España, 18-12-2017

La Asociación de Internautas españoles pide al Defensor del Pueblo que investigue la “interceptación de las comunicaciones”

espacioseuropeos.com (30/10/2009)rubalcaba-y-maria-teresa-fernandez-de-la-vega
El pasado mes de septiembre, la Asociación de Internautas, “ante el temor de que se puedan estar cometiendo abusos por parte del Poder Ejecutivo, ha solicitado al Defensor del Pueblo que realice una investigación sobre el Sistema Legal de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), por las irregularidades de su funcionamiento y las deficiencias normativas en que está basado”.

Esta asociación de internautas, puso anteriormente una denuncia ante la Comisión Europea, frente a la “normativa española que regula la interceptación de las comunicaciones”,  y ahora plantea las “deficiencias del sistema informático que las ejecuta”, y así traslada al Defensor del Pueblo sus “dudas respecto a la constitucionalidad del anonimato de los responsables directos de los Centros de Interceptación de las Comunicaciones”, y de los propios Centros, la ausencia de controles democráticos, la falta de información a la opinión publica, la falta de garantías en relación con la autenticidad de la información que se aporta a las autoridades judiciales, la conservación de la información en los centros de Interceptación después de entregarse a la autoridad judicial, la falta de formación de los jueces y fiscales en esta tecnología, etc. En definitiva, denuncia la “ausencia de controles democráticos y judiciales efectivos”.

La Asociación de Internautas, recuerda que nuestro país ha  sido condenada “en dos ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, uno de ellos, el caso Valenzuela Contreras (30 de julio de 1998) y caso Prado Burgallo (15 de febrero de 2003), por no ajustar sus “previsiones legales a las exigencias mínimas de una sociedad democrática en materia de secreto de las comunicaciones”.

La Asociación de Internautas denuncia en un escrito en su página de internet, y “pone en conocimiento de la opinión publica” -según manifiesta-  “el secretismo que ha presidido todo lo relativo a SITEL, así como la oscuridad e ínfimo rango normativo de las disposiciones que lo regulan, contraviniendo lo que ya dijera el TEDH en la primera de las sentencias citadas, según la cual el derecho interno debe usar términos lo suficientemente claros y diáfanos para que cualquier persona pueda entender en qué circunstancias, y bajo que condiciones, los poderes públicos pueden adoptar tales medidas, cosa que hoy por hoy no ocurre con la normativa reguladora de SITEL”.

La Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega firma la orden que “evita todo tramite de información publica”
Según esta asociación, la existencia de SITEL ha sido “disimulada tras un Reglamento, y ocultada mediante disposiciones normativas como la Orden de Presidencia del Gobierno (Orden PRE 1575/2005 de 15 de abril)”, que firmó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, por la cual se evitaban todo “tramite de información publica y permitían que disposiciones de ínfimo rango normativo fueran base legal del mismo”.

El informe que la Asociación de Internautas ha enviado al Defensor del Pueblo,  destaca que el sistema SITEL es “una tecnología absolutamente incontrolada”, “salvo que el juez expresamente lo excluya; se permite la entrega de datos considerados como datos personales a la Policía, sin autorización judicial; no se aporta certificado digital de autenticidad de los archivos contenidos en el disco; no existe firma digital del disco entregado; la información no está encriptada, con lo cual se puede acceder a su contenido sin dificultad; se desconoce quienes son los responsables de la grabación y los medios técnicos empleados; no existe constancia ni certificación algún sobre que se haya producido un volcado de los archivos obrantes en los servidores centrales y la destrucción de cualesquiera otros archivos de forma que se garantice que los únicos archivos que existen son los entregados al juez (la Ley 32/2003 de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones, que en su articulo 35, referido a las interceptaciones legales impone la obligación de destruirlas)…”

El escrito de la Asociación de Internautas terminas así: “Nadie pretende que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos”.

Es de esperar que el Defensor del Pueblo esté investigando las escuchas de Sitel, cuyo avanzado software, empleado por el Ministerio del Interior para “pinchar” teléfonos y acceder a datos personales es más que dudoso. Hasta ahora, que sepamos, el Gobierno no ha contestado a la petición de información del Defensor del Pueblo.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826