España
Diego Camacho (14/7/2012)
Nuestra decadencia venía desarrollándose desde hacia más de tres siglos, aunque nuestra neutralidad en las dos guerras mundiales, la guerra civil y la dictadura del general Franco eran tres factores que permitían aspirar a que el cambio de régimen fuera un punto de inflexión que permitiera crear una nación nueva, libre, solidaria y sólida en el concierto mundial. No fue así, la decadencia que sufrimos se debe a un fallo colectivo que empezó a gestarse en los últimos años del franquismo.
En 1971 llega a Madrid Vernon Walters, Agregado Militar de los EEUU en Roma, con la misión de llevarle a Franco dos mensajes de Nixon, el primero: «España es vital para el oeste» nos colocaba en una situación estratégica similar a la turca para impedir el acceso, sin control, de la URSS al Mediterráneo y para que este mar siguiera siendo la ruta de apoyo logístico y operativo de la VI Flota en su cobertura a Israel mediante una línea de acción sustentada en tres bases: Azores, Rota y Chipre. El segundo: «la conveniencia o bien de una transición tutelada por el general como jefe de las Fuerzas Armadas o conservar sólo la Jefatura del Estado y nombrar un Presidente del poder ejecutivo» para facilitar la llegada de Juan Carlos al trono.
En junio de 1973 sería nombrado el almirante Carrero Blanco Presidente del Gobierno. La transición hacia la nueva situación política está así tutelada desde el inicio por la Casa Blanca, para la que es factor prioritario la estabilidad en el estrecho de Gibraltar sobre cualquier otra consideración de política interna. Los acontecimientos posteriores demostrarán lo erróneo del análisis al estar pensado para el corto y medio plazo. No contemplaba las consecuencias que iban a producirse en el caso de naufragar la transición española. El factor interno se convertirá, a largo plazo, en el causante de la inestabilidad política y de ahí a la inseguridad estratégica sólo media un paso. Ni el futuro rey ni los políticos implicados en la transición apostaron por la creación de una democracia real, como el camino más idóneo para lograr una estabilidad duradera; en su lugar piensan que el paraguas norteamericano lo resuelve todo y se lanzan a satisfacer sus intereses personales en detrimento de la nación. También dejan pasar la oportunidad de ir construyendo una alianza fiable con los EEUU, pues la corrupción interna por un lado va a afianzar en el Poder a determinados políticos mientras debilita la capacidad internacional de España.
Menos de seis meses después de su nombramiento y al día siguiente de mantener una larga entrevista con el Secretario de Estado Henry Kissinger, moría víctima de un atentado terrorista de ETA. La Casa Blanca apostaba claramente por el Príncipe como sucesor de Franco y el equipo político del almirante sería rápidamente apartado del Poder, para el entorno político del Príncipe, Carrero representaba el continuismo y un obstáculo para emprender las reformas necesarias para afianzar el trono que debía utilizar a los partidos políticos como la herramienta esencial para propiciar el cambio de régimen. Estos partidos serán diseñados desde el exterior por medio de la cooptación de sus principales líderes desde el interior. Se dispondrá de cuantiosos fondos que se canalizarán desde Alemania utilizando diferentes fundaciones: la Neuman para los liberales, la Ebert para los socialistas, la Konrad Adenauer para los democristianos y la Hanns Seidel para Alianza Popular.
En 1974 se produce en Portugal la ´revolución de los claveles´ inspirada e impulsada por militares próximos al PCP y que será seguida con gran preocupación por EEUU. El objetivo prioritario será aislar la revolución. Dos políticos socialistas, Soares y González, serán elegidos para detener la revolución y evitar su contagio a España en donde las previsiones sucesorias están próximas a cumplirse. González obtendrá todo el apoyo necesario del Estado dictatorial para marginar en Suresnes a los socialistas del exilio y hacerse con la legitimidad del PSOE.
La revolución portuguesa y la incertidumbre existente en España por la inminente sucesión de Franco hacen a EEUU abrir un teatro estratégico secundario de diversión, la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental, y asegurarse así el control del Estrecho de Gibraltar con la potenciación de Marruecos en caso necesario. Esta operación estratégica es ideada por Kissinger con la complicidad de Hassan II, planificada por la CIA y financiada por Kuwait. Se trataba de retener el control estratégico sobre España después de la desaparición de Franco. En el ámbito económico ese control sobre España va a ejercerse por la penetración en la toma de decisiones de Alemania y Francia que influirán decisivamente para que la incorporación de nuestro país a las instituciones europeas se efectúe con unas condiciones draconianas, nunca exigidas antes ni tampoco después a los países procedentes del bloque soviético. En esos días España es: la 2ª potencia pesquera del mundo, la 11ª potencia en producción industrial y la 1ª potencia europea en producción, exportación de frutas, verduras y legumbres.
