España
espacioseuropeos.com (26/9/2010)rubalcaba
Mientras el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,  se entretiene  apoyando a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y a la vez amenazando a su oponente Tomás Gómez, en las primarias socialistas de Madrid, las justas reivindicaciones de la Guardia Civil siguen sin ser atendidas. Después de la manifestación del 18 de este mes, en la que participaron miles de agentes de la guardia civil junto a familiares y amigos, el empecinamiento de Rubalcaba persiste.

Y en ese ambiente de enfrentamiento, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha denunciado al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por los delitos de «nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia»

La querella la hace la Unión de Oficiales en respuesta a una oferta de puestos de trabajo para inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida a los miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional. En la convocatoria se solicitaba, entre otros requisitos, las titulaciones en prevención de riesgos laborales.

Pero, los puestos  se otorgaron a miembros de las Fuerzas Armadas, que además no reunían los requisitos exigidos en la convocatoria,  y no a guardias civiles o policías nacionales.
Nada más conocer los resultados de la convocatoria, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, se dirigió al ministerio del Interior, solicitando la anulación  la nulidad de los nombramientos. Fue el propio ministro Rubalcaba el que contestó, afirmando que esos nombramientos eran anteriores a esa convocatoria, y en consecuencia se desestimaba la petición de nulidad.

Pero la Unión de Oficiales no está de acuerdo con esa resolución, ya que considera que los ahora designados tienen «falta de requisitos (…) pese a no pertenecer a los Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil y carecer de una formación y experiencia necesaria», en perjuicio de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que sí aportaron la documentación preceptiva.  

En la querella se afirma que «Los responsables fueron conocedores en todo momento de que los nombramientos se alejaban de lo legalmente establecido, sabían y querían llevar a cabo una acción a todas luces ilegal, no dudando ni un ápice a la hora de faltar a la verdad y mentir». La UO consideró su situación de «indefensión», por lo que ha recurrido a la Audiencia Nacional, que consideró su recurso.

No obstante, y a pesar de estas acciones judiciales, los nombrados -miembros de las Fuerzas Armadas-  siguen ocupando los puestos en litigio, por lo que la asociación responsabiliza a Pérez  Rubalcaba de «desobediencia», razón por la cual han solicitado al Tribunal Supremo que pida el suplicatorio para imputar al ministro Rubalcaba, que además es diputado por Cádiz en el Congreso de los Diputados. Asimismo, la asociación solicita que el ministro, el Secretario de Estado y los designados para esos puestos en litigio sean interrogados.