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espacioseuropeos.com (6/11/2011)jose-blanco-ministro-de-fomento El Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) ha presentado una querella ante el Supremo contra el ministro de Fomento,  diputado y Portavoz del PSOE, José Blanco, y pide disolver el PSOE, es la noticia que hoy recoge el diario La Gaceta. La página de Internet del SUGC muestra esa información en portada.

En la querella el sindicato acusa al ministro de Fomento José Blanco de «tráfico de influencias y de sustraer fondos públicos». Asimismo, asegura que el partido gobernante intenta «saquear España».

La denuncia (querella criminal) fue presentada el pasado día 3 de noviembre ante el Tribunal Supremo, contra Blanco, por tráfico de influencias y sustracción de fondos públicos. Otros miembros del PSOE, y por extensión, todo el partido, son denunciados. Los d

elitos de esa acusación, «en los que supuestamente, y a tenor de lo investigado por la titular del juzgado de instrucción nº 3 de Lugo, la juez Estela San José, habría incurrido Blanco tras su encuentro con el empresario Jorge Dorribo, cita en la que se habría gestado el cobro de comisiones a cambio de ayudas públicas, pero que en realidad podría esconder otros tipos delictivos como financiación irregular y blanqueo de dinero».

Al parecer, y según fuentes procedentes de servicios de inteligencia, Blanco y Dorribo «no eran más que meros intermediarios de una trama mucho más compleja, y en la que estarían implicados otros muchos empresarios y otros cuantos políticos».

La querella presentada por el SUGC no «sólo hace mención a la citada operación Campeón, sino que también se hace eco de la iniciada hace dos años también en Galicia, la operación Carioca, una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo».

Un portavoz del SUGC manifestó ayer que «no solo se presentaban como acusación particular sino que expresaban públicamente su apoyo incondicional a la jueza María del Pilar de Lara Cifuentes, que es la que se encarga de la tramitación de toda la operación que ha levantado ampollas entre diversos sectores, especialmente en el seno de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo donde hay mandos imputados y, como se sabe, un cabo se encuentra encarcelado desde el pasado mes de octubre», recoge la página de Internet del sindicato de guardias civiles.

«Pretendemos que se nos tenga en cuenta en dicho proceso por ser un asunto de extrema gravedad que afecta a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también a la clase política», comentó la misma fuente. El hecho de que haya varios agentes imputados no es obstáculo para que el colectivo que agrupa al SUGC intervenga como acusación: «Queremos que la jueza llegue al final y que se aplica la ley tanto para los jefes como para los subordinados de la Guardia Civil que puedan estar implicados».

La misma fuente manifestó su opinión acerca de la ´Operación Carioca´: «Hay que exigir responsabilidades políticas, además de las penales. Hay actividades que los políticos de turno no deben ni tolerar, ni amparar ni consentir».

Hay que tener en cuenta que el SIGU es un sindicato integrado por guardias civiles en situación de retiro que optaron por constituir un colectivo para velar por sus derechos, por entender que éstos estaban «siendo sistemáticamente conculcados», así como para garantizar los «derechos del resto de compañeros». Conviene recordar, asimismo, que este sindicato se personó en la ´Operación Carioca´ de Lugo.

zapatero-y-felipe-gonzalezLa querella interpuesta se extiende al «núcleo  dirigente, pasado y futuro, del partido» socialista, en concreto «contra el entramado socialista, acusándolo de «banda organizada», al cometer delitos contra los derechos humanos y saquear el Estado, entre otros tipos delictivos» recoge La Gaceta. En la querella se pide, además,  que se considere la PSOE como «una banda criminal organizada para el saqueo de España», al permitir y avalar la negociación con los terroristas de ETA y no escuchar a los guardias civiles que pedían derechos humanos», recoge la misma fuente.

El SUGC pide también la «ilegalización del partido por la comisión de delitos de lesa humanidad, como colaboración con terroristas, traición, blanqueo de capitales, espionaje, delitos económicos y sustracción de fondos públicos mediante la utilización de entidades bancarias y fondos reservados, estafa procesal y electoral, delitos de coacciones y amenazas y tráfico de influencias».

La denuncia se centra -recoge La Gaceta- «como ejecutores, en el ex presidente del Gobierno, Felipe González; el ex vicepresidente, Alfonso Guerra; el ex ministro de Defensa, Narcís Serra; el actual presidente, Rodríguez Zapatero; el ministro de Fomento, José Blanco; el anterior secretario de Organización del PSOE, José Benegas; el ex presidente, Manuel Chaves, y el juez Garzón, así como por otros de sus militantes destacados y afiliados, formando una banda organizada que ha cometido delitos muy graves e imprescriptibles».

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