España
Carlos Ruiz Miguel (24/12/2010)mapa-autonomico-espanol
La crisis económica devora a España. Los gastos exceden a los ingresos y la situación es ya insostenible. Hasta ahora el gobierno pretende hacer frente a la crisis por dos vías: la del incremento de la deuda y la del recorte del Estado social. Pero todo parece indicar que ambas alcanzan su límite. Y entonces ya no podrá eludirse más el tener que afrontar el hecho de que el Estado autonómico no sólo es la causa de nuestra crisis política, sino también de la económica.

El gobierno de Rodríguez Zapatero nos ha llevado a una crisis económica que va a dejar muchos cadáveres por el camino. Agudos comentaristas han venido advirtiendo de que para hacer frente a esta crisis el Gobierno tenía que sacrificar bien el Estado social bien el Estado autonómico. Después de estar al borde de la suspensión de pagos el 7 de mayo, el «decretazo» del gobierno empezó una senda que continúa esta semana: sacrificar el Estado social. Recordemos las medidas del gobierno tomadas y las proyectadas: congelación-reducción de las pensiones, reducción del sueldo de los funcionarios, abaratamiento del despido, liquidación de la Mutualidad de los funcionarios (Muface), supresión de ayudas a los parados, aumento de la edad de jubilación,… Sin embargo, hay serias dudas de que esto sea suficiente para conjurar el peligro, creciente, de que España suspenda pagos.

Tarde o temprano habrá que plantearse el futuro del Estado autonómico. Hasta ahora su marcha venía determinada por la tensión entre dos factores: una configuración jurídica deficiente y una dinámica política centrífuga por causa del papel que nuestra ley electoral permite tener a los partidos nacionalistas. Jurídicamente, las comunidades autónomas han ido acumulando más y más competencias que han ido más lejos de lo razonable y lo eficiente. Competencias que, entre otras cosas, han producido una auténtica ruptura de la unidad de mercado. Además, las Comunidades Autónomas han ido creando más y más órganos para hacer lo que ya antes se hacía de modo más eficaz y eficiente por un único órgano nacional. Esta dinámica centrífuga vino facilitada por la labor del Tribunal Constitucional que fue avalando el vaciamiento del Estado.

Políticamente, esto ocurre con unos partidos nacionalistas que se definen por su deslealtad a la nación común, cosa que «olvidan» los defensores del proceso de centrifugación de nuestro Estado. En Alemania la descentralización no es ineficiente porque allí no existe la dispersión legislativa en España y porque allí no hay partidos nacionalistas desleales con la nación común.

Otros defensores de la centrifugación del Estado desvían la atención diciendo que el problema de España es el nivel de endeudamiento de las familias y las empresas. Y sí, existe gran deuda privada, pero no es menos cierto que España tiene un nivel de deuda pública muy superior al que nuestra estructura puede soportar: la prueba es que la prima de riesgo de la deuda pública se ha disparado.

Y aquí surge la cuestión: hasta ahora la mala articulación jurídica y la política nacionalista empujaba a la desagregación del Estado; pero ahora la economía puede contrarrestarlo: sólo con un mercado único y suprimiendo órganos autonómicos inútiles tendremos garantías para salir de la crisis.

NOTA:
Este artículo se publicó en el diario ABC en su edición de Galicia el día 4 de diciembre de 2010 con el título «El futuro del Estado autonómico». Nosotros lo publicamos con la autorización de su autor, Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, que también pueden ver en desdeelatlantico.

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