España, 30-09-2016

¿Somos Todos Criminales?

Sin Acritud…
SEPA (24/3/2012)control-biometrico
Está poniéndose en evidencia en Estados Unidos, una creciente tensión entre el gobierno y los ciudadanos. El atentado a las Torres Gemelas ocurrido en 2001, implicó en esta relación, un punto de inflexión y la pérdida del precario equilibrio que existía entre la autoridad y los individuos. El dictado de la Patriot Act, ley que desplazó las libertades individuales a límites peligrosos, hizo recordar a las peores épocas del Macartismo.

El objetivo de esta ley es reforzar la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, ampliando las facultades y competencias de distintas agencias de seguridad. Así mismo esta ley también promulgó nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo.

La Patriot Act fue una norma de emergencia dictada el 26 de Octubre de 2001, a pocos días del atentado que costó miles de vidas en la Ciudad de Nueva York y como tal tenía fecha de caducidad para el 31 de Diciembre de 2005. Sin embargo, luego de algunas visiones encontradas en el Congreso de los Estados Unidos el 2 de Marzo de 2006, se sancionó un proyecto que en esencia mantiene las antes provisorias restricciones a la libertad, que desde entonces tienen carácter permanente.

Las consecuencias externas del nuevo paradigma político instaurado a partir de 2001 se tradujeron en numerosas campañas militares en oriente, que costaron miles de vidas de ciudadanos estadounidenses y cientos de miles de vidas de ciudadanos extranjeros. Sin embargo el terror producido por el atentado y el escaso nivel de análisis oficial de las causas del mismo ayudaron a que la perspectiva política impuesta de la administración del Presidente George W. Bush, no fuera cuestionada lo suficiente como para ser sustituida.

Hacia el interior de los Estados Unidos la nueva situación respecto de las libertades ciudadanas ha derivado en un mayor control de los ciudadanos, según ha denunciado la mayor organización de derechos civiles del país: la American Civil Liberties Union (ACLU). Esta organización está acusando al Federal Boureau of Investigation (FBI) de recopilar desde hace años, datos sobre líderes comunitarios y religiosos, protegidos por la primera enmienda de la Constitución de estadounidense. El FBI está utilizando, según ACLU, de manera secreta sus programas de acercamiento a las comunidades para recopilar información sobre los líderes de diferentes organizaciones.

Esta denuncia está basada en unos documentos internos del FBI que fueron hechos públicos gracias a la Ley de Libertad de Información de 1966 que obliga a las autoridades estadounidenses a compartir su información.

ACLU hace referencia a unos documentos de la sede del FBI en la ciudad de San Francisco que datan de los años 2007 y 2008 y que incluyen listas de nombres y perfiles completos de las personas que tomaron parte en unas cenas organizadas con motivo de la fiesta religiosa musulmana del ramadán en el marco del programa de acercamiento a las mezquitas. Otros documentos incluyen el contenido de conversaciones de la organización con algunos líderes islámicos de San José, California. Asimismo y datos sobre la actividad de las instituciones de estos líderes religiosos e incluso una recopilación de sus opiniones, entre otros datos.

Gran parte de la ciudadanía estadounidense bajo el influjo del conflicto con Al Qaeda, organización terrorista sindicada como responsable de los atentados del 11-S, ha tolerado sin demasiadas quejas, estas actividades realizadas en el marco de la Patriot Act, por parte de los organismos de seguridad.

Sin embargo, algunos senadores demócratas han comenzado a denunciar al Departamento de Justicia por hacer una interpretación errónea de algunos artículos de la Patriot Act, advirtiendo que los abusos cometidos pueden provocar una reacción negativa en la población con la consecuente la pérdida de confianza en los cuerpos de seguridad.

El analista político Robert Macaulay considera que en varias ocasiones la libre interpretación de las leyes por parte de las autoridades se hace para satisfacer sus intereses particulares.

“Obviamente hay espacio para interpretación y entonces realmente siempre existe la posibilidad de que policías, detectives, políticos y gente con poder en el gobierno (…) abusen, por ello hay que tener vigilancia dentro del sistema”, concluye Macaulay.

El Gobierno por su parte refina los mecanismos de control como el nuevo sistema de identificación biométrica que permitirá a los servicios de inteligencia de este país distinguir fotos faciales de supuestos criminales para identificar a personas desconocidas de manera rápida y certera.

Este sistema forma integra un gran proyecto de identificación de personas que el FBI desarrolla junto a Lockheed Martin, socio principal en numerosas iniciativas del Gobierno estadounidense.

cerebro-e-internetLa nueva técnica incluye la obtención de datos biométricos a partir del iris del ojo, grabaciones de voz, huellas dactilares y otras informaciones detalladas de millones de personas. El sistema ha sido lanzado en enero de 2012 como prueba en Florida, Michigan, Washington y Carolina del Norte. Se espera que se transforme en un proyecto a escala nacional en 2014.

Según sus mentores permitirá identificar en pocos minutos a individuos desconocidos a partir de sus rasgos faciales más característicos, lo que mejorará las técnicas de resolución y facilitará el trabajo del personal especializado del FBI en la persecución de presuntos criminales.

En Argentina ya se Utiliza la Identificación Biométrica
La Presidenta argentina Cristina Kirchner, presentó en noviembre de 2011, el Programa de identificación biométrica (SIBIOS) que permitirá a las fuerzas nacionales contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación.

Este sistema procesa registros patronímicos y biológicos, esto es huellas dactilares y fotografías, para la identificación eficaz de personas y rastros. De esta forma se optimizará la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad.

La Presidenta aseguró que en dos años estaría completo el registro de los 40 millones de argentinos. “Serán identificados no solamente a través de la huella digital sino a través de su rostro biométrico”, explicó.

Afirmó además que desde el primero de enero el sistema se usará en hospitales para identificar a todos los recién nacidos del país. “Es un salto en la seguridad y en los derechos de las personas”, dijo la Presidenta.

Algunos expertos opinan que este sistema es como “Big Brother”, que amenaza la privacidad de las personas. Los críticos aseguran que supone una amenaza para la privacidad de las personas. Una base de datos tan grande de información sobra tanta gente, aumenta el riesgo de que alguien utilice la misma para lo que no debe.

Como contrapartida han aparecido los autodenominados “ciudadanos soberanos”, que se niegan a pagar impuestos y a obedecer determinadas normas legales y según el FBI, representan una incipiente amenaza para el orden público en Estados Unidos. Estos ciudadanos también son acusados de no respetar leyes ambientales.

Los “ciudadanos soberanos” son considerados extremistas por los organismos de seguridad. Según los registros judiciales, en 2009 se registraron 10 casos y en 2010 y en 2011, ya hubo 18 condenas, la mayoría, por fraude.

Así en mayo de 2010 en Arkansas, dos oficiales de la Policía fueron abatidos a tiros como resultado de una pelea que surgió cuando pararon un vehículo en el que viajaban “ciudadanos soberanos”. Se ha denunciado que hubo en otras ocasiones, reacciones similares en enfrentamientos con policías y especialistas del FBI han informado que estos episodios han ido en aumento.

Algunas víctimas de estos operativos han acusado a las fuerzas de seguridad de abusar de su autoridad, al punto que una ciudadana, que nunca pensó que su domicilio iba a ser allanado, se preguntó ¿Acaso ahora, somos todos criminales? Por último otros analistas identifican a esta problemática como un prefacio de la Gran Guerra pre-anunciada para el Siglo XXI al advertir que estamos ante un grave síntoma de descomposición social que precipitará un descontento generalizado y represión en la sociedad.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Diario El Peso.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826