España
Diego Camacho López-Escobar (14/3/2011)
La mayor acción terrorista sufrida por España, cinco días antes de las elecciones generales de 2004, influyó directamente en el resultado de los comicios. Las encuestas preelectorales que daban como ganador al PP, sufrieron un vuelco y el PSOE obtuvo una victoria para poder gobernar gracias al apoyo de algunos partidos nacionalistas.
Ambos partidos tuvieron la misma percepción política aunque en diferente dirección: si los autores eran islamistas vencería el PSOE, la opinión pública responsabilizaría al PP por la entrada de España en la guerra de Irak; por el contrario, si la acción tuviera la autoría de ETA el PP ganaría y el PSOE perdería más votos de los previstos, por los contactos secretos que habían mantenido con la organización terrorista vasca y que habían sido descubiertos por la prensa.
Del gobierno se esperaba coraje para enfrentar la amenaza de la que todavía no se sabía el origen y así poder llegar a saber la verdad de lo acontecido y, mientras no se lograra saber reconocerlo. Al no hacerlo el ciudadano medio se apuntó a creer que la información gubernamental pretendía desinformarle y crear una verdad oficial que permitiera pasar página.
La destrucción de pruebas esenciales para el esclarecimiento de los hechos, nada más producirse el atentado, sería complementada con la aportación de varias pruebas falsas que se encontraron «casualmente» y podrían incorporarse muy oportunamente a la causa. La frase de Pérez Rubalcaba un día antes de las elecciones, «España no se merece un gobierno que mienta» tuvo unos efectos electorales inmediatos. Luego al ocupar él la cartera de Interior superaría todas las expectativas en cuanto a mentiras para encubrir la acción de policías corruptos tanto en este atentado como durante el proceso de negociación con ETA.
Los dos partidos con probabilidades de alcanzar la victoria electoral actuaron con igual estrechez de miras, los dos se olvidaron de lo sustantivo: la seguridad nacional y la fortaleza del Estado, y pusieron como objetivo prioritario ganar las elecciones para hacerse con el poder. Paradigma de lo que los españoles pueden esperar de estos dirigentes, a los que sólo le preocupa la aritmética electoral, aunque haya casi 200 muertos de por medio.
El sentido de Estado del que carecían, aconsejaba la unión en el dolor para impedir que los autores intelectuales, fueran islámicos, vascos o ambos, pudieran salirse con la suya y predeterminar el resultado de las elecciones generales. Al no hacerlo, España quedará en una situación de extrema gravedad cuando vuelvan a celebrarse comicios, pues la reacción de PSOE y PP es previsible. No va a sufrir cambios, cuando son las mismas personas las que siguen tomando las decisiones en ambas formaciones políticas. Los interesados en desestabilizar España o en influir decisivamente en sus procesos electorales, pueden tener una idea bastante aproximada de lo que la clase dirigente da de sí.
El principal beneficiario fue el PSOE, por esa razón se esperaba que al hacerse cargo del gobierno fuera el más interesado en esclarecer los hechos. Sorprendentemente, tanto la dirección del partido beneficiado como la del perjudicado vuelven a coincidir en su valoración y en su línea de acción política: pasar página lo antes posible y cerrar el asunto definitivamente con unos responsables islámicos, sobre los que caiga una sentencia dictada en un juicio rápido. Años después, todavía nos preguntamos ¿qué habrá detrás para poner de acuerdo y sin fisuras a ambos partidos?
Las investigaciones de Luis del Pino, de los peones negros y del diario EL MUNDO, en febrero de
l 2010, ponen en evidencia que en los trenes no explosionó Goma-2 Eco. Los componentes químicos encontrados en las muestras no corresponden a ese explosivo, y sin embargo si están en el titadyn, explosivo utilizado habitualmente por ETA. La sentencia de Gómez Bermúdez afirma que los explosivos salieron de «mina Conchita», extremo imposible si el explosivo no era Goma-2 Eco, lo que fundamenta las condenas. Sólo este extremo bastaría para reabrir un juicio que se cerró en falso y con múltiples lagunas procesales. Si es grave para nuestra seguridad no encontrar a los culpables, mucho más grave es condenar personas con pruebas falsas.
