Fiscal, Javier Zaragoza
Fiscal, Javier Zaragoza

Galicia (España)
Carlos Ruiz Miguel (5/4/2011)
Las revelaciones del caso «Faisán» son estremecedoras. Los que nos decían que eran los «buenos» en realidad eran de los «malos». Este caso plantea muchas interrogantes, sobre todo si las conectamos con las filtraciones de Wikileaks. Y alguna interrogante pudiera tener relación con el terrorismo galleguista.

Según Wikileaks, en el caso «Couso» se apreciaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional en lugar de actuar con la independencia requerida actuaba en estrecho contacto con el Gobierno español… y con el norteamericano. Y lo mismo ocurría con alguno de los jueces del citado tribunal. Los aludidos, mayormente el fiscal jefe (Javier Zaragoza) y el presidente de la Sala de lo Penal (Gómez Bermúdez) lo negaron todo, naturalmente.

Apenas unos meses después de los Wikileaks, nos llega la revelación de las «actas» que ETA tiene la mala costumbre de redactar después de sus conversaciones o negociaciones con el Gobierno de España. Y lo cierto es que estas «actas» coinciden con Wikileaks, en gran medida (servilismo de la fiscalía de la Audiencia Nacional a los deseos del Gobierno), además de añadir otros datos como la instrumentalización del Cuerpo Nacional de Policía al servicio, no de la ley, sino del Gobierno (aunque actúe contra la ley). Como sucedió con Wikileaks, los aludidos lo niegan todo, naturalmente.

Aunque esta vez la credibilidad de la negativa se enfrenta a un obstáculo importante y es que sendos ex-ministros de Interior, del PP y el PSOE, Mayor Oreja y Pérez Rubalcaba, se dedicaron a repetir esa estupidez de que «ETA mata, pero nunca miente». Como si ETA fuera Dios, vamos. El problema aquí es que los hechos parece que esta vez avalan las palabras.

Volvamos a Galicia, donde padecemos un problema grave con el terrorismo galleguista. Y el «Faisán» nos lleva a recordar algún episodio extraño en relación con el terrorismo que nos afecta. En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional juzgó a los responsables de poner una bomba en una oficina de Caixa Galicia en Santiago el 23 de julio de 2005. Aunque inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional calificó los hechos como un delito de estragos (con pena de 15 años de prisión), sorpresivamente, en el acto del juicio, ofreció al tribunal una calificación alternativa como delito de daños (3 años de prisión). La Audiencia condenó por daños, lo que facilitó que una de las autoras del hecho saliera en libertad. El otro autor del atentado mantenía estrechas relaciones con ETA en la prisión.

¿Les dieron «faisán» de menú?

NOTA:
Este artículo se publicó en el diario ABC, edición de Galicia, el sábado 2 de abril de 2011. Nosotros lo publicamos  con la autorización de su autor, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional  en la Universidad de Santiago de Compostela, que también pueden ver en Desdeelatlantico.

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