España, 13-12-2017

Hillary Clinton llamó a Moratinos horas después de hacerse pública la decisión de la Audiencia Nacional de imputar por Crímenes de Guerra a siete cargos israelíes

hillary-clintonespacioseuropeos.com (7/2/2009)
Pocas horas después de hacerse pública la decisión de la Audiencia Nacional, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, recibió una llamada de la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton.  Obviamente, desconocemos, si la llamada telefónica tenía que ver con el anuncio de la Audiencia Nacional de imputar a los cargos israelíes, pero mucho nos tememos que así fue.

Poco después, y a pesar de ciertos desmentidos de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno de España anunciaba cambiar la Ley y dejar de perseguir a criminales de guerra. Claro, que antes la prensa de Israel aseguraba que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, había prometido a su homóloga, Tzipi Livni, que el Gobierno español comenzaba a trabajar para que la actual legislación se cambie. La finalidad de ese cambio es limitar la jurisdicción de los tribunales “para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España”.

De acuerdo con esas informaciones, Moratinos telefoneó a Livni para anunciarle que el Gobierno español modificará la legislación para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España.  La respuesta de la ministra de Exteriores no se hizo esperar. Nos congratulamos de que el Gobierno español  “haya decidido parar este fenómeno”.

Pero, la otra cara del Gobierno afirmaba, a través de la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que el Gobierno “no interferirá” en decisiones judiciales, y que en todo caso, las  “respetará“. La ministra Livni “entiende que la Justicia en España actúa con total independencia”, afirmó De La Vega.

Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, que sentaron jurisprudencia.

A este respecto, y con acertado criterio jurídico, la web “Mundo Áraimputados-por-la-audiencia-nacionalbe”, afirma que “El derecho a la jurisdicción universal es una seña de identidad del ordenamiento jurídico español desde 1870, cualquier cambio del mismo significará que el PSOE no quiere que España persiga a los criminales de guerra”.

Pero, además de las querellas presentadas ante tribunales españoles contra responsables israelíes sospechosos de cometer Crimines de Guerra y Contra la Humanidad, existe una docena de denuncias en Reino Unido, Holanda, los países escandinavos, Nueva Zelanda, afirma la misma web.

El director de los gruimputados-por-la-audiencia-nacional-2pos especiales del Ejército, Abraham Dichter, imputado por la Audiencia Nacional, fue denunciado también ante un tribunal de Nueva York, que sentenció que el militar israelí sólo ejecutaba órdenes y que, además, era un funcionario militar. En la actualidad “existe otra querella contra el mismo militar ante los tribunales del Reino Unido”.

La misma página web relata que “en 2007, el jefe del Estado Mayor de Defensa, Moshe Ya’alon, se salvó de una orden de detención en Nueva Zelanda tras intensos contactos diplomáticos entre los gobiernos de ambos países”, y que  “el ex ministro de Defensa israelí, Shaul Mufaz y el general del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF), Doron Almog -imputado en España-, evitan visitar el Reino Unido por temor a su detención. Doron Almog, había anulado un plan de estudios militares en Inglaterra tras ser aconsejado por el Gobierno judío”.

Recordemos, que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, imputó a Benjamín Ben-Eliezer, ex ministro de Defensa, y a seis militares israelíes, de un delito contra la humanidad por el ataque, supuestamente  intencionado, realizado el 22 de julio de 2002 en la Franja de Gaza,  en el que murieron 14  civiles palestinos, 11 de ellos niños, además de 200 personas heridas.

La conclusión del auto del  juez Andreu es que en virtud de la legislación española y de los acuerdos internacionales firmados por España, la Audiencia Nacional es competente para investigar los posibles delitos contra la humanidad cometidos fuera de España, aunque en ellos no esté implicado, como víctima o como ejecutores, ningún ciudadano español.

Otra nueva denuncia, en este caso, por los últimos incidentes en la Franja de Gaza planea sobre dirigentes israelíes. De prosperar, el presidente,  Ehud Olmert, el ministro de defensa, Ehud Barak, y la ministra de Exteriores, Tzipi Livni  -contra los que va dirigida- podrían verse envueltos en problemas.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826