libertad-de-prensaespacioseuropeos.com (4/6/2009)
Siete asesinatos, 16 secuestros, 127 encarcelamientos, 414 agresiones y amenazas a periodistas y 72 medios de comunicación censurados en 2008 es el triste balance en Iberoamérica, según el avance del Informe del Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Expresión, que se presentará ante la Secretaría General Iberoamericana el próximo mes de septiembre.

Junto a los asesinatos, secuestros y agresiones, las amenazas y el exilio forman parte de esta negra realidad de los periodistas de América Latina. La ciudad de Cádiz se ha sumado a otras ciudades europeas y está construyendo una casa para profesionales amenazados, a pesar de las leyes restrictivas españolas para acoger a periodistas perseguidos, según Rafael Jiménez Claudín, periodista de la agencia Efe y secretario general de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El «caso silencioso» del periodista murciano Chema Gil
En España, el problema radica en las coacciones contra la libertad de expresión que se producen  en torno al terriorismo. Pero, también hay  «otro más silencioso, como el caso de algunos periodistas en Murcia y Albacete, obligados al ‘exilio’ por mafias locales», según el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja. Uno de ellos es el periodista Chema Gil, socio de la delegación murciana del Club Internacional de Prensa (CIP) y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

RSF pretende que la ONU establezca un Protocolo en Defensa de la Libertad de Expresión y de la Libertad de Prensa, equiparable con el Protocolo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Para ello, RSF ha pedido al periodista y abogado chileno Alejandro Jiménez Susarte y al también abogado y periodista español Leopoldo Torres Boursault que elaboren un dictamen.

El Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Expresión previsiblemente será presentado a la próxima Cubre Iberoamericana de Lisboa, para su transferencia a cada uno de los países miembros.