Mabel González Bustelo (27/5/2009)
BUQUES DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA OTAN patrullan desde hace semanas en el Golfo de Adén para tratar de evitar los ataques de los piratas somalíes. Sin embargo, poco podrán hacer para atajar a largo plazo este fenómeno si al mismo tiempo no se aborda otro menos conocido pero estrechamente relacionado: la pesca ilegal, no declarada y no regulada de buques extranjeros en las aguas de Somalia.
Numerosos barcos extranjeros, de numerosas nacionalidades pero especialmente europeos, no sólo han esquilmado las costas de Somalia sino que las han utilizado para deshacerse de desechos peligrosos, tóxicos e incluso nucleares. Organismos de la ONU han denunciado que estas actividades ilícitas han esquilmado y contaminado el mar, y han dejado a las comunidades costeras sin alternativas ni recursos.
UN ESTADO FALLIDO
Desde principios de los años noventa, Somalia constituye uno de los ejemplos más destacados de «Estado fallido». Tras la caída del régimen de Siad Barre en 1991, el Estado y las instituciones colapsaron y se inició una guerra civil que ha involucrado a numerosos actores armados y señores de la guerra, y que continúa hasta hoy. No hay instituciones ni leyes, ni autoridades que las hagan cumplir o que puedan, por ejemplo, controlar las fronteras.
Todo ello ha sido sustituido por una miríada de actores sub-estatales que compiten entre sí por recursos y por el poder.
Desde 1991 ha habido catorce intentos de formar Gobierno, todos ellos sin éxito, por diversas razones, así como diversas intervenciones externas con escasas garantías y nulos resultados. Actualmente el gobierno de transición parece correr la misma suerte y sólo ejerce el control sobre una parte de la capital, Mogadiscio.
El país vive una de las crisis humanitarias más graves del mundo, según denuncian ONG y agencias de la ONU. Hay miles de desplazados, y cientos de miles de personas que han huido a países como Kenia, Yemen o Arabia Saudí (hay casi 300.000 sólo en Kenia, y cada mes llegan 5.000 más). Un 70 por ciento de los menores de cinco años presenta cuadros de desnutrición aguda, según Médicos Sin Fronteras. Un tercio de los alrededor de ocho millones de habitantes necesita con urgencia ayuda externa y la renta per capita no supera los 600 dólares anuales. El caos desborda fronteras y está agitando las tensiones en Kenia, Etiopía y Eritrea.
LA SEGURIDAD EN RIESGO
En este contexto, la piratería es sólo uno más de los muchos problemas del país, aunque desde fuera se le dé una gran importancia ya que pone en riesgo la seguridad en el estratégico Golfo de Adén, que es atravesado por 20.000 barcos anualmente.
En 2008 los piratas perpetraron más de 100 ataques, de los que 40 terminaron en secuestro, y obtuvieron unos 100 millones de dólares en rescates.
Pero ésta es sólo una visión parcial del fenómeno de la piratería. Algo que también ha ocurrido, aunque rara vez se le presta atención, es que barcos pesqueros con capacidad industrial de numerosos países, incluida España, aprovecharon la situación para pescar sin límites ni reglas en aquellas aguas, muy ricas en numerosas especies demandadas por los mercados de los países desarrollados, como el atún o la langosta. En algunos casos, esta pesca tenía lugar sin licencia; en otros, operando con licencias concedidas por empresas tapadera de «señores de la guerra» que, por tanto, eran ilegales.
La pesca ilegal, no regulada y no declarada (IUU, por sus siglas en inglés) es un fenómeno global, que ha sido denunciado por numerosas organizaciones y agencias internacionales y cuyos beneficios anuales pueden oscilar entre 4.000 y 9.000 millones de dólares.
Estos barcos operan de forma ilegal y a escala industrial, sin respetar fronteras ni límites biológicos, y causan la destrucción de los ecosistemas. Se trata de barcos industriales que pueden estar meses sin entrar en puerto, ya que repostan y trasvasan su carga en alta mar, al igual que van rotando sus tripulaciones, etc. De esa cantidad, África y, concretamente, Somalia, aporta un segmento significativo.
AUTORIDADES QUE NO EXISTEN
La High Seas Task Force calcula que en 2005 podía haber unos 800 pesqueros faenando en aguas somalíes, de ellos unos 700 dedicados en ex
clusiva a estas aguas, donde se aprovechan de la ausencia de autoridades para pescar sin control.