Las malas vibraciones que muchos tuvimos, durante el tiempo que duró el juicio, han sido confirmadas. Entonces, se comprobaba que a la mala instrucción inicial del juez Del Olmo había que sumar las contradicciones de algunas personas en sus declaraciones en vía judicial y en sede parlamentaria, así como la ocultación de datos al juez instructor por parte de la policía, acción permitida por jueces y fiscales. Hoy no se sabe, con la sentencia dictada, quien o quienes son los responsables últimos del atentado terrorista, pero sí sabemos que la sentencia fue construida en falso y que la fiscalía parecía estar más interesada en que eso fuera así que en llegar al fondo del asunto. Una vez más la fiscalía actuaba más pendiente de los intereses políticos que de preservar la correcta aplicación de las leyes. Gobierno y oposición no sólo dan por bueno un resultado a todas luces injusto, sino que ni siquiera se molestan en ofrecer una explicación plausible a los ciudadanos de su inaceptable postura. La quiebra del Estado de Derecho es clamorosa y el ciudadano ve en que esperpento se ha convertido España, por la complicidad de un racimo de políticos, magistrados y funcionarios de la seguridad del Estado sin escrúpulos y a los que al parecer sólo les preocupa su medro personal.
La línea de dependencia que el Fiscal General del Estado mantiene con el gobierno, hace también responsable al Consejo de Ministros de la situación creada. Las mentiras de algunos en el juicio, no les llevaron a Jerez, como en cierto momento señalaba con gracejo el juez Gómez Bermúdez. El ministerio del Interior se encargaría de ascenderlos, condecorarlos o premiarles con un destino mejor. La ceremonia de confusión culminaría con la concesión por el ministerio del Interior, a finales del año 2010, de varias condecoraciones con distintivo rojo, pensionadas, a varios jueces y fiscales; entre ellos al del «gracejo», y cuya forma de presidir el juicio había quedado en un claro entredicho, sobre todo cuando su cónyuge había escrito un libro nada más terminar la vista y cuyas fuentes parecieron impropias pues sólo podían proceder de su propio marido, el juez. Es paradójico lo fácil que le resulta al gobierno poner medallas con distintivo rojo a jueces y fiscales comprensivos con los intereses políticos del momento y como ese mismo gobierno regatea ese distintivo rojo a soldados que mueren en el campo de batalla.
El penúltimo despropósito tuvo lugar con el ya mencionado procesamiento de Sánchez Manzano, inculpado en la manipulación y falseamiento de muestras e informes sobre el explosivo. El juez intentó archivar el caso mientras el gobierno se negaba a facilitar la documentación referida al caso y solicitada por las víctimas, personadas como acusación particular.
Vuelve aquí a repetirse lo contemplado con el 23-F y con el GAL. Una filosofía de protección completa hacia el funcionario sorprendido en una acción delictiva y además premiarlo. La única explicación razonable es, que esos funcionarios cumplían órdenes superiores. Nadie encubre un delito si no existe un interés personal en hacerlo. Por otro lado, se observa como el Poder-Sistema al comprobar que la respuesta social es mínima y la consiguiente responsabilidad política es inexistente, cada vez actúa con má
s prepotencia, impunidad y descaro. Pasa olímpicamente de la opinión pública y del Congreso de los Diputados, circunstancias de la que también es responsable directo el principal partido de la oposición cuya no actuación influye de manera directa en el deterioro de nuestro sistema político y de nuestras libertades.
Los interesados en defender la versión oficial, y por lo tanto partidarios de esconder la verdad de lo sucedido, han logrado una importante victoria y es la de dividir a la sociedad española ante el recuerdo y el homenaje que se ofrenda a los muertos en el atentado. Lo han logrado no sólo con la gran masa de ciudadanos sino también con las propias víctimas del atentado terrorista, lo que prueba la gangrena que afecta a nuestra sociedad. Gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo en liderar la lucha contra el terrorismo que asola nuestro país sino en hacerse cómplices para que la verdad no se sepa, como si esta pudiera afectar decisivamente sus expectativas electorales. Prefieren reinar sobre un erial que luchar en beneficio de la seguridad de todos los españoles.
El resultado no puede ser más desolador ya que el aparato de seguridad del Estado se convierte en una organización peor que la mafia, pues a diferencia de esta son capaces de utilizar el poder del Estado y de la legalidad para burlar el imperio de la ley al contar con la colaboración de algunos jueces y fiscales y el respaldo de los responsables políticos, que en última instancia son los que diseñan la estrategia a seguir.
N. de la R.
El autor es coronel del Ejército, diplomado en Operaciones Especiales.