España, 25-09-2016

La política social, a base de fichas

Sin Acritud…
Rubén M. Lo Vuolo (8/3/2012)politica-social
Nuestro Estado fragmenta y rechaza medidas universales. Establece así contratos individualizados para lo cual confecciona fichas donde registra y monitorea la evolución de la vida de cada persona. Semejante método favorece el clientelismo.

Una característica central de la visión “liberal-subsidiaria” de las políticas sociales es su organización en base a programas diferenciados que distribuyen beneficios diferenciando a los individuos o grupos en función de sus características personales.

Desde este enfoque la acción del Estado se justifica cuando, a criterio del poder político y su burocracia, las personas demuestran una situación de necesidad y la imposibilidad de superarla por sus propios medios en el mercado.

El Estado establece así contratos individualizados para lo cual confecciona fichas donde registra y monitorea la evolución de la vida de cada persona.

Esta perspectiva de la acción pública se consolidó en el país con las reformas estructurales aplicadas en la década del noventa.

Su dogma es el rechazo a la universalidad en la distribución de beneficios de la política social y su reemplazo por la “focalización” de la distribución de bienes y servicios públicos.

Este dogma aún prevalece en la acción. Lo que se ha modifica últimamente es el número de personas alcanzadas por la focalización. Si bien se incorporaron nuevos beneficios y beneficiarios, la cobertura de las políticas sociales dista de ser universal.

Es institucionalmente fragmentada y continúa la segmentación de los beneficios que siguen siendo peores para los que peor están.

Lo más notable en este campo de la acción es la ampliación de la población cuyas características personales son registradas en fichas que actúan casi como nuevos documentos de identidad. Así, se ficha a las personas para integrar las mal llamadas “cooperativas” del programa Argentina Trabaja, a los beneficiarios de la Asignación (no universal) por Hijo y a los variados programas asistenciales.

Otras fichas registran si las personas reciben o no subsidios en las tarifas de servicios públicos donde la individualización y subjetividad de la política llega al punto de preguntar: ¿usted considera que necesita ser subsidiado? Mientras se hace campaña con algunos personajes de buen pasar que anuncian públicamente su respuesta. La única que es válida en última instancia es la del poder político que evalúa sus registros. El fichaje de los usuarios de transporte con la tarjeta SUBE es un paso más en la misma dirección y no debería extrañar que a partir de allí se distribuyan subsidios conforme a los criterios que resuelva la autoridad de turno.

La individualización de la política social liberal-subsidiaria es sólo en apariencia progresiva y tiene consecuencias negativas para la organización social y para la ciudadanía.

La primera es la arbitrariedad en los criterios adoptados para la construcción y utilización de las fichas que registran las características personales de la población.

La segunda es la interferencia política en los planes de vida de las personas, obligadas a adaptarse a las sanciones implícitas en las reglas de acceso a los beneficios: ¿me conviene tener más o menos ingresos?, ¿tener hijos?, ¿comprar tal o cual bien o servicio?, ¿registrar mi empleo?

La tercera es la erosión de la dinámica política basada en relaciones entre colectivos y su reemplazo por otra donde priman las relaciones personales entre dador y perceptor de bienes y servicios públicos.

La cuarta es el perfeccionamiento de técnicas de control social y de clientelismo político.

La quinta es la consolidación de la desigualdad en las características de las personas -evaluada por el poder- como criterio normativo para el acceso a ciertos bienes y servicios públicos.

La sexta es la inestabilidad y volatilidad del bienestar de las personas que depende en gran medida de las permanentes evaluaciones que los funcionarios políticos de turno hacen sobre su vida.

La séptima es la inclusión en la categoría “no necesita subsidio” a un grupo muy heterogéneo de personas, metiendo en la misma bolsa a algunas que sacrifican bienestar con otras que siguen enriqueciéndose desmedidamente por otros medios diferentes a los subsidios sociales.

N. de la R.
Rubén Lo Vuolo
es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, Director-Investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp, Argentina) y Presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic). Este artículo se publica con la autorización de sinpermiso.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826