Mi Columna
Eugenio Pordomingo (6/12/2008)
La Constitución Española, la de 1978, ha servido en días pasados como argumento de confrontación entre los dos partidos políticos con más implantación, aunque ahora PSOE y PP han dejado de lado esa trifulca. Unos quieren -o querían- reformar la Constitución; otros no. Otros afirman que sí, que  hay que hacerlo, pero luego se olvidan de lo dicho. Da la impresión que la Constitución de 1978 es el santa santorum, nadie se atreve con ella. Es como si fuera un «castillo de naipes», donde si se mueve una carta se desmorona toda la baraja.

A mi me da la impresión, primero, que son muy pocos los que la han leído; y, segundo,  que está hecha a base de retazos de otras constituciones europeas; pero sobre todo con la argamasa del  «consenso». Consenso entre unos intereses y otros. Para mantener lo que se quería instaurar, más que para dar amparo y protección a los derechos de los ciudadanos.

Pero, veamos unos retazos de cómo surgió, de las mezquindades que la rodearon, de las presiones que hubo… De momento, desde la posición conservadora.

Estaban finalizando los debates sobre nuestra nueva consti­tución, cuando en Manchester (Inglaterra) nacía el primer bebé-probeta: Louise Brown era el nombre de la pequeña que vino al mundo en los últimos días de julio. Nuestra cons­titu­ción, nuestra joven «Pepa»-aunque nada tenga que ver con ella-, estaba a punto también de nacer.

Los debates constitucionales continuaron a lo largo de todo el mes de julio de 1978; fue entonces cuando la mayoría de edad se rebajó a los 18 años. También se discutió sobre la pena de muerte y el aborto.

Es curioso ver la dicotomía que planteaba el entonces líder de la derecha, Manuel Fraga, en sus «memorias» respecto a lo que él entiende por «defensa de la vida» en sus dos versiones, pena de muerte y aborto: «Se discute la supresión de la pena de muerte; se acuerda en el grupo parlamen­tario de Alianza Popular el voto en conciencia; todos nos abstenemos, pero yo dejo claras en la tribuna nuestras serias dudas sobre la oportuni­dad». Sus explicaciones no quedaron ahí: «Se aprueba nuestra enmienda, en el sentido de que «todos tienen derecho a la vida»; aunque por entonces se entendió que ello cerraba el paso a la legalización del aborto».

Más adelante, con motivo del debate sobre el Título VIII (Autonomías), Fraga se enfrentó con el socialista José María Benegas. El relato de Fraga es el que sigue: «Y a aludir en aquellos momentos de caos a si yo había dicho que antes de autorizar la ikurriña pasarían sobre mi cadáver. Yo, desde luego, no tuve responsabilidades en convertir una bandera de partido en bandera regional».

El contenido de ese comentario es falso, pues Fraga y Otero Novas almorzaron con altos mandos del Ejército y de las fuerzas de Orden Público –Fraga era entonces ministro de Gobernación- para convencerles de que se legaliza­ra la ikurriña. Corría el año 1975 y la propuesta no tuvo éxito alguno.

El proyecto de constitución fue aprobado en el congreso de los diputados por mayoría absoluta, excepto con 2 votos en contra y 14 abstenciones. Las abstenciones fueron, según Fraga, de «nuestro grupo (López Bravo se había marchado a Jerez, a un consejo)».

En el seno de Alianza Popular (PP), los enfrentamientos fueron muy duros, y se oyeron voces muy airadas en contra de la Constitución y sobre la actitud radical que debía tomar el partido.

Un conflicto de intereses iba a suscitar serios enfrentamientos entre los distintos sectores de la derecha. Un día antes de que el pleno del Congreso y Senado aprobaran el texto definitivo de la Constitución (31 de octubre), estaba convo­cada la Junta Directiva Nacional de Alianza Popu­lar. Fue una reunión borrascosa; el tema clave y único fue la Constitu­ción. El «choque de corrientes», como lo definió posteriormente el profesor Jorge Verstryn­ge, fue muy violento: «Federico Silva representa­ba el ala más conservadora de oposición al proyecto de ley fraguado tras la larga marcha legislativa, mediante «consen­sos» y pactos de todo tipo». Las diferentes corrientes defen­dieron con ardor la aceptación, o no, del texto constitucio­nal.

Verstryn­ge vio así aquella reunión: «nos alineamos los responsables jóvenes del aparato. Fueron semanas críticas las que vivimos un grupo reducido de personas muñendo, aquí y allá, a los componentes de la junta nacional, encargada de pronunciarse sobre la actitud a adoptar acerca de la constitu­ción». Fue, indudablemente, una reunión tensa y problemática «con graves enfrenta­mientos con el grupo minoritario, pero importante, partidario de recomendar el no o la abstención (…) la vota­ción final fue de 48 a 43».

Nervios, malas contestaciones y palabras altisonantes se dejaron oír, a lo largo de tres durísimas votaciones, en la sede de AP. Silva Muñoz convocó con urgencia una reunión de ADE (Acción Democrática Española), en la que se estudiaron los incidentes habidos en la Junta Directiva Nacional de la Fede­ración de los conservadores, así como el resultado de la votación y las previsibles consecuencias. La decisión que se adoptó fue la de separarse de AP y continuar solos. Gonzalo Fernández de la Mora y su UNE (Unión Nacional Española) se distanciaron también por motivos parecidos.

