España, 26-09-2016

CPT: Historia abreviada de un expolio en Guinea Ecuatorial

Mi Columna
Eugenio Pordomingo (17/5/2010)obiang-y-el-rey-de-espana1
Desde el golpe de Estado que encumbró en 1979 a Teodoro Obiang Nguema al poder en la antigua ex colonia española de Guinea Ecuatorial, son muchas las personas, instituciones y empresas que han visto como sus inversiones (capital, proyectos, mercancías, equipos, etc.) han sido expoliados por el régimen que impera en ese país. Eso, sin contar los daños morales, psíquicos y físicos, que han tenido que padecer. Y en algunos casos, hasta la pérdida de la vida.

Los opositores guineanos, sobre todo, saben mucho de esos sufrimientos.

He mencionado la palabra expolio porque creo que es la que más se ajusta a lo que le aconteció a la empresa C.P.T. (Compañía de Productos Tropicales S. A.). Expolio es, según el diccionario español, la “Apropiación de forma violenta de algo que pertenece a otra persona”. Aunque, en el caso que nos ocupa hubo otros “aditamentos”, como es el abuso de poder, contar con el beneplácito y colaboración del Gobierno, régimen o clan, y, además, saber a ciencia cierta que los sujetos afectados (víctimas) no iban a contar con el amparo y protección de su Gobierno (España), ni con el de las instituciones europeas.

A pesar del “maquillaje” del régimen guineano, con aparentes cambios, aunque no sean nada más que en el papel, la realidad nos muestra que todo sigue igual o peor, pese a lo que diga el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos o los diputados españoles que, en más de una ocasión, han visitado a Obiang Nguema en su feudo (Francisco Ricomá de Castellarnauo, PP; Mª Rosario Fátima Aburto Baselga, PSOE; Rosa Delia Blanco Terán, PSOE; Josep Antoni Duran i Lleida, CiU;  Jordi Xuclá i Costa, CiU; Begoña Lasagabaster Olazábal, Eusko Alkantasuna; y Gustavo de Arístegui, PP).

Guinea Ecuatorial dispone en la actualidad de recursos financieros importantes que le llegan del petróleo y del gas, pero la voracidad del régimen o del clan familiar de Obiang, impiden que llegue algo de esa inmensa riqueza a la población. En consecuencia, la Justicia, sigue igual, pues así persiste el modus vivendi, sistema. Y lo que es más denigrante y vergonzoso, es que el actual gobierno español colabora en que la situación permanezca, costeando el “aparato burocrático” de la dictadura de Obiang Nguema.

El caso de CPT (Compañía de Productos Tropicales S. A., empresa constituida por españoles, y que tuvo su sede en Bata, ha sido uno más de los innumerables expolios y atropellos que en Guinea Ecuatorial han acontecido. De nada han servido escritos, denuncias e intentos de que los medios de comunicación españoles se hicieran eco de ello. Un manto de silencio, la “materia reservada”, lo sigue cubriendo todo lo que se relaciona con la ex colonia española.

Por procedimientos anómalos e ilegales, arbitrariedades administrativas, con abuso de poder y violencia, y sin que hubiera base legal alguna para ello, la empresa CPT fue sometida a una serie de tropelías, que dieron lugar a que todos los equipos y pertenencias de la misma  (camiones, vehículos todoterreno, tractor, taller mecánico, enseres domésticos, equipo informático, etc.), “cayeran en manos ajenas”; además de que tres españoles, trabajadores de la empresa, sufrieron agresiones, insultos y amenazas de muerte.

La inseguridad jurídica (denunciada por el Relator de Naciones Unidas y otras instituciones) que rodea cualquier relación comercial y administrativa en Guinea Ecuatorial, permitió que mediante procedimientos administrativo-jurídico-policiales “kafquianos”,  a esta compañía le fuera literalmente “robado” todo su activo.

Estos hechos se iniciaron poco después de que se creara la empresa en 1997, y fueron denunciados ante los Juzgados de Guinea, la Policía y Gendarmería Nacional y la Cámara de Represen­tan­tes del Pueblo (parodia de Congreso de los Diputados). Desde la fecha en que se inician esas tropelías, nadie atendió las numerosas denuncias. La respuesta siempre fue el silencio y/o la complicidad de la Administración clánica ecuatoguineana.

Los procesos judiciales en Guinea Ecuatorial son un auténtico laberinto de trámites, corruptelas, incapacidad, carencia de medios, arbitrariedades e injusticias para todos los que no forman parte del clan de Obiang, pero más aún para un blanco -en este caso, españoles- no poderoso. Lo único que se consigue es, como aconteció a CPT,  ver como se evapora el dinero, cunde el desánimo, pasa el tiempo y los “buitrcpt2es” o “moscas cojoneras” (perdón por la licencia) acechan a cada minuto. Salir cada mañana de la sede de la empresa o regresar a ella, se convirtió en todo un suplicio: petición de “papeles”; residencia; documentación e inspección meticulosa del vehículo; paso de “barreras”… Todo eso, aparte de la “mordida” correspondiente.

