España, 17-12-2017

Nuestras relaciones bilaterales con Marruecos

mohamed-vi-y-zapateroEspaña/Marruecos
Diego Camacho López-Escobar (20/9/2010)
La brutal agresión de la policía marroquí sobre 14 activistas  españoles que se manifestaban pacíficamente, en el Aaiún, a favor de la celebración del referéndum de autodeterminación en el Sáhara, pone una vez más en evidencia la debilidad y la incompetencia de nuestro gobierno a la hora de enfocar nuestras relaciones con el país vecino.

Un grupo tan pequeño que marcha pacíficamente no puede alterar el orden público y si se considera que no están autorizados se les conduce a la comisaría y se solicita la presencia del cónsul. Más, si se tiene en cuenta que el Sáhara no es territorio marroquí sino una colonia pendiente de descolonización y sobre la que Marruecos ejerce la administración bajo la supervisión de la MINURSO. En este contexto, es donde debería haberse centrado el análisis del  ministerio de Asuntos Exteriores español y no en dar por buenas las explicaciones de un gobierno, que sistemáticamente vulnera los Derechos Humanos tanto en su propio país como en el Sahara.

España, que en 1975 cedió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania con el visto bueno de la ONU, tiene una obligación política además de moral con los habitantes de un territorio que un día también fueron españoles. Ahora este gobierno débil e incompetente tampoco defiende a los ciudadanos que tienen su pasaporte en vigor.

No existe ilegalidad en manifestarse a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, pues existen numerosas resoluciones de la ONU exigiendo su convocatoria. Quien está fuera de la legalidad internacional es Marruecos por obstaculizar durante más de 35 años las resoluciones citadas; su único argumento es la fuerza que le proporciona el apoyo recibido por EE. UU. y Francia para ignorar y soslayar el derecho internacional.

El papel de España no puede ser más descorazonador, de una parte sirve a los intereses de estos dos países aliados a costa de su prestigio y por lo tanto de su estatus como país respetado y respetable, por otro lado la “comprensión” gubernamental a los desmanes marroquíes hace que nuestra nación sea encubridora de los asesinatos, desapariciones y torturas que se han producido y se producen en este territorio. Es evidente que esto tiene  un precio. Nuestros vecinos del sur son buenos pagadores y la lista es muy larga, desde el ministro José Solís llegamos a la mansión tangerina de Felipe González. El dinero, en sus múltiples formas, ha inundado generosamente las cuentas corrientes de numerosas personas que trabajaban teóricamente para el Estado español.

Para soslayar la celebración del referéndum, Marruecos ha lanzado la propuesta de conceder una amplia autonomía al territorio. Esta iniciativa ha sido inmediatamente apoyada por Francia mientras que los EE. UU., a su más alto nivel, han permanecido expectantes aunque manteniendo su apoyo al sultán, pero matizando que no impondrían una autonomía no aceptada por los saharauis. España aceptó también inmediatamente la propuesta. Nada más llegar ZP a la Moncloa, Moratinos se reunió en una cena con  todos los diplomáticos afines al PSOE, presentes en Madrid, para señalarles que el apoyo a Marruecos en el asunto del Sáhara debía ser total y por lo tanto era preciso apoyar la idea de la autonomía para el territorio como única salida pragmática a la crisis. Ante las débiles protestas de algún colega, el ministro no aceptó el debate y exigió el cumplimiento estricto de la orden que acababa de dar, aunque se hubiera producido en un escenario ciertamente extravagante.

No deja de resultar sorprendente que los EE. UU. sean más sensibles al engaño que supone aceptar la propuesta marroquí que el gobierno de España. La propuesta de autonomía está pensada para consumo de la opinión pública, pero es inviable por dos razones. En primer lugar, Marruecos no puede conceder autonomía a un territorio sobre el que no tiene la soberanía, sólo puede descolonizarlo, después entra en funcionamiento  el primer principio al que tienen derecho todos los pueblos sometidos: el derecho a escoger su propio destino. En segundo término, el país vecino no es un país de monarquía parlamentaria, como Francia se empeña en defender, sino una monarquía feudal y teocrática en la que todos los poderes temporales y espirituales confluyen en el sultán. En ese marco político la concesión, por necesidad,  de una autonomía, supondría la renuncia al poder absoluto, o dicho de otra manera, ir contra la propia naturaleza del sultanato, lo que evidentemente no es creíble. Sí es posible, que Mohamed VI piense sobre la autonomía de la misma manera que piensa sobre las elecciones: predeterminando el resultado; o en las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa, que son las que remite Palacio; o en las sentencias que dictan los tribunales sobre temas importantes, que son las que previamente indica el rey. Una cosa es adoptar una semántica al uso democrático y otra muy distinta es vivir en democracia. No obstante, la primera razón expuesta es determinante en si misma, ya que es hacer prevalecer el Derecho Internacional sobre el interés de una nación. Así aceptar como buena la idea de la autonomía sería una burla, pues se primaría el interés particular sobre el general, pero es que además el beneficiado sería un país despótico, cuya dinámica natural es extender su dominio.

