espacioseuropeos.com (31/3/2010)
El viernes 26 de marzo de 2010, el diario de más tirada de España publicó un titular y un editorial que, asombrosamente, no han provocado un escándalo político. Sólo Periodista Digital ha destacado la gravedad de la posición de El País. Ese titular y ese editorial venían a decir, pura y simplemente, que no todos los partidos legalizados disfrutan de los mismos derechos en España. Ahora bien, cuando el primer diario de España considera que todos los españoles no tienen los mismos derechos es que una grave enfermedad corroe nuestra sociedad política.
I. «EL PAÍS» REPROCHA QUE UNA ASOCIACIÓN LEGAL EJERZA LOS DERECHOS QUE LE DAN LAS LEYES
El diario El País, en su edición del 26 de marzo de 2010 abría su portada, a cuatro columnas, con este titular:
El Supremo avala que Falange siente en el banquillo a Garzón
En el contenido del artículo se recogían unas declaraciones del presidente de la asociación para la «recuperación» de la llamada «memoria histórica» de este tenor (aludiendo a Falange):
«Quien va a sentar a Garzón en el banquillo por investigar el franquismo mató al 98% de las víctimas exhumadas»
Por su parte, el editorial del periódico de ese mismo día, titulado «Ganan los falangistas» decía esto:
«Por si fuera poco, la causa contra Garzón ha permitido a un partido de corte fascista como Falange Española y de las JONS -¿o hay constancia de que se haya desligado de su doctrina fundacional sobre la «dialéctica de los puños y las pistolas» como instrumento de acción política?- se declare «ofendido» por un simple amago de investigación de crímenes que el propio Varela denomina «horrendos». ¿Puede el máximo tribunal de un Estado democrático dar amparo a una pretensión que muchos españoles de hoy consideran ultrajante y difícilmente compatible con los valores democráticos?»
II. LA IGUALDAD DE DERECHOS, BASE DE LA DEMOCRACIA Y DE LA CONSTITUCIÓN
Conviene recordar algo muy simple pero que, lamentablemente, parece que se está olvidando:lo que caracteriza un Estado democrático constitucional es que todos son iguales ante la ley. Produce sonrojo tener que recordar al primer periódico de España lo que dice la Constitución
Española en su artículo 14:
«Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
La única excepción a este principio es la que de forma EXPRESA se establezca en la propia Constitución.
Por ejemplo, en relación al rey, en el artículo 56.3:
«La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
III. LA DEMOCRACIA RECONOCE LOS DERECHOS POR IGUAL A TODOS, INCLUSO A LOS DISCREPANTES
La Constitución Española, en su artículo 1.1 dice que:
«Es
paña se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Esto significa que los derechos no se atribuyen sólo a los que compartan nuestras ideas, sino también a quienes discrepan de ellas, aunque ello nos irrite.
En este momento es un hecho indiscutible que «Falange» es un partido legal en España. Y lo es tanto como otros partidos y sindicatos (PSOE, PCE, UGT, CNT) de los que no se puede decir que tengan una trayectoria histórica «inmaculada». Todos ellos en el pasado fueron responsables de crímenes. Pero todos ellos son legales y por tanto gozan de los mismos derechos.
Es tan inaceptable negar a Falange, como partido legal en España, los derechos que la ley le reconoce, como lo sería el que, en una improbable hipótesis de gobierno falangista, se tratara de negar al PSOE los derechos que la ley le reconoce mientras siga siendo un partido legal.
IV. LA DISCRIMINACIÓN, PUERTA ABIERTA AL TOTALITARISMO
Insisto, en una democracia lo lógico es el pluralismo político, no la existencia exclusiva de una ideología «políticamente correcta». Y mientras una asociación o partido sea legal tiene todos los derechos que la ley y la Constitución le reconocen es de todo punto inadmisible que se intente coaccionar a ninguna autoridad para que no se permita, a quien tiene un derecho, que lo ejerza.
Los partisanos de la «memoria histórica» debieran recordar las inmortales palabras de Martin Niemoller:
«Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada».
N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización del autor, Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, que también pueden ver en desdeelatlantico.