España, 14-12-2017

La intervenci​ón de España en Libia es ilegal

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Amadeo Martínez Inglés (24/3/2011)zapatero-y-gadafi
Según el artículo 63 de la Constitución española el rey debía de haber firmado, antes de la salida de las tropas, tanto el “consentimiento del Estado” en relación con el Tratado, Acuerdo o Resolución de “los Veinte” en París que dio vía libre, con la autorización de Naciones Unidas, a la intervención multilateral en Libia, como la Declaración de guerra o Reconocimiento de beligerancia que España, con arreglo al Derecho Internacional y a los Convenios que regulan el Derecho de guerra y los estatutos de los combatientes, debió cursar a ese Estado soberano del norte de África con el que mantenía relaciones diplomáticas normalizadas hasta el 19 de marzo de 2011.Chapuza tras chapuza, nuestro ínclito presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue adelante. Pese a quien pese. Pero ahora, en los últimos días, desde la famosa y desgraciada reunión de los “Veinte” en París que dio luz verde a una supuesta coalición internacional contra Gadafi que bombardea por libre y de la que nadie sabe todavía ni sus fines, ni los medios con que cuenta para lograrlos y, ni siquiera, quien la manda o va a mandar en el próximo futuro, ha ido mucho más allá, rizando el rizo de su incompetencia, su ineptitud, su prepotencia, su egocentrismo exacerbado…y, por supuesto, su total desconocimiento de la Constitución española y del Derecho Internacional.

Porque ahora, amigo lector, no estamos hablando de chapuceras e impresentables actuaciones de ZP en el campo de la política interior española, de la exterior, de la economía, de la crisis de caballo que padecemos y que él ha alimentado, de la pésima gestión aeroportuaria, del hiperparo laboral incontrolado, de sus ocurrencias en materia de tráfico, etc., etc., no, no, ahora estamos hablando de guerra (cuidado con la palabrita que esta sí que la carga el diablo), sí, sí, de la guerra internacional (todavía no es mundial pero ¡quien sabe! pues las guerras se retroalimentan a gusto de los contendientes y pueden alcanzar con el tiempo estadios globales nada recomendables) en la que nos ha metido hasta el tuétano por “recomendaciones” de sus amiguetes Sarkozy y Obama pero, también, obedeciendo a una vanidad y un ego desmedidos y a un clarísimo afán de, a través de una nueva imagen de renacido líder mundial, tratar de darle la vuelta a unas encuestas electorales letales de necesidad.

Pero como este hombre no da una a derechas (ni ahora tampoco a izquierdas), se equivoca hasta en el tragar, no sabe donde tiene el manual de buen gobernante que desde Adolfo Suárez figura en el inventario de su actual despacho y tampoco se ha leído nunca el pedazo de libro con todas las Constituciones (no demasiadas desde luego) que en España han visto la luz desde 1812 incluida la felizmente reinante, lo ha hecho tirando a lo burro por la calle de en medio, a lo Sarkozy, en plan (si me permite el lector el contrasentido) de dictador democrático, decidiendo él solito (bien es cierto que París sube lo suyo la bilirrubina) la entrada en una guerra (de fines y resultado inciertos) del muy débil (militarmente hablando) país cuyo Gobierno él tiene la suerte (y los españoles la desgracia) de presidir. Metiéndolo en un embrollo monumental, arriesgando la vida de centenares de sus soldados, gastándose miles de millones de euros de sus arcas públicas…y, lo que es peor, pasándose la Constitución española por el arco del triunfo. Porque el sainete ése de la “aprobación por ratificación” que montó a posteriori en el Congreso de los Diputados no le puede eximir para nada del cumplimiento de cuanto estipula el artículo 63 de la Constitución española en relación con la obligada firma del rey, tanto en el “consentimiento del Estado” para el a todas luces nuevo tratado o compromiso internacional que Esel-rey-y-gadafipaña suscribió en París y que nos comprometía, nada menos, que a entrar en guerra con el régimen libio del coronel Gadafi, como de la oportuna Declaración de guerra o Reconocimiento de beligerancia que cualquier Estado soberano debe cursar a aquél otro al que, sin ni siquiera haber roto relaciones diplomáticas con él, piensa bombardear o atacar en cuestión de días u horas.

