España
A. D. (23/1/2011)zapatero-y-fernandez-de-la-vega
A pesar de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha dicho que el gobierno de Irak le ha ofrecido su «máxima colaboración», todo parece indicar que el viaje previsto puede demorarse o nunca realizarse. El ejecutivo de Zapatero y la Fiscalía no desean que el juez vaya a Bagdad para reconstruir la muerte del camarógrafo José Couso, que tuvo lugar el 8 de abril del año 2003. El juez, mediante una providencia, da respuesta al informe de la fiscalía, señalando que «las autoridades iraquíes conocen el desplazamiento de la comisión judicial y han ofrecido la máxima colaboración para realizar la diligencia».

El objeto del viaje del juez, al lugar dónde aconteció la muerte de Couso, es inspeccionar ocularmente la zona donde los militares estadounidenses dispararon desde un carro de combate contra uno de los pisos del Hotel Palestina, donde se encontraban varios periodistas, entre ellos Couso.  

El fiscal Jesús Alonso justificaba en un informe su ausencia en esa comisión judicial, ya que  -según él- las autoridades iraquíes «no han autorizado la ejecución en su territorio de la comisión rogatoria librada» por Pedraz.

Tras una serie de «obstáculos», familiares de Couso y testigos de su asesinato han reiterado la «dejadez» y la «falta de colaboración» del ministerio de Justicia y de la Fiscalía con el juez Pedraz.

Javier Couso, hermano del periodista asesinado, junto con los periodistas y testigos del asesinato, Olga Rodríguez y Carlos Hernández, denunció en rueda de prensa el 8 de este mes, que el ministerio de Justicia ponga como «excusa», tratando de impedir el viaje del juez, el «alto riesgo» que existe en la zona, cuando es «obligación» de las autoridades españolas en colaboración con las iraquíes, garantizar la seguridad de los miembros de cualquier comisión judicial. La Fiscalía de la Audiencia nacional no se libró de esas mismas críticas.

Posteriormente, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, manifestó su «máxima colaboración» con el juez Pedraz, no obstante, recordó que España no cuenta con la «colaboración expresa» de las autoridades iraquíes.

Los testigos que acompañaban en la rueda de prensa a Javier Couso declararon sentirse «estupefactos ante este ataque al Estado de Derecho cuando el Gobierno no apoya a otro poder del Estado como es el Judicial. Es algo gravísimo», mientras manifestaron que harán responsable al ministro Caamaño de lo que pueda pasarle a los miembros de la comisión judicial durante su estancia en Bagdad. Ellos han insistido, es «su obligación» de garantizar su seguridad.

jose-cousoNo obstante, tanto el hermano de Couso como los testigos del asesinato, aseguraron que no les sorprende nada la actuación de la Fiscalía; para ello se han remitido a los cables filtrados por la página de Internet Wikileaks, en la que se han revelado comunicaciones entre  la embajada estadounidense en Madrid  y la Administración  de ese país, en las que se mencionaban las presiones a jueces, fiscales y políticos españoles para tratar de que se archivase el proceso:  «Este es un buen momento para demostrar que siguen los cauces de un Estado de Derecho y que hay un cambio de actitud en la dinámica llevada a cabo por la Fiscalía», a la vez que han pedido la dimisión de Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Por otro lado, Javier Couso advirtió de que si durante el viaje que realizará el juez Santiago Pedraz a Bagdad le ocurriera «algo» a alguno de los miembros de la comisión, la responsabilidad será del ministerio de Justicia español: «Si algo ocurre a alguno de los miembros de la delegación por falta de medios, por falta de dispositivo de seguridad, el responsable de lo que allí ocurra será el ministro de Justicia y no el juez, como han intentado trasladar de forma perversa», aseguró el periodista Carlos Hernández.

Las acusaciones de Javier Couso contra el gobierno español no cesan. Así, en el digital Diagonal, en una entrevista realizada por David Morales, afirma lo siguiente: «María Teresa Fernández de la Vega era quien ordenaba y coordinaba las actuaciones tendentes a desactivar el caso de mi hermano».