Argentina
espacioseuropeos.com (28/11/2011)
Los querellantes contra los crímenes de la dictadura franquista, que interpusieron una denuncia en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, han presentado un escrito a la jueza a la que le ha correspondido el caso esta última semana. Se trata de la respuesta al informe expedido por el Gobierno español en el que se aseguraba que las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura militar del general Franco ya están siendo investigadas por la justicia española.
Como argumento fundamental, el Gobierno español utilizó el «caso Garzón», que consideran se ha caracterizado precisamente por ser la operación judicial española para paralizar las investigaciones de los crímenes de la dictadura y mantener la impunidad.
La querella en Argentina fue a parar a la jueza María Servini de Cubría que se consideró competente para aplicar el principio de justicia universal, en caso de que la justicia española no estuviera investigando o juzgando esos crímenes.
Los abogados que representan a los querellantes han solicitado una serie de medidas a la jueza Servini de Cubría, entre ellas que se desplace a España para tomar testimonio directo a víctimas de la dictadura. Le piden que se instale en la embajada de Argentina en Madrid y que, en ella, reciba a familiares de desaparecidos, para tomarles testimonio y conocer de primera mano el daño que sufrieron y el abandono que padecen por parte del poder judicial español.
Asimismo, requieren que la jueza solicite al Gobierno de España información precisa acerca de quiénes fueron los responsables de las citadas violaciones, quiénes firmaron las sentencias ilegales de los juicios sumarísimos y toda la información a la que tenga acceso el Gobierno con respecto a los crímenes de la dictadura.
Los querellantes se ofrecen a facilitar a la jueza, en caso de que acepte desplazarse a España, los contactos y la documentación que ella solicite para conocer de primera mano la situación de las víctimas de la dictadura.