Porque además, las resoluciones 1970 y 1973 de Naciones Unidas (embargo y zona de exclusión aérea, respectivamente) por las que este alto organismo internacional autoriza a sus Estados miembros, bien “a título nacional o mediante la cooperación con organizaciones regionales” a “adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles libios y a establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia”, además de no obligar a ninguno de sus miembros a hacerlo (sólo lo autoriza a título personal o corporativo) dejando, por lo tanto, la actuación de cada uno de ellos a lo que decidan sus respectivos órganos soberanos, no pueden ni deben interferir, caso de que esa decisión sea positiva, en la gestión de su contribución al esfuerzo conjunto de los que voluntariamente así lo han decidido ni, por supuesto, en el estricto cumplimiento de las leyes y Constituciones de cada Estado soberano por parte de los respectivos poderes públicos nacionales.

Centrándonos en el caso de España, como la coalición político/militar organizada a toda prisa en París para castigar al sátrapa libio con la autorización de la ONU no correspondía, obviamente, a ninguna organización regional ya establecida jurídicamente sino que era fruto de la decisión tomada por una serie de países europeos, americanos y africanos, con carácter temporal y sin ningún mando operativo instaurado previamente, el citado “Acuerdo de los Veinte” (que yo sepa todavía no ha visto la luz con carácter oficial) revestía a todas luces el carácter de nuevo Tratado, Acuerdo, Compromiso internacional… o como queramos llamarlo que, aunque con carácter temporal, implicaba la entrada de España en una guerra con el Estado soberano de Libia y debía, en consecuencia, ser sometido a la aprobación de las Cortes españolas (pero antes, no después de enviar las tropas al combate) y, con arreglo al artículo 63.2 de nuestra Carta Magna, ser firmado después por el rey de España.

Posteriormente, y asimismo antes de la salida de nuestros aviones y nuestros barcos, el rey, con arreglo a lo que estipula el  mismo artículo de la Constitución en su punto 3, debería haber firmado la correspondiente “Declaración de guerra o Reconocimiento de beligerancia” contra Libia a la que, como ya he expuesto en el preámbulo de este escrito, obligaba el Derecho Internacional y los Convenios de guerra actualmente en vigor en el mundo civilizado. Ya que sin estos requisitos legales, el ataque a un país soberano por parte de las Fuerzas Armadas de otro, no deja de ser una invasión o una agresión armada totalmente ilegal, susceptible de ser perseguida en los organismos penales internacionales y, además, los miembros combatientes de la nación agresora, caso de ser apresados en combate, no podrían acogerse al “estatuto del prisionero de guerra” contemplado en los Convenios de Ginebra y demás convenios asumidos por la comunidad internacional.

Pues en esas estamos, amigos. Una nueva chapuza española y, sobre todo, de nuestro inefable ZP. ¿Pero es que este hombre (y ya sé que me repito) no tiene asesores, diplomáticos, ministros, militares, expertos en una palabra, que le informen convenientemente antes de meter la pata a altísimo nivel? Ya es discutible que España, que tiene uno de los Ejércitos menos operativos,  más pequeño y peor equipado del mundo, intente sacar pecho en el concierto mundial de las grandes potencias metiéndose en una guerra de resultado incierto pero que encima ¡se salte sus propias leyes en el intento! De juzgado de guardia, amigo lector, pero seguro que en este país dormido y desahuciado, no pasará nada. Y si algún piloto español de los cuatro viejos F-18 que hemos mandado contra Libia, bien es cierto que solo para patrullar pues los europeos nos conocen bien y no nos dejan disparar mucho, o algún marinero de nuestra modesta fragata, es hecho prisionero por las huestes de Gadafi (como ese desamadeo-martinez-inglesgraciado tripulante yanqui del F-15) ¿Qué pasará? ¡Pues que va a pasar hombre, se paga un rescate millonario y en paz! ¡Qué bonita es la guerra (ilegal) papi!

Y como aquél famoso cateto de La Alcarria en aquél también famoso spot de la televisión que preguntaba qué opinaba Franco del asunto que le había presentado el reportero, yo inquiero con mi natural ingenuidad: ¿Y el rey, jefe supremo de las FAS, qué piensa de esto? ¡Pues que va a pensar, si eso cansa mucho! De pensar nada, ahora bien, si le presentan un papel sin ponerle un bolígrafo en la mano, lo lee (son muy socorridos sus monólogos de Navidad), y si le dan un papel con “boli” adherido, lo firma. Y aquí paz (de los americanos por supuesto, o sea con misiles crucero de por medio) y después gloria… Que no está el horno para bollos y no está dispuesto a que le pongan otra vez un ojo a la virulé como alguien, de momento desconocido, se permitió hacer el otro día.    

N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército español, escritor e historiador

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826