España, 20-07-2018

La negociación con ETA

España
Diego Camacho López-Escobar (17/1/2011)diego-camacho
La decisión del Presidente del Gobierno de iniciar una negociación con la organización terrorista vasca durante su primera legislatura fue políticamente inobjetable. Lo criticable ha sido la manera de llevarla a cabo, al no tener en cuenta ni el objetivo estratégico de ETA ni la seguridad del Estado. El empecinamiento presidencial en que el proceso negociador saliera adelante como fuera, despejaría el camino a los terroristas al crear unas condiciones que facilitarían su convergencia, con las diferentes fuerzas nacionalistas, y siempre con la vista puesta en la secesión. Para ZP el valor esencial de la negociación estribaba en que esta se produjera, las consecuencias a un planteamiento erróneo no importaban. Lograr la paz al precio que fuera era la consigna presidencial, aunque ello supusiera alejarse de la realidad. Ese desprecio hacia la objetividad en beneficio del  voluntarismo político le ha originado:

1º. La pérdida de la iniciativa política. Al utilizar premisas falsas que no le han llevado a ningún objetivo concreto.
2º. Mostrar su debilidad durante todo el proceso negociador. Al no reaccionar ante los acontecimientos que la organización terrorista provocaba, como el chantaje a los empresarios o la voladura de la T-4 del aeropuerto de Barajas.
3º. No esforzarse en recuperar la iniciativa pérdida. Sino solo en transmitir una imagen de bonhomía, donde incluía también a asesinos como Otegui y De Juana.
4º. Poner al Estado de rodillas ante los terroristas. Al no utilizar la legitimidad que le  proporcionaba el Estado de Derecho, prefiriendo ningunear a las víctimas y manchar las togas con el polvo del camino.
5º. Permitir que fuera la organización terrorista la que rompiera el proceso negociador y lograra un éxito estratégico al quedar de manifiesto la debilidad del Estado, al quedar patente que el manejo de los tiempos correspondía a la banda.
6º. El fracaso en su política antiterrorista sin ningún compromiso de rectificación. Nunca asumiría la responsabilidad de su incapacidad y de su incoherencia. En definitiva como don Tancredo se ha limitado a verlas venir.

El desprecio continuado, que ZP mostró hacia los diferentes informes de Inteligencia existentes, demuestra por un lado la sobrevaloración hacia las capacidades internas de su partido y, por otro, la desconfianza profunda hacia las instituciones del Estado que están encargadas de la seguridad. Personas con escasa preparación en la lucha antiterrorista y en las técnicas de negociación han asumido un papel para el que no estaban capacitados. Su único aval era su cercanía al líder. Los resultados están ahí.

Iniciar un proceso de negociación creyendo que es posible sustituir la utilización metódica y objetiva de la información por la impronta personal es una equivocación y la mejor manera de perder la iniciativa política en beneficio del adversario, al sustituir la planificación por la improvisación y al carecer de respuestas ante los cambios de situación que sin duda van a producirse.

Para alcanzar el éxito hubiera sido necesario conservar la libertad de acción y el gobierno no la ha tenido por dos motivos: la deslealtad de la parte contraria, ¿a quién le sorprende? Y por la falta de respuestas a las sucesivas provocaciones del entramado terrorista. ZP mostraba así su debilidad mental y política, alarmaba a los ciudadanos y conseguía que ETA se frotara las manos de euforia al ver más cercano el logro de sus objetivos.

En ningún momento el gobierno ha controlado el proceso, todo lo contrario: cuando el gobierno hablaba de verificar desaparecían 350 pistolas en Francia, arreciaba la kale borroca  y se exigía el impuesto revolucionario a los empresarios; cuando el Presidente anunciaba que todo iba mejor que antes y que mañana iría aún mejor, volaban Barajas, mataban a dos personas y el propio ZP hablaba del asesinato como ¡de un error!; cuando desde las filas gubernamentales se afirmaba que Batasuna no se presentaría a las elecciones municipales y se admiten varias decenas de listas de ANV con militantes reconocidos de la banda. Como la guinda de todo este pastel, es el propio PSOE quien gestiona en el Parlamento Europeo el que Batasuna sea borrada de la lista de organizaciones terroristas. ¡Eso si que es el inicio de una bella amistad!

