espacioseuropeos.com (23/8/2008)
Poco a poco, España se está convirtiendo en una especie de ONG a nivel mundial. Al menos eso es lo que pretenden hacernos creer. Pero tras ese barniz social, se ocultan otras muchas cosas, que casi todas ellas derivan en negocios y prebendas.
Uno de los últimos Consejos de Ministros aprobó «destinar 900.000 euros para la Protección Social en los Países Andinos». La razón -teórica, como siempre- se debe, según La Moncloa a: «La insuficiencia de cobertura de protección social es uno de los factores que erosionan la cohesión social en muchos países de Iberoamérica y la razón que ha impulsado al Consejo de Ministros a aprobar una aportación de 900.000 euros por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para la realización del programa de cooperación técnica entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Organización Internacional del trabajo (OIT) y la organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), destinado a la Extensión de la Protección Social en los Países de la Subregión Andina».
Si alguien ha entendido con nitidez esa «justificación», rogamos que nos lo aclare. O sea, que nuestra Tesorería General de la Seguridad Social pretende paliar los problemas endémicos de los «Países de la Subregión Andina».
La nota ministerial hace referencia a «una serie de actuaciones alentadas por el Gobierno español para el desarrollo de la protección social en Iberoamérica». El ejemplo, uso didáctico de meternos por un embudo lo que ni ellos mismo se creen, es el siguiente: «el impulso dado al Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que posiblemente entrará en vigor a finales de 2009. Este convenio tiene en cuenta el fenómeno de las migraciones para evitar la desprotección de los trabajadores migrantes o de los trabajadores desplazados por sus empresas y garantizará las prestaciones de carácter contribu
tivo de invalidez, vejez, supervivencia y accidentes de trabajo y enfermedad profesional para una población de alrededor de 565 millones de habitantes».
Total, que de la «nota ministerial» no podemos deducir más que nos toman el pelo. Del contenido de la mencionada «nota» no hay quien se aclare; por otro lado, ¿quieren convencernos que con 900.000 euros se pueden solucionar los problemas «de alrededor de 565 millones de habitantes»?
¿No será que con esa cantidad (900.000 euros) tratan de amortiguar el efecto social de las verdaderas protestas? ¿No irá esa cantidad destinada a pagar jugosos salarios, ágapes, viajes, estancias, conferencias, estudios y demás?
¿No hay Partido Político, ONG o Sindicato, que trate de aclarar todo este desaguisado?