Las reiteradas muestras de mala vecindad mostradas por nuestro vecino del sur son casi siempre disculpadas por nuestro gobierno, no solo el actual, de ahí que los marroquíes identifiquen con debilidad esa actitud y pueda Rabat chantajear permanentemente a Madrid casi siempre con éxito, gracias a tener como lobby a importantes personalidades españolas que en cualquier ocasión no pierden la oportunidad de apoyar los intereses del sultán y minimizar los desplantes o las amenazas. Existen tres prácticas con las que es preciso acabar si se quieren iniciar unas relaciones bilaterales presididas por la cordialidad, pero también, por la reciprocidad.

La costumbre de que sea Marruecos el primer destino, del nuevo Presidente español electo, debe terminar pues es interpretada no como una muestra de cortesía y deferencia, sino como de debilidad y sometimiento. España, al menos de momento, es el país fuerte y la que con el dinero de sus ciudadanos intenta aliviar las penurias y el subdesarrollo del pueblo marroquí. En este apartado nuestro gobierno sí que debería copiar el protocolo francés y aplicarlo. En las relaciones internacionales el prestigio es esencial y si un país no lucha por su preeminencia, nadie lo va a hacer por él.

La segunda, quizás origen de la anterior, es asignar al rey de España un papel equivalente al desempeñado por el Presidente de Francia en las relaciones bilaterales con el reino alauí. El Presidente francés tiene la responsabilidad constitucional de dirigir las relaciones exteriores de su país, el Jefe del Estado español no. Asignarle a Juan Carlos I un estatus que no le corresponde conlleva rebajar el nivel político del Presidente español, que es el decisor y responsable de nuestra política exterizapatero-y-moratinos-en-la-onuor, y situarle al mismo nivel que ostenta el primer ministro marroquí que no tiene ninguna capacidad decisoria. Esta circunstancia que permite al rey español desempeñar un papel decisivo, opera en contra de nuestros intereses al no gestionarse adecuadamente los asuntos bilaterales. La  responsabilidad constitucional en el ejercicio de la acción exterior no debe delegarse aunque sea en la persona del rey, hacerlo supone debilitar nuestra posición negociadora y reforzar la del adversario.

Finalmente, es verdaderamente impresentable que las tensiones originadas en Ceuta  o Melilla sean negociadas por los respectivos ministros del Interior, ello supone admitir que dichas ciudades son asunto interno marroquí. Un verdadero dislate que no sería posible si el gobierno español asumiera adecuadamente sus competencias.

Marruecos ha servido continuamente de plataforma para la emigración ilegal y para el tráfico de drogas hacia Europa utilizándose en norte del reino como base logística. En un país donde no se mueve una hoja sin el permiso de Palacio, las mafias de droga o tráfico de personas están perfectamente controladas por el gobierno y su acción sobre nuestro país es una herramienta más para chantajear a España.

Como punto final a este breve análisis es preciso señalar que según la Constitución marroquí, un súbdito de esta nacionalidad no puede renunciar a la misma y esta obligado de por vida a ser leal a los intereses del sultán, no hacerlo supone un delito de traición que puede castigarse hasta con la muerte y con graves penas para toda la familia del desobediente. Con esta premisa no resulta aconsejable conceder la ciudadanía española a ningún marroquí ya que su fidelidad estará residenciada en el sultán y en la práctica actuaran de agentes de intereses extranjeros cuando así se lo soliciten las autoridades de su país de origen.

N. de la R.
Diego Camacho López-Escobar
es Coronel de Infantería.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826