El valor de la pesca ha sido calculado en 450 millones de dólares anuales, mientras que no se compensa a los pescadores locales que pierden sus medios de vida y sus ingresos, ni se pagan impuestos a unas autoridades que no existen. Es un negocio redondo y muy lucrativo, donde las más perjudicadas son las comunidades de las zonas costeras, que vivían de la pesca. Por eso en estas poblaciones, un número significativo de personas no ve a los piratas como tales, sino como una defensa frente a agentes depredadores de origen extranjero.
Ya antes de 1991, y debido a varias sequías, numerosas comunidades nómadas habían sido reubicadas en localidades situadas a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de costa del país. Su modo de vida a partir de entonces sería la pesca. Sin embargo, esto se vería amenazado por los buques extranjeros que llegaron a faenar a estas aguas ilegalmente a partir de 1991, entrando incluso en el límite de las 12 millas de aguas territoriales, y compitiendo así en situación de ventaja con las embarcaciones artesanales. Inicialmente las acciones de los piratas fueron meramente defensivas y trataban de preservar sus medios de vida (incluso se llamaban a sí mismos los «guardacostas voluntarios» de Somalia). En el proceso, ambos bandos se fueron armando, hasta llegar a la intensidad del conflicto actual en el que, por supuesto, muchos ya han superado esa fase y actúan como redes de crimen organizado. Pero las razones de fondo no pueden olvidarse.
RESIDUOS INDUSTRIALES
Otro problema conectado con éste son los vertidos de residuos industriales, tóxicos e incluso nucleares en las costas de Somalia, que continúa actualmente ya que no hay autoridades que puedan patrullar sus aguas. Además de empresas y hospitales, en especial europeos, también ha elegido este lugar la mafia italiana para deshacerse de residuos peligrosos. La contaminación ha sido constatada por agencias de la ONU y se puso de manifiesto de forma brutal en diciembre de 2004. Cuando la ola del tsunami del sureste asiático alcanzó la costa de Somalia, cientos de barriles de residuos no identificados fueron arrojados contra ella. Más de 300 personas murieron por efecto de la radiación, como denunció el enviado de la ONU para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, que también aseguró que había metales como mercurio y cadmio. El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) confirmó estas denuncias.
¿PROTEGIENDO A QUIÉN?
La UE, la ONU y la OTAN, y algunos países, han decretado medidas y en ciertos casos tienen buques de guerra patrullando en estas aguas, para proteger el paso de navíos frente a los piratas. Esto puede ser necesario, y la violencia debe intentar ser controlada. Sin embargo, el problema no se resolverá mientras no se tengan en cuenta sus razones de fondo. Desde ciertos sectores se ha acusado a estas tropas incluso de estar protegiendo a los «otros» piratas, los de sus lugares de origen. Habría que prestar atención de forma más amplia a la cuestión de la pesca y a la actuación de los buques que faenan ilegalmente y esquilman las aguas de este país. Más aún, la piratería es sólo un síntoma de los muchos males que aquejan a Somalia, y que requerirían una atención más coordinada y ponderada.
No es fácil que esto suceda. Las sucesivas injerencias extranjeras en Somalia, incluyendo la intervención de Estados Unidos con amparo de la ONU en 1993, fracasaron porque no las acompañaba un análisis de fondo de la compleja sociedad somalí, su historia y los factores que inciden en la violencia. El caso de la piratería es un ejemplo más, ya que se pretende tratar los síntomas pero sin enfrentarse a las causas. En las costas de Somalia hay más de un tipo de piratas, y habría que abordar el problema de forma global. Pero la realidad somalí es muy compleja y, dada la situación internacional, es difícil que se le vaya a prestar la atención necesaria. Tampoco la Unión African
a tiene los recursos necesarios.
N. de la R.
Mabel González Bustelo es periodista y analista de temas internacionales. Profesora de varios posgrados en universidades españolas (Facultad de Periodismo de la UCM, entre otras) y extranjeras. Colaboradora habitual de medios como Público, El Mundo, El Correo y numerosos medios audiovisuales. Ha trabajado en terreno como investigadora y consultora en Colombia, Ecuador, Angola, etc. Forma parte de la junta directiva del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional (IPPAI). Actualmente es responsable de la campaña de desarme de Greenpeace.
Este artículo se publica gracias a la gentileza de la autora y de Safe Democracy.