España, 15-12-2017

Para Caamaño, como para Alonso, la moral la dicta el Parlamento

caamano-ministro-de-justiciaJ.M.G.T. (29/9/2009)
Aunque hay otras, la única fuente válida para establecer la moral en una democracia es  el Parlamento, tal y como se expresó el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, suscribiendo una afirmación parecida del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. El titular de Justicia, en esta ocasión, respondía a una pregunta  en el coloquio posterior a su conferencia, en el marco del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Hubo ciertos gestos de sorpresa entre aquellos que no comparten el monopolio de esa moral sociológico-política. Pero probablemente también se hubieran extrañado los paganos del mundo clásico, que crían en unas normas morales superiores a los vaivenes de la opinión porque, según decían, metafóricamente, estaban escritas en las estrellas.

Francisco Caamaño, orondo y barbado, leyó un breve discurso, de buena arquitectura, en el cual reconoció que está justificada “una opinión ampliamente mayoritaria entre los ciudadanos de que la Justicia funciona mal”. Como contrapartida ofreció el bálsamo de fierabrás del Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el Gobierno hace unos días. Ocurre, sin embargo, que este cronista está algo escaldado porque ya escuchó, en otro distinguido foro, las palabras del anterior titular de la misma cartera ministerial que clausuraba una Jornada, bajo el lema “Caminando juntos hacia la modernización de la Justicia” y, al día siguiente, Mariano Fernández Bermejo, dimitió y dejó abandonados a los caminantes, funcionarios de altos cuerpos jurídicos de la Administración y de los Tribunales de Justicia. Una parte de ellos, bien es verdad que  no lo sintieron. Luego, parece que dialogan mejor con su sucesor.

Pues bien,  ahora Caamaño entronca la labor a realizar con el programa para la Justicia de los liberales de nuestro siglo XIX: la eliminación de las jurisdicciones particulares y especiales y la codificación. El partido más afín con los masones tuvo ahí, en efecto, aportaciones modernizadoras. Las sabrían capitalizar Sagasta, y hasta su yerno, en León, el boticario Fernando Merino, lejano antecesor en el Gobierno de Francisco Caamaño.

El actual titular de Justicia mencionó el constante aumento de la litigiosidad, que, en 2008, arrojó más de 9 millones de asuntos. Lo que no dijo es que se legisla con  normativas y sanciones que llevan aparejada esa proliferación de contenciosos.

Fijó como gran objetivo la implantación del nuevo modelo de oficina judicial a partir del 1 de enero próximo, una vez aprobada por las Cortes la correspondiente reforma procesal.

Un cuerno de la abundancia para Justicia
Destacó cómo, pese a las actuales dificultades económicas, el presupuesto de Justicia se ha incrementado en un 13,4 por ciento, respecto al del año anterior. Recordó el compromiso, anunciado por Zapatero, de dedicar, en los próximos tres años, cien mil millones de las antiguas pesetas, a la modernización del sector en nuestro país. Ya sabemos, sin embargo, que tres años son una eternidad para la pervivencia de las promesas de ZP. A ver, no obstante, si en este caso, hay más suerte.

Anunció que se van a convocar nuevas plazas: 750 de jueces, 450 de fiscales, y 800 de secretarios judiciales. Esto sí que garantiza 2.000 puestos de trabajo. Algo es algo.

Sin embargo también hay algo que nunca ha entendido este cronista. Me refiero a la firma, para que todo ello no se quede en meras palabras, a la firma insisto, de un convenio entre el Ministro de Justicia, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado. ¿Es que no se fían de la palabra dada, como se han fiado, tradicionalmente en la ferias los tratantes de ganado? ¿Piensan que cualquiera de de esos ilustres togados va a vender una burra ciega a otro? Mal andamos con esas desconfianzas, señores.

 En aplicación de la Ley de Memoria Histórica, Caamaño, en el turno de preguntas, dio a conocer que se está desarrollando para la revisión, sin ruido, de condenas del franquismo.

 También anunció la actualización, tras 25 años, de la legislación sobre libertad religiosa. La sensibilidad religiosa, asegura que ha cambiado mucho, y los tribunales han resuelto casos concretos de la vida real, que orientan para variar las normas.

 Caamaño maneja la lógica, aderezada con algún que otro sofisma. Con aire calmoso, a la espera de que la Asociación de jueces que tiene convocada la próxima huelga acepte su criterio de que ya no existen razones porque el  Parlamento -el omnipresente Parlamento- ya ha asumido ampliamente las reivindicaciones que había. Pues que así sea.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826