O. Riaño (25/1/2010)
Cuando se plantea retrasar, con carácter general, la edad de jubilación para tratar de evitar el desplome del sistema de pensiones -que pasó de un procedimiento de capitalización a otro de reparto, en la línea de las inviables estructuras financieras piramidales- resulta ilustrativo atisbar alguna experiencia.
Entre los casos que voluntariamente han optado por prolongar su vida laboral por encima de los 65 años, porque se encontraban en condiciones para ello y aspiraban a mejorar su pensión, dentro de los reducidos incrementos posibles, el descontento cunde. Veamos un caso concreto que se nos plantea.
El trabajador se jubila en 2008 y percibe, durante los meses restantes de ese año, un importe líquido de 2.468 € mensuales, porque la retención que se le aplica es del 6,32% (luego con la declaración del impuesto sobre la renta viene el tío Paco con la rebaja). En 2009 cobra 2.200 € al mes y se le aplica una retención del 18,94 %. Para 2010 se le anuncia que percibirá 7 € menos al mes (¡menuda carrera! Con la crisis que hay, y el régimen de incompatibilidades para los jubilados).
Ya Felipe González aplicó fuertes dentelladas a las pensiones dobles o, simplemente, más altas, para sacarse de la manga las no contributivas, a cargo de los contribuyentes a la Seguridad Social, en lugar de hacerlo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte los políticos se autobenefician con bicocas exclusivas para ellos (escasos años de cotización para los parlamentarios, duplicidades con las exuberantes de los diputados en Europa…). Es decir que legislan «pro domo sua» como una casta ventajista y sin miramientos.
Con los pensionistas normales ahorran hasta el papel. Les basta una comunicación anual -en enero- y para las mensualidades sólo reciben la referencia del correspondiente banco sobre la cantidad ingresada.
Explicaciones, pues, las mínimas, hasta las vísperas electorales, cuando se buscan los votos.