En este tipo de conflicto, ni se ganan batallas campales, ni se conquistan territorios, ni se derrotan ejércitos frontalmente. El objetivo terrorista en el ámbito social es lograr la victoria psicológica y por eso se orienta en lo esencial a la quiebra del Estado de Derecho. De ahí que la liberación de De Juana fuera una pieza esencial para conseguirlo, tanto en lo que se refiere a su salida de la cárcel como aatentado-de-eta su entrada, al lograr que el gobierno obviara la defensa del principio de legalidad, lo que en un sistema democrático es lo mismo que deslegitimarse. Por todo ello, la mayor parte de los ciudadanos percibían, con más firmeza según transcurrían los días, que el llamado proceso de paz era más bien un proceso de rendición, a pesar del esfuerzo propagandístico del gobierno en asegurar que ETA estaba muy debilitada. Al contrario, cada vez estaban más fuertes, inversamente proporcional a la debilidad creciente del gobierno originada por su incapacidad operativa. Un dato que lo corrobora, es el mayor apoyo del nacionalismo vasco hacia las tesis etarras.

La efectividad del terror como arma política radica en la respuesta popular y, esta en cómo el gobierno maneje la situación. Por eso los terroristas aspiran a poner al Estado entre el exceso y el defecto, entre el pánico y la debilidad. La fuerza de los gobiernos reside precisamente en utilizar la legalidad como su arma principal, pues es ella la que legitima la resistencia contra la violencia política. La defensa de la legalidad no es asumir la interpretación que a cada momento le interesa al gobierno, de ahí que el tremendo error cometido por el Consejo de Ministros de ZP, haya sido utilizar a algunos jueces y fiscales para obviar y vulnerar el imperio de la ley. La responsabilidad histórica de esos magistrados ha sido faltar a su juramento y preferir su medro personal a la defensa de la democracia y del interés general. Su pecado ha sido el obedecer al poder ejecutivo. Sus togas no han cogido el polvo del camino, como señalaba Conde Pumpido, sino que se han llenado del lodo de la indignidad.

Por su parte el director del CNI, Alberto Saiz, conseguía que el Consejo de Ministros le prorrogara su permanencia en el cargo, a pesar de impedirlo taxativamente el Estatuto de Personal del servicio de Inteligencia. A los tres meses hubo que revocar el nombramiento por la utilización que este director hacia de fondos públicos en su  beneficio. La generosidad de ZP con sus obedientes afiliados la da este hecho, a pesar de haber cometido un cúmulo de ilegalidades, Saiz no sería procesado. La principal cuestión que se plantea ante semejante laxitud por parte del Presidente, hay que buscarla en la confianza de la que Saiz se había hecho acreedor durante el periodo de su mandato. Dicha confianza se había tomado numerosas víctimas, en el seno del servicio de Inteligencia, en funcionarios que llevaban la lucha antiterrorista y que al mantener la objetividad, a la que les obliga su deber, habían visto primero como sus análisis molestaban al gobierno y después como eran removidos por haber obrado lealmente. Una cascada de ceses, ocultada convenientemente, tuvo lugar en la cuesta de las perdices. Así Saiz se hizo acreedor del valimiento de Moncloa, al lograr embridar la información que salía del CNI, muy molesta para Moncloa pues cuestionaba los deseos de ZP, y que para nada coincidía con la que propalaba el gobierno hacia la opinión pública y el Congreso de los Diputados.

La lista de los objetivos alcanzados por ETA ha sido muy amplia: reconocimiento internacional de Batasuna; presentación de terroristas en las listas legalizadas de ANV para las elecciones municipales, colocación de bombas y asesinatos con el gobierno mirando al tendido; exigencia del impuesto revolucionario a empresarios, mientras Rubalcaba hablaba de verificar; inacción policial ante las acciones de kale borroca y conseguir que el Estado abdique en garantizar el imperio de la ley, con la complicidad de jueces y fiscales, provocando la quiebra del Estado de Derecho. Todo ello ha generado un clima de exaltación del separatismo vasco y un debilitamiento para aquellos que luchan por una España en libertad. El camino surrealista emprendido por el Presidente, ha llevado a los terroristas al borde del éxito estratégico: la victoria psicológica en el ámbito social. En 2010, ETA sigue financiando sus actos terroristas con el dinero público que obtienen de sus concejales, gracias al PSOE.

El fracaso en la política antiterrorista de los gobiernos de ZP se ha debido, sobre todo, al  voluntarismo político que ha despreciado la objetividad mientras que ETA utilizaba convenientemente los tiempos y la situación para alcanzar su objetivo estratégico: debilitar al Estado y separar al gobierno de la sociedad. El desconcierto del ciudadano no era por no saber hacia donde se dirigía ETA, sino por la indefinición, la ausencia de planificación y la parálisis arnaldo-otegidel gobierno, aderezado todo ello con una desastrosa política de comunicación. Para saber lo que estaba pasando había que acudir a las fuentes informativas de los terroristas.

