Rumanía
Corina Tulbure (18/3/2012)
Estas son las palabras de uno de los participantes en las protestas [1] que los mineros de distintas explotaciones del Valle de Jiu, en Rumanía, iniciaron hace un mes. Esta semana la tensión se ha agudizado en la zona. Las protestas, que comenzaron con las manifestaciones espontáneas de 400 mineros de Lonea que se negaban a realizar su turno de trabajo, han visto incrementado su número de participantes. El martes 6 de marzo por la mañana, la sede de la Compañía Nacional de Carbón fue evacuada por la policía. El miércoles 5.000 mineros desfilaron por la ciudad de Petroșani a gritos de «¡Ladrones!», «Pedimos disculpas por no producir tanto como lo que roban» y mostraron sus intenciones de ir a Bucarest si no se solucionan sus reivindicaciones. La furia de los mineros se desató a causa de la demora del Gobierno en implementar las medidas previstas en el acuerdo alcanzado el pasado 17 de enero con el antiguo ministro de Economía, Ion Arton, conforme al cual el plus de peligrosidad aumentaba en 100 lei (unos 28 euros). A su vez, los mineros exigen un aumento del 10% en el sueldo base y el pago integral de las indemnizaciones por despido, así como de las ayudas compensatorias que se reciben para concluir el proceso de cierre de las distintas minas.
En el año 2011 la Compañía Nacional de Carbón despidió a 900 empleados que aún no han recibido el pago total de sus indemnizaciones. El enfado se hace aún más profundo al tratarse de un acuerdo ya aprobado, pero al parecer, la táctica de las autoridades consiste en la postergación indefinida de la implementación de los acuerdos.
Los líderes de los sindicatos apelan a una protesta pacífica y el miércoles una delegación sindical se trasladó a Bucarest para expresar el descontento y negociar con el nuevo ministro de Economía, nombrado tras la caída el mes pasado del Gobierno de Emil Boc. No obstante, las protestas no se reducen solo a la reclamación de los 28 euros del plus de peligrosidad y el insignificante aumento del sueldo. Los problemas sociales en el Valle de Jiu son crónicos y proceden de la mala gestión llevada a cabo en la zona minera tras 1989.
El futuro de las minas y el mito de la «reinvención profesional»
Hoy, los mineros que todavía mantienen su empleo perciben salarios muy bajos si se tienen en cuenta las duras condiciones de trabajo de una mina: «El sueldo medio de un minero, con los pluses de peligrosidad y antigüedad incluidos, es de entre 1.800 a 2.000 lei (420 a 470 euros). La jubilación va de los 1.500 a los 2.000 lei (de 350 a 470 euros), en función de la categoría del trabajador. Y eso tras haber pasado 20 años bajo tierra», comenta M. R., nombre aleatorio del entrevistado, miembro de la Liga sindical de los mineros jubilados. En 2011, en comparación con los niveles de retribución de los mineros, los sueldos de los directivos de la Compañía Nacional de Carbón reflejaban jugosas cifras. Según el canal de televisión Realitatea TV, el director de recursos humanos cobraba 74.382 lei (17.300 euros) al año, cuatro veces más que un minero.
Pero la tensión social en la zona no la alimentan solo los indignantes salarios. En el demacrado escenario del Valle de Jiu cabe algo peor: el fantasma del despido. «Si en 1989 la producción superaba los 11 millones de toneladas de carbón, a partir de 1997 se redujo a 2 millones. En 1989 existían 14 minas, a fecha de hoy contamos con 7 minas y se prevé el cierre de 3 de ellas para el año 2018. De los 44.000 empleados en las zonas mineras del Valle de Jiu de los años noventa, quedan 7.800, y se augura el despido de otras 3.000 personas por el cierre de las tres minas previsto para 2018», comenta M.R..
Entre la Administración central y el Valle de Jiu no existe diálogo y cuando la paciencia se agota los mineros amenazan con marchar a Bucarest, recordando las famosas Mineriades. Las soluciones económicas para la reconversión de toda la región se pensaron a corto plazo, y no se ha ideado un plan económico alternativo tras el desmantelamiento progresivo de la zona minera. Y por otro lado, las subvenciones europeas estipuladas por el cierre de minas de carbón se hicieron realidad solo en el papel, sin llegar a los bolsillos de la gente: «Se prometió un dinero por los despidos y se acordaron facilidades y tarifas especiales para los jubilados, pero esas promesas nunca llegaron, simplemente fueron promesas políticas» (M.R.).
A pesar de las indemnizaciones, el futuro se ha convertido en un «sálvate como puedas». La desesperación de los mineros viene sobre todo de la falta de alternativa laboral en la zona: «Los despedidos se mantendrán con la prestación por desempleo y alguna ayuda social, no tienen ningún otro futuro», explica M. R. A pesar de que el número de personas que busca un trabajo está en continuo aumento, la desaparición de los parados de los registros de la Oficina de Desempleo una vez agotada la prestación, concluyó en una cifra irreal de tan solo 5,64% de parados en la zona de Hunedoara.
