espacioseuropeos.com (27/11/2008)
El Ministerio del Interior debe dinero en concepto de dietas a guardias civiles que están destinados en el País Vasco, donde desarrollan tareas de lucha antiterrorista. Por otro lado, el ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, también adeuda dinero por conceptos similares a guardias civiles que están destinados en países africanos, encargados de asuntos relacionados con la inmigración ilegal.

La AUGC  (Asociación Unificada de Guardias Civiles) acusa al ministerio de Interior de deber unos 10.000 euros a los guardias civiles que realizan labores humanitarias en África Occidental.  

Con este motivo, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha realizado una pregunta en el Congreso de los Diputados, basada en el incumplimiento de la orden ministerial de mayo de 2008, mediante la cual se elevaron las retribuciones que perciben las Fuerzas de Seguridad del Estado que «participan en misiones de asistencia técnica policial, operaciones del mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de evacuación de personas en el extranjero».

Según la diputada de UPyD, esa medida goza de «carácter retroactivo desde el 1 de agosto de 2005, por lo que, según lo aprobado, los agentes afectados tenían derecho a percibir las cantidades adeudadas desde ese momento». Pero la orden ministerial no se cumple, según la AUGC. Asimismo, el ministerio adeuda dietas a los agentes destinados en el País Vasco.

El ministerio no ha respondido a las quejas de los guardias civiles, motivo por el cual han interpuesto demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia competentes, que han ganado.

En consecuencia, Rosa Díez, pregunta al Gobierno por el número de guardias civiles a los que Interior les adeuda esas dietas, desde cuando no se les abonan, en qué servicios están destinados y cuál es el  montante total de lo que adeuda el Estado por este concepto.

Asimismo, la diputada insta al Gobierno para que explique la causa por la que ha dejado de pagarse esas cantidades, cuántos de los afectados han interpuesto recursos ante los tribunales, cuántos de ellos han ganado los agentes y qué coste han supuesto estos procesos judiciales para el Estado.

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