En el caso de una demanda judicial, esta empresa  llegó a pagar hasta tres veces las mismas tasas judiciales por el mismo asunto, sin que el procedimiento fuera adelante. El dinero para pagar esas tasas nunca fue ingresado en el Tesoro Público. Una vez se pagaron en metálico al Juez -el Juzgado no tenía cuenta bancaria- en persona; y en otro, a través del abogado de la empresa, José Oló Obono, que después fue Fiscal General y en la actualidad Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los dos -juez y abogado- se quedaron con el dinero (medio millón de pesetas cada pago). La reclamación la hizo CPT a través del ministerio de Asuntos Exteriores español, y notarialmente, hace algunos años, pero nadie se ha dignado contestar.

Todos los equipos, vehículos, mobiliario, enseres, etc., de la sociedad CPT fueron comprados en España y Europa, y adquiri­dos a través de la cuenta bancaria que la sociedad tenía abierta en un banco español. Asimismo, todas las gestiones bancarias se hacían entre el banco español y los que operaban en Guinea Ecuatorial.

Las pérdidas que ese expolio causó a CPT han sido importantes; no sólo por lo que se refiere a la inversión realizada, sino a los gastos posteriores ocasionados por las reclamaciones (procuradores, abogados, viajes, etc.).

En las fechas en que ese expolio aconteció, independientemente de plantear las demandas correspondientes ante los juzgados de Guinea Ecuatorial, expusieron su queja ante el Gobernador de Bata, el Ministro de Justicia y Culto, el Ministro de Medio Ambiente y Bosques y ante el mismísimo Presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Nunca nadie ha contestado ni por escrito ni de palabra.

El calvario de reclamaciones en España se inicia  el 27 de diciembre de 2000 ante la ministra de Asuntos Exteriores, Ana de Palacio. El 5 de junio de 2003, el ministerio de AA. EE., (tres años después), contesta con “inadmitir” su queja y petición, sin argumentos, a pesar de que en ese escrito se reconocen los hechos denunciados.

Los responsables de la empresa enviaron numerosos escritos, acompañados de abundante documentación, a la Presidencia del Gobierno (Aznar y Zapatero), ministerio de Asuntos Exteriores, Comisión de Peticiones del Senado, Mesa del Congreso de los Diputados, Grupos Parlamentarios, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Economía, Defensor del Pueblo, Fiscalía Anticorrupción, etc. Hasta el mismo Rey Juan Carlos fue receptor de las quejas de CPT.

Desde abril de 2004 esperan a que Zapatero les conteste a la carta que le enviaron, como también siguen esperando que los Grupos Parlamentarios (todos) se dignen tan siquiera contestar con un “recibí”. Ni uno ni los otros lo han hecho.

El Senado (Comisión de Peticiones), siendo presidente Demetrio Madrid y más tarde Juan José Lucas, contestó en dos renglones con un escueto “se archiva”.

Las quejas ante las autoridades diplomáticas españolas no han merecido en la mayoría de los casos, ni un mísero “archivado”. Es más, en algún caso, el funcionario de turno (cónsul) se permitió emitir juicios de valor en algún informe -además de mentir-, basados en informaciones que, entre copa y copa, acompañado de una joven nativa, había recibido de persona poco fiable y en determinado lugar poco apropiado para un diplomático en funciones.

Habida cuenta de la gravedad de los asuntos expuestvehiculos-cptos y de la desidia, inactividad administrativa y abandono del que esta empresa ha sido objeto por parte de la Administración española, que ha quebrado sus derechos fundamentales con el consiguiente perjuicio económico y moral, CPT procedió a denunciar a tres altos cargos del ministerio de Asuntos Exteriores. Pero, algo habitual, no hay juez en España, que en asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial o el Sáhara Occidental se atreva a ir contra los poderes fácticos que sostiene los dos regímenes.

En varias ocasiones la compañía  CPT ha solicitado, acogiéndose a la llamada Ley 30/2002 de Régi­men Ju­rí­dico de las Admi­nis­tracio­nes Pú­blicas y del Procedimiento Administra­tivo Común, se le facilite “una fotocopia del expediente debida­mente sellada y fe­chada de acuerdo a lo estipulado (…), así como la identificación de la persona o personas, bajo cuya responsabilidad se haya tramita­do o se esté tramitando el proce­dimiento correspondiente a este expediente”, según determina la ley, pero un simple “sobreseido” y “archivado” han dado carpetazo al asunto.

En ningún momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha hecho gestión alguna ante el régimen de Obiang Nguema -como es su obligación- en defensa de los intereses de esta empresa.

España debe velar por sus ciudadanos y sus inversiones en el extranjero, sean estas procedentes de grandes o pequeñas empresas. España es, en este caso, responsable subsidiaria por inactividad administrativa y colaborador necesario. Además, un APRI (Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones) protege y ampara esas actividades, al menos en el papel.

CPT siempre mantuvo la filosofía de no someterse a las “mordidas”, de no tener “asesores” ligados al clan de Obiang; ni militares, ni familiares, ni políticos, en la nómina de la empresa. Quizás, por eso les fue así. Pero jamás pudieron pensar que España, su país, se portase como un auténtico aliado de la dictadura guineana.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826