Con anterioridad a la crisis, la solución elegida era la emigración, pero a fecha de hoy la mayoría de los parados se debate entre la agricultura de supervivencia y la nada. El mito de la «reinvención profesional» se ha traducido en una bajada de la tasa de población, depresión social y alcoholismo.
Cabe recordar que la Compañía Nacional de Carbón se incluye en la lista de empresas estatales monitorizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Conforme a las negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno y el FMI, las minas consideradas no viables por sus gastos y su productividad se cerrarán hacia finales de 2018. Las que se consideran viables se incluirán en el Complejo Energético Hunedoara, junto a las centrales termoeléctricas de Paroșeni y Mintia, que se privatizarán, según el calendario establecido, durante este año.
M.R. considera que la aducida falta de productividad obedece a intereses: «los gastos sí que son más altos que el precio de venta del carbón. Se ha liberalizado la compra de materiales para la producción, han subido los precios de los materiales y se añade el coste del transporte. En cambio, se ha mantenido un precio fijo establecido para la venta de carbón y una mano de obra barata». En este sentido, una de las reivindicaciones de los manifestantes es el aumento del precio de venta. Por ejemplo existe una significativa diferencia de precio entre el carbón importado por la termoeléctrica Mintia, y el que Mintia compra a la Compañía de Carbón de Hunedoara, el precio del carbón importado siendo más alto.
El sindicato: un matrimonio por interés
El miércoles 7 de marzo algunos manifestantes intentaron bloquear la carretera nacional DN66 y se produjeron fricciones con los líderes sindicales y la policía. La relación de los mineros con los sindicatos se ha ido debilitando por distintas causas. La defensa de los intereses de los mi
neros se ha quedado a medio camino: «Ahora a los líderes sindicales les interesa el aumento de los salarios, por eso apoyan las reivindicaciones. Antes se callaban, no reclamaban ninguna mejora de las condiciones laborales, ni un incremento de la protección laboral o subvenciones para la renovación tecnológica de los equipamientos», afirma M.R. El último accidente laboral que se produjo en la mina de Uricani, en 2009, se saldó con cinco personas fallecidas.
Los líderes sindicales empezaron a acostumbrarse «al sabor del dinero» y a defender sus propios intereses. Pero además, los progresivos despidos desmantelaron la antigua red sindical, y la confianza en la capacidad de los sindicatos para incidir en una mejora concreta de la situación fue en descenso.
A estas circunstancias se suman las nuevas normativas de 2011 en relación a los sindicatos, que estipulan que para sindicarse, la persona debe estar en condición de empleada. Así, en el Valle de Jiu, con los despidos masivos, ha surgido una nueva categoría social que ya no forma parte de ninguna red profesional, abandonada a su suerte, a la economía sumergida, y ajena a ninguna ley que defienda sus reivindicaciones, gente que está dentro de un sistema como si no lo estuviera. Esta marginación se ve reforzada por la antipatía general de la población, fomentada durante los 20 años de «transición», hacia los mineros. El desprecio de las «élites» hacia las clases bajas de la sociedad aumentó de manera proporcional al aumento de la desigualdad social (el índice Gini era del 25% en 1990, llegó al 30% en 2000 y al 33,3% en 2011). Para las «élites», los mineros no muestran educación, ni espíritu cívico, ni capacidad para adaptarse a la nueva sociedad de mercado. En el mejor de los casos, si no se les desprecia directamente, se les olvida.
A nivel político, los dirigentes de los distintos partidos saben muy bien que la desesperación social de la región es sinónima de un voto seguro y cada cuatro años el Valle de Jui vuelve a figurar en sus agendas durante las compañas electorales. No en balde, Victor Poanta, el líder socialdemócrata, a fecha de hoy en la oposición, ha recordado en vísperas de las protestas el potencial reivindicativo de los mineros. El año 2012 es año electoral, y cualquier promesa, incluso las soluciones a corto plazo como los insignificantes aumentos de sueldo, son traducibles en votos. Para M.R., la protesta en la calle es lo que les queda: «Ellos están allí y se ríen de nosotros desde detrás de la cortina. ¿Qué podemos hacer? Estar en el frío y protestar. El poder ha sido siempre autista».
Nota:
[1] Video hace un mes: http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/protest-al-minerilor-de-la-minele-paroseni-si-lonea-o-parte-dintre-ei-refuza-sa-iasa-din-subteran.html
N. de la R.
Corina Tulbure cursa un doctorado en la Universidad de Barcelona y colabora con Sin Permiso.
Este artículo se publica con la autorización de sinpermiso.