espacioseuropeos.com (28/5/2009)
El pasado Consejo de Ministros, celebrado el día 22 de este mes, acordó remitir a las Cortes Generales el Convenio Civil sobre la corrupción (Convenio nº 174 del Consejo de Europa). Asimismo, España hará una Declaración «a formular por España para el caso de que el Convenio sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar para dejar clara nuestra posición sobre el estatus del territorio no autónomo de Gibraltar y el carácter local de sus autoridades», según aparece en la referencia de dicho consejo.
Lo curioso es que España, aparenta estar molesta por la actitud del reino Unido, pero calla ante la decisión de Estados Unidos de no considerar a Gibraltar como «paraíso fiscal», que de hecho es.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, «El objetivo principal de este Convenio es que los Estados miembros establezcan en su derecho interno procedimientos eficaces a favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de corrupción, con el fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de indemnización por dichos daños». ¿Cuántos daños henos sufrido y seguiremos sufriendo los españoles a causa, por ejemplo, de la corrupción urbanística? ¿Cómo nos va a resarcir de tanto daño el Gobierno? ¿Cómo nos va a indemnizar?
Que se dejen de bellos discursos, semántica enrevesada y artilugios judiciales. ¿No existe el Código Penal?, pues que se aplique y basta. ¿Hay algún banquero en la cárcel? ¿Hay algún político en la cárcel? ¿Ha devuelto alguno de implicados en casos de corrupción lo robado? ¿Por qué tanto indulto a estos delincuentes de corbata blanca? ¿Por qué Aznar eliminó la sección del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) dedicada a investigar la corrupción? y ¿por qué Zapatero no la restituyó después?