Andrés Soliz Rada (1/8/2009)
Dentro de los parámetros del poder mundial, la sobre vivencia de los Estados nacionales in constituidos, con poblaciones indígenas, es imposible. El mexicano Rodolfo Stavenhagen, uno de los impulsores del Convenio 169, de la OIT, de 1989, y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, de 2007, sostiene que «las guerras culturales no tienen que hacer pedazos a sociedades bien integradas por instituciones sociales, económicas y políticas» (Ediciones UNESCO, 2001). Por tanto, los países más industrializados están a salvo, pero los que no lo están, como Bolivia, están condenados a desintegrarse.
El analista admite que los conflictos culturales irresolubles desembocan en problemas políticos. En estos conflictos, ¿cuál es la cultura de las ONG? ¿No es acaso la cultura de la dominación imperialista sobre colonias y semicolonias? Stavenhagen distingue la libre determinación externa, que es la lucha de Estados nacionales que defienden su existencia frente a otros Estados, de la libre determinación interna, que es la pugna de pueblos indígenas y poblaciones heterogéneas contra Estados nacionales. Esta última culminó con la disgregación de Yugoslavia, alentada por Alemania Occidental y EE. UU., la que fue precedida por un conflicto lingüístico, en 1966, entre servios y croatas.
Los «especialistas» españoles que escribieron la Constitución del MAS olvidaron que «en el caso de España, el derecho a la autonomía es el único derecho colectivo que reconoce la Constitución de 1978, y su sujeto son las nacionalidades y regiones. El único pueblo soberano en ella es el pueblo español, siendo los pueblos de España entidades protegidas por la Nación española en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». En lugar de incorporar este antecedente, nos impusieron un texto disgregador.
El Convenio consiguió que los pueblos indígenas tengan derecho a veto sobre planes de desarrollo y puedan definir el ritmo de su ejecución, lo que provoca confrontaciones permanentes, sabiendo que las semicolonias sólo pueden salir del atraso y la miseria con la planificación de sus economías, elaborada por todos sus sectores sociales, sin exclusión alguna, pero también sin vetos instrumentados por intereses foráneos.
El citado autor anota que la cultura es una práctica continua y un proceso de diálogo. Sin embargo, añade que las formas de vida de los pueblos indígenas deben ser permanentes y perdurables. ¿Quién determina el momento en que el diálogo intercultural amenaza las formas de vida permanentes y perdurables? ¿No han quedado estas decisiones en manos de banqueros y potentados que financian a las ONG y utilizan a pueblos indígenas para prolongar su dominio?
La OIT y la ONU consideran priorita
rio el reclamo de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Si esto es así, los descendientes de los ingleses ¿no tendrían que devolver Australia a sus pueblos originarios? ¿No debería retornar Norteamérica a pieles rojas y otros aborígenes sobrevivientes, después del casi exterminio perpetrado por colonizadores sajones?
Con motivo del bicentenario de la Revolución de 1809, autoridades de gobierno han destacado la interculturalidad de las ciudades de La Paz y El Alto. ¿Cómo compatibilizar esas expresiones con la vigencia de 36 inexistentes naciones indígenas? La visión integradora aceleró la migración quechua aymara al oriente boliviano. En esa dirección, el traslado planificado de campesinos de Potosí a Pando, más allá de coyunturas electorales, es otro paso positivo para alcanzar la unidad nacional, pese a las protestas de neoliberales y oligarcas de la media luna, que al igual que el indigenismo a ultranza, las ONG y los centros de poder mundial, bloquean la existencia de Bolivia.