En política lo que cuentan son los resultados y han sido decepcionantes. Podían haber sido mucho peores si al frente de la organización terrorista hubiera habido un Mao o un Tito. Lo peor de ZP es que cuando los hechos desmienten sus deseos, se empeña en llevar razón y por eso es incapaz de adaptarse a la situación como si esta pudiera cambiar con solo quererlo.

Hasta este momento el llamado proceso de paz ha tenido un colofón de ignominia, el chivatazo que desde el ministerio del Interior se realiza a miembros de ETA para evitar que sean detenidos en una operación ordenada por el juez Marlaska. Al igual que en los casos descritos anteriormente, los presuntos culpables son protegidos desde el gobierno y el principal sospechoso, el ex director de la policía Víctor García Hidalgo, que está un escalón por debajo del Secretario de Estado de Interior, Ignacio Camacho, es nombrado consejero de una Caja de Ahorros del País Vasco. La delincuencia y el abuso de poder en estado puro.

Los gobiernos socialistas de González y Rodríguez utilizando caminos diferentes, GAL y proceso de paz respectivamente, han conducido al país a una encrucijada similar: el debilitamiento de la nación. Al haber propiciado con sus políticas la deslegitimación del Estado de Derecho en su lucha contra ETA.

A comienzos de año y con unas elecciones municipales próximas, gobierno y ETA reinician su particular rigodón: por un lado ETA declara una tregua “verificable” y por otro el gobierno señala que mientras no abandonen la violencia de manera inequívoca el Estado los seguirá persiguiendo. Todo para facilitar la presencia de los terroristas en las  elecciones y seguirse financiando con dinero público, como hacen en la actualidad.

El gobierno en su maniobra de confusión intenta llevar al ánimo de la opinión pública la existencia de dos terrorismos: uno pacífico y posibilista y el otro violento y radical. Cuando son dos caras de la misma moneda con un único objetivo, la secesión. Por eso para los dirigentes del PSOE apoyar y dejar un espacio de acción política a los “pacíficos” debilita la opción terrorista violenta, lo que sólo se explica cuando se ha puesto el interés electoral por delante del general, análisis erróneo pues en una organización de ese tipo cuando aparece algún moderado es inmediatamente apartado o eliminado. Otra cosa es que constatando la debilidad gubernamental se pongan a representar la historia del poli bueno y el poli malo para lograr su financiación y seguir debilitando al Estado.

La solidez de un régimen democrático se asienta en la soberanía nacional que es la que legitima a la ley y al ejercicio del Poder. La garantía para el ciudadano reside en el estado de Derecho, que supone la sujeción al imperio de la ley de los poderes públicos y su aplicación por igual a todos los ciudadanos. El estado de Derecho se alcanza cuando existe división de poderes y estos actúan para contrapesar y moderar a los otros poderes que así se ven obligados a acatar la norma.

Puedo afirmar que en España no existe el estado de Derecho y por lo tanto las garantías para el ciudadano son en la práctica inexistentes. La soberanía nacional, con el paso de los años, se ha visto reducida a depositar de vez en cuando un voto en una urna. El ciudadano ni siquiera elige a sus representantes, da su voto a un partido y este hace con él lo que mejor le place. En nuestro país no existe democracia, como la entendían sus inventores, sino un pluralismo totalitario que va desvirtuando gradualmente la libre concurrencia y el pluralismo democrático. Las direcciones de los diferentes partidos son las que capitalizan la voluntad nacional, secuestrada previamente por las burocracias partidarias, ya que han eliminado de sus organizaciones la democracia interna como les  obliga la Constitución.

El resultado inmediato ha sidoeta que el ejercicio de la arbitrariedad, por parte de los poderes públicos, se ha convertido en una costumbre cada vez más frecuente y de ahí el obligado corolario: la corrupción generalizada de las instituciones. Los gobiernos y sus aparatos políticos han estado más preocupados por su continuidad en el Poder que por el cuidado del interés general. Ese descuido ha traído nuestra división interna y nuestro desprestigio internacional a causa de una política exterior errática, que ha generado una desconfianza creciente en nuestros aliados.

 La participación directa de funcionarios de la seguridad nacional en los acontecimientos expuestos, con la permisividad y encubrimiento del gobierno a estas actividades delictivas marca la deriva de este régimen agotado y de una clase política afianzada sólo en sus privilegios.

N. de la R.
El autor es coronel del Ejército, dplomado en Operaciones Especiales.

No hay etiquetas para esta entrada.

Compartir:


Espacios Europeos © Copyright 2005-2016 No nos copiéis, nos cuesta mucho trabajo mantener esta página.
Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal