Mi Columna
Eugenio Pordomingo (31/3/2011)
El pasado 2 de febrero esbocé la primera parte de Ausencia de valores democráticos en la clase política española. En esa ocasión, comencé alertando a los lectores con una frase del filósofo Ortega y Gasset acerca de la democracia, de la que decía que había que tener cuidado: «Cuidado de la democracia. Como norma política parece cosa buena. Pero de la democracia del pensamiento y del gesto, la democracia del corazón y la costumbre es el más peligroso morbo que puede padecer una sociedad».
En un sucinto análisis mencioné que tras la muerte de Franco se aplicó el diseño preparado desde muchos años atrás: bipartidismo, sistema electoral D´Hondt, colchones amortiguadores de conflictos sociales (sindicatos obreros y patronales), poder judicial controlado a la sazón por el bipartidismo político, excesivo poder de representación a la periferia nacionalista, sin que, por supuesto, faltara el ´Pacto de los Editores´, para no tratar lo que no se debía tocar. Todo muñido y controlado para que nada cambie. Aquí, de momento, es impensable que ocurra algo similar a lo de Islandia.
En ese diseño tan complejo, no podía faltar -comentaba- el amodorramiento de la ciudadanía. Para ello, nada mejor que deteriorar la educación (el índice más alto de abandono escolar de la UE y de la OCDE), neutralizar y ningunear la Universidad (ningún centro universitario español se encuentra entre los 200 mejores del mundo) y dar rienda suelta al ocio desenfrenado y el cachondeo. España es el number one de la fiesta, incluido el consumo de estupefacientes. Para añadir: nuestros programas de televisión son los más cutres del mundo mundial.
Nos bajan los sueldos y se congelan las pensiones; se quedan con las cajas de ahorros y encima tenemos que aportar (los españoles) dinero para tapar el enorme agujero de más de 200.000 millones de euros de impagos de inmobiliarias y constructores, que se han perdido en el limbo.
Las deficiencias democráticas que la clase política española ostenta son más que evidentes. La toma de decisiones no responde a la voluntad colectiva, ni al interés común, sino a poderosas minorías. La disidencia no es reprimida físicamente, pero se ponen en marcha todos los mecanismos posibles para marginarla e impedir que prospere, bajo el argumento manido de «en defensa del Estado de Derecho».
Como muestra de esa carencia de valores democráticos en nuestro sistema político, cité dos casos: «Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. En las dos cuestiones se miente a placer, se actúa con altas dosis de servidumbre voluntaria, el Estado se doblega ante el interés de unos cuantos, se vulneran los Derechos Humanos y se traicionan compromisos históricos».
Y aquí retomo el primer ejemplo de ese quehacer ´no democrático´: el caso de Guinea Ecuatorial.
Todo lo que concierne a la ex colonia de Guinea Ecuatorial, una vez más he de decir que se ve rodeado por la «materia reservada» que tuvo su germen en los enfrentamientos habidos en el régimen de Franco, entre el almirante Carrero Blanco y el ministro de Exteriores Castiella. Más tarde, Pío Cabanillas Gallas, desde el ministerio de Información y Turismo, y Marcelino Oreja, desde el de Exteriores, se volcaron más o menos en lo mismo. Una política de ocultamiento de todo lo concerniente a Guinea Ecuatorial, que se prolongó tras el llamado Golpe de Libertad, eufemismo del cruento golpe de Estado que llevó al poder a Teodoro Obiang Nguema con la ayuda del gobierno español bajo la égida de Adolfo Suárez.
Al amparo de la «materia reservada» se han ocultado mil y un negocios que han jalonado unas inciertas relaciones entre España y Guinea Ecuatorial. Los actores han sido variopintos: Agencia Española de Cooperación Internacional, fondos reservados del Estado, supuestamente destinados a la oposición guineana -una buena parte de ellos se quedaban en manos de los transportistas «blancos»-, el chusco asunto del Banco Guinextebank, las subvenciones y apoyos de Focoex (ministro socialista Carlos Solchaga, mujer y amigos), sin excluir la presencia del muerto viviente Francisco Paesa, ni la de José Luís Graullera, nombrado por Adolfo Suárez embajador en Guinea Ecuatorial. En esa misma etapa no hay que obviar la figura del economista Alberto Recarte, por entonces consejero para asuntos económicos.
Con la llegada al poder del PSOE, Luís Yañez (Secretario de Estado de Cooperación Internacional con Felipe González) y José María Pons Irazabal, Asesor y Director del Departamento Internacional en la Moncloa en la misma etapa, conocen muchos de los hilos con los que se teje la tela de araña en torno a las relaciones España-Guinea Ecuatorial.
Tampoco hay que dejar al margen la serie de empresas «consultoras» que cobraban suculentos dineros por supuestos informes, sin aparecer tan siquiera por la ex colonia, lugar que se suponía era donde tenían que realizar el estudio encargado.
Si a esto unimos la explotación de ingentes yacimientos de petróleo y gas, la trama se complica aún más. En la etapa en que Oscar Fanjul er
a presidente de REPSOL, el crudo de Guinea Ecuatorial fue despreciado porque -según fuentes de la petrolera española- era de «mala calidad». Ahora, varios años después, REPSOL-YPF, con la inestimable ayuda, en su momento, del Secretario de Estado José Ramón Gil Casares, y la gestión de Alfonso Cortina (por esos días presidente de la multinacional española), la recompensa ha llegado: REPSOL-YPF se ha visto beneficiada en el reparto de cuota, más que de la extracción de crudo, de su venta.
Llegamos al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no solo ha seguido los pasos de sus antecesores, sino que desde tomó el poder en 2004 se ha plegado a las pretensiones de Obiang Nguema y a los desatinos de Miguel Ángel Moratinos, que ahora, como premio, quiere dirigir los destinos de la FAO. La trama, red, malla, tela de araña o como la queramos llamar, de nexos de unión entre el gobierno de Zapatero y Obiang, se amplía con la figura del ex senador Juan José Laborda (PSOE), y con la de los diplomáticos Manuel Fernández Alabart y José Ramón Gil Casares, sin excluir a los diputados Gustavo de Arístegui (PP), Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) y la irrupción de José Bono, presidente del Congreso de los Diputados.
Otra muestra de ese quehacer, más propio de una república bananera, la tuvimos en marzo de 2004, con ocasión de las declaraciones del Presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, Severo Moto, ante los medios de comunicación. En esa ocasión Moto hizo acusaciones muy serias y fundamentadas sobre quiénes y por qué le quisieron asesinar en Croacia. Nadie protestó, le acusó o denunció.
Desde el sangriento golpe de Estado de 1979, Obiang ha venido convocando bajo ciertas presiones y con desgana, elecciones a las que ha impedido participar a la oposición o cando lo han podido hacer, ha modificado los resultados empleando todos los medios habidos y por haber, entre ellos el de contar con la ayuda de España que acudió en su socorro enviándole a ´observadores internacionales´, para así facilitarle cobertura democrática a la pantomima electoral de turno.
Después vinieron las visitas de delegaciones de diputados españoles a Malabo para «constatar» que Obiang iba mejorando y haciendo esfuerzos por llevar al país por la senda democrática. Entre tanto, muertos por torturas, encarcelados sin los más mínimos requisitos legales, fusilados en las mismas condiciones y aquí, en la Madre Patria, silencio, cuando no un rosario de argumentaciones para justificar lo injustificable.
Pero, hete aquí, que el 30 de diciembre del año 2010, en un artículo publicado en el diario ‘The New York Times’, Phillip J. Crowley, Portavoz del Departamento de Estado, arremetió contra el ex consejero de la Casa Blanca y actual responsable de una importante empresa de ‘lobby’, Lanny J. Davis, entre cuyos clientes más importantes figuran el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y Obiang Nguema.
El portavoz del Departamento de Estado calificó al dictador guineano así: «Es un hecho que el presidente Obiang tiene un historial desastroso en Derechos Humanos», además de llamarle «dictador» y afirmar que en Guinea Ecuatorial no se respetan los derechos humanos.
Pocos días después, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial respondió al comentario de Phillip J. Crowley y de paso atacó a «los medios de información» en general. La nota de prensa de Malabo defendía que Obiang se «ha mantenido siempre firme en su apoyo a la defensa de los Derechos Humanos en nuestro País, desde el mismo 3 de agosto de 1979, día del Golpe de la Libertad, en el que él mismo encabezó la histórica revuelta que acabó precisamente con el auténtico genocidio que había desangrado a nuestro Estado, ante la total pasividad de la comunidad internacional». Pero, el comunicado de prensa no menciona que en esa etapa Obiang era el responsable de todas esas tropelías que él denuncia ahora.
En la nota oficial del gobierno de Guinea Ecuatorial se acusa a Crowley de ignorar los «aspectos positivos conseguidos en las últimas décadas. Entre ellos, la gestión, buena gobernabilidad y transp
arencia económica con los cuales el Gobierno está administrando los recursos petrolíferos con los que se ha producido la transformación de nuestro Estado», para terminar invitándole a él y a «representantes de otras instituciones democráticas de los Estados Unidos, así como a otros observadores independientes, a que visiten nuestro País».
Yo le recomiendo al señor Crowley que antes de llegar a Malabo, si es que se le ocurre ir, haga escala en Madrid, y se entreviste con miembros de la oposición guineana en España. Ellos le aportarán datos, cifras, documentos e, incluso, le podrán enseñar partes de sus cuerpos ajados por las torturas a las que fueron sometidos. Yo mismo me ofrezco para ponerle al día sobre algunos aspectos de lo que en la ex colonia española acontece, y no solamente en lo que se refiere a corrupción y torturas.
España, entre tanto, calla, da cobertura diplomática al tirano, y sufraga el aparato burocrático de la dictadura guineana.