiado objetivo de la integración.

¿No es acaso un verdadero Guantánamo encontrarse sin protección, sin conocer el terreno y sin que nadie te eche una mano?

Los países de nuestro entorno ya están dando los primeros pasos en relación a esto, bajo fórmulas distintas entre los ciudadanos extranjeros y el Estado. Francia ha establecido un contrato de acogida e integración, que tiene su origen en la reforma de la Ley de Extranjería, para quienes soliciten un permiso de residencia. Está basado en cuatro aspectos que tienen que ver con el control de los flujos migratorios, promoción de co- desarrollo, favorecer la integración y promoción de la identidad francesa.

En relación a los dos últimos puntos, el estado francés se compromete a fomentar el conocimiento de la lengua francesa, la formación sobre la vida en Francia, así como los usos, costumbres y valores de la sociedad gala.

Lo que el Gobierno francés pide a cambio a los que llegan, es que se comprometa a seguir esta formación cívica y lingüística. También se pretende reforzar los valores de Francia entre los propios franceses nativos.

En el Reino Unido se aplica un sistema de puntos con la finalidad de incentivar la entrada de determinados trabajadores cualificados. El sistema presenta setenta y cinco puntos para el examen de habilidades generales, diez para el dominio del inglés y otros diez para la capacidad económica. Se trata de una prueba integral a priori para la admisión, no para los que ya están.

En Holanda, la modificación en marzo de 2006 de la Ley de Integración de 1991 introdujo la obligatoriedad de aprobar un examen de integración ante de llegar al país. Nuevamente, se observa que la legislación aquí también prioriza la llegada, aunque luego se hace cargo de los que ya están y decidan quedarse. Para ello, se dotó con un presupuesto de 270 millones de euros, destinados a los inmigrantes de 16 a 65 años que quieran adquirir la residencia holandesa. Los inmigrantes que vivan en Holanda también están obligados a hacer el examen salvo que, entre otros casos, hayan vivido en el país un mínimo de ocho años o pertenezcan a la UE.

El examen, que se realiza en el país de origen antes de llegar a Holanda, consta de una prueba sobre el conocimiento del idioma y otra sobre cultura holandesa.

También Alemania dio un giro a su política de inmigración en 2005, cuando entró en vigor una ley sobre inmigración. Los destinatarios son los inmigrantes que quieran adquirir la residencia permanente o temporal. Los beneficiarios tienen dos años para superar la prueba. A los inmigrantes se les facilita un curso de alemán y un curso de orientación sobre derechos y obligaciones del ciudadano. Una vez realizados los módulos, deben superar dos exámenes. Uno de idiomas y otro de orientación.

A las personas que no superan el examen no se les retira el permiso de residencia. Si lo superan, otorga la posibilidad de aumentar el tiempo de estancia en Alemania.

También existen regiones europeas como Veneto y Calabria en Italia que cuentan con pactos de integración. Una fórmula similar que se utiliza en territorios de Francia y Suecia.

La integración comprometida es la clave
No hay otro camino. “La integración debe estar garantizada por la Administración española, tanto en derechos como en deberes y prestaciones. Hay que articular medidas que faciliten la integración de los extranjeros que les permita conocer, con el apoyo de las administraciones públicas, nuestra lengua, instituciones, normas, costumbres y valores”. “El Grupo Parlamentario Popular cree necesario la creación a través de un contrato que refleje el compromiso mutuo entre la sociedad española y el inmigrante que tenga deseo de permanecer de forma estable en nuestro país”.

“Me alegro de que ahora rectifique y apoye la política común en ese ámbito. (…) Yo no le llamaré xenófobo por esto; es más, le brindaré mi apoyo, porque ni nosotros lo éramos cuando lo proponíamos, ni creo que usted lo sea por rectificar ahora”. (Mariano Rajoy dixit)

A estas intenciones y propuestas se reduce el Guantánamo propuesto por Europa y por el Grupo Popular, que está derechizando al presidente del Gobierno de España, quien, a su vez, tacha de ignorantes y demagogos a los que piensan como antes del 9 de marzo y no han pasado al otro lado de la raya, como si parece que hará el Gobierno, previo cambio de camisa y por conveniencia.

Instauremos el 9 de marzo como día de Fiesta Nacional.

 

N. de la R.
Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Medios de Comunicación. Este artículo se publica gracias a la gentileza de la autora y del GEES (Grupo de Estudios Estratégicos).

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826