Esa tenaza militar y económica va a actuar con la complicidad de los grupos políticos emergentes financiados sobre todo desde Alemania y respaldados políticamente desde Washington. De esta manera en los asuntos de trascendencia estratégica para los intereses españoles y donde nuestro país se juega su prestigio internacional: Gibraltar, Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental y la OTAN, los partidos españoles estarán más preocupados en satisfacer las exigencias de sus fuentes de financiación o de apoyo político antes que las del interés nacional, que quedará interesadamente oculto bajo un manto de silencio y desinformación. En 1976 como en 1945 los aliados no consideran conveniente que los españoles recuperen su soberanía y puedan elegir su régimen político, se trata de orientar esta importante nación hacia una seudo democracia estrechamente tutelada. El elegido por nuestros aliados es Juan Carlos en quien se da: la legitimidad de origen hacia los militares, por el testamento de Franco, la legitimidad dinástica tradicional, una vez que las presiones coordinadas sobre don Juan obligan a éste a abdicar, y la legitimidad democrática que le da la transformación de un poder absoluto en uno de carácter parlamentario e inorgánico. El apoyo que recibe el nuevo rey le va a permitir neutralizar a quienes reivindicaban el derecho de los españoles a recuperar su soberanía, para ello bastará en el transcurso de los años el ir vaciando de contenido la Constitución hasta convertirla en un texto tan inservible como poco respetado.
La colonización sobre España va a quedar «asegurada» en el propio texto constitucional que en su artículo 93 establece que «mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución…», se complementa con el 96.1 «…sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas, en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional». Estas dos disposiciones legalizan un dislate, pues en cualquier país democrático y soberano cualquier tratado puede ser anulado por una decisión legislativa posterior y lo que es todavía más importante ningún tratado puede prevalecer sobre la Constitución al autorizar lo que la Constitución prohíbe. Así, según nuestro ordenamiento, un gobierno con mayoría en el Congreso de los Diputados puede pactar con una potencia extranjera, sin que una mayoría parlamentaria posterior pueda hacer nada para anularlo.
El desplazamiento de la lealtad política y de los intereses estratégicos hacia centros de decisión ajenos ha afectado profundamente la estructura de la nación española que es la que en la actualidad amenaza con su hundimiento. Este desvío se ha hecho patente en nuestra política exterior, sobre todo, en la actitud sostenida por los diferentes gobiernos hacia nuestras dos últimas colonias. Con respecto al Sáhara Occidental, nuestro país está respaldando la ocupación ilegal de este territorio por Marruecos con el peregrino argumento de los Acuerdos de Madrid, firmados con Marruecos y Mauritania en 1976. Estos acuerdos no están reconocidos por la ONU y desde un punto de vista legal son inexistentes al no haber sido publicados en el BOE. Para la ONU España sigue siendo la potencia administradora, y está respaldando un neo colonialismo bañado en sangre a pesar de haber suscrito en Ginebra, 1988, el Convenio sobre Derechos Humanos.
En el caso de Guinea Ecuatorial, se está apoyando a un dictador cuya familia se ha apropiado de los recursos nacionales y tiene a su pueblo sumido en la miseria, mientras nuestro gobierno financia los aparatos represores, policía y jueces, de la dictadura.
Este proceso de invertebración nacional ha sido lento y progresivo pero de contornos perfectamente definidos y concordantes en el logro de un objetivo final el secuestro de nuestra soberanía, incluso aunque ello comporte la desaparición de nuestra comunidad política. Las etapas esenciales en este proceso han sido: 1º, impedir la división de poderes con la politización de jueces y fiscales originando la ausencia de neutralidad en unos o la despreocupación en la defensa de la legalidad de los otros; 2º, trucar el principio representativo para fortalecer el nacionalismo minoritario y secesionista; 3º, controlar la libertad de expresión por medio del control de las grandes empresas de comunicación al favorecer el oligopolio de las mismas; 4º, debilitar al Estado en beneficio de las Comunidades Autónomas con la permisividad del primero hacia las segundas y obviando el cumplimiento constitucional o la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo, extremos que refuerzan los procesos secesionistas; 5º, pervertir el papel constitucional del Jefe del Estado permitiéndole asumir responsabilidades que no le competen por un lado, mientras se admiten actuaciones de miembros de la Casa Real presuntamente delictivas por otro y que han supuesto el descrédito internacional de la Corona y de nuestra nación.
Todas estas causas de nuestro hundimiento acelerado son las que han propiciado la quiebra de nuestro Estado de Derecho por la corrupción generalizada de las personas que ocupan responsabilidades institucionales y que con su actividad han convertido a sus respectivas instituciones en organismos inoperantes que al final sólo sirven para facilitar el enriquecimiento rápido o los ascensos a dedo.