Con anterioridad, Fraga había mantenido varias reuniones con su grupo parlamentario a fin de recoger impresiones y sondear la opinión de los diputados. María Victoria Fernández España, decidida partidaria del sí a la Constitución, hizo hinca­pié en que AP debía votar afirmativamente, pues de lo contra­rio se podrían convertir en los «misinos» del Parla­mento. Su interven­ción fue decisiva.

Los plenos del Congreso y del Senado aprobaron el texto definitivo de la Constitución. El resultado fue que en el Congreso de los Diputados, de los 345 votantes de aquel día, hu­bo 6 votos en contra y 14 absten­ciones. De alguna forma había sido el reflejo de la Junta Directiva Nacional de AP (PP) de la jornada anterior.

Tuvo que ser un auténtico espectáculo con­templar a Francisco Letamendía y a Federico Silva Muñoz, brazos en cruz, decir ¡No!

Socialistas y comunistas se volcaron en la campaña a favor del a la Constitución, cuyo referéndum se celebraría el 6 de diciembre de ese año.

Alianza Popular no mantuvo la misma actitud que socialis­tas y comunistas. Para el catedrático Martínez Cuadrado: «el tercer y cuarto partido -se refiere a AP y PCE- también reco­nocen el texto aunque por supuesto con menos entusiasmo que los cuerpos centrales del nuevo sistema (…) en el caso de Alianza Popular, con deseo de formar parte del sistema, a veces equivocadamente expuesto, su actitud contraria a una serie de puntos y declara­ciones institucionales del texto constitucional le llevaron a una tibia y casi distante campaña electoral».

En efecto, los socialistas se volcaron en pedir el sí, dirigidos en la campaña por Javier Tezanos y Guillermo Galeo­te. Otros grupos, dentro del espectro político de lo que se denominaba izquierda, pidieron también el sí. Fue el caso de la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), que con José Sanromá Aldea y Francisca Sauquillo a la cabeza, desplegó toda su energía por el mapa de España. El PNV y Esquerra Republicana mantuvieron -al igual que AP- una actitud indiferente, entre la abstención y el silencio comprometido casi con un sí.

Los grupos de la extrema derecha orientaron su campaña pidiendo el no, pero su actividad propagandística se centró, sólo y exclusivamente, entre sus afines. Por supuesto, la extrema izquierda también rechazaba la Constitución.

Por Alianza Popular, fue el notario Félix Pastor Ridruejo el encargado de dar las explicaciones oportunas: «sólo utilizaremos los espacios gratuitos de radio y televisión estatales. No lanzaremos ningún eslogan, expondremos nuestras razones para el sí y tendremos el máximo respeto para lo que cada quien vote en conciencia». Un sí, pero…

Una difícil etapa se había superado. La Constitución fue aprobada con no mucha participación (hubo un 32´81 por ciento de abstención), pero con el sí de la mayoría de los que depositaron su voto. No obstante, se produjo un voto negativo de casi un 8 por ciento, un 3´54 en blanco y un 0´75 de nulos, entre los que participaron.

Al día siguiente, el diario «El País» comentó: «el resulta­do del referéndum ha marcado un contratiempo para quienes creemos que la consolidación de las instituciones  democráti­cas tiene como único valedor el apoyo popular (…) la absten­ción señala el distanciamiento de la clase política». Todo un síntoma.

El 26 de diciembre, el Rey Juan Carlos I sancionaba la Carta Magna. Hubo algunos políticos, como Manuel Fraga Iri­barne, que consideraron que SM debía jurar la Constitución; pero, con esa u otra fórmula, a partir de aquel día, nuestra Consti­tución quedó configurada como un nuevo marco de referen­cia en la vida española.

Fraga aprovechó esa circuns­tancia para explicar su voto favorable al conjunto del articu­lado y «mantener reservas, con propósito de la enmienda, en unas cuantas materias, respecto de las cuales anunciamos, en la explicación de voto, que en su día plantearíamos las co­rrespon­dientes propuestas de reforma constitucional». Estos puntos de desacuerdo no eran muchos, pero sí importantes. Se refería al artículo 2º (la funesta mención de las «nacionali­dades» y diversas disposiciones del ambiguo Título VIII, que desarrolla) las autonomías.

La posición de Fraga era de reforma: «Nuestra actitud no es, pues, ni de ruptura constitucional, ni de aceptación resignada de las partes que rechazamos; es de reforma». El ejemplo que puso fue el del general De Gaulle en 1958 y su «reforma consti­tucio­nal».

De nuevo hoy, en el 30 aniversario, con ausencia popular, y sin entusiasmo, la «clase política» celebra este evento, al que no han acudido la mayor parte de los presidentes autonómicos. Y, todo un síntoma, la ministra de Defensa, como garantía de la defensa y unidad de España, se ha ido de vacaciones a Portugal…