Ecología-Medio Ambiente/España
espacioseuropeos.com (8/10/2012)
El último Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, día 5, aprobó un Proyecto Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, que según el Gobierno de España protegerá mejor el litoral español «frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica».
La referencia ministerial alude a que con este nuevo proyecto «se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre y se aplicarán criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios», además de introducir un «régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural)».
Sin embargo, varias asociaciones ecologistas, entre ellas Greempeace consideran que con este Proyecto sale muy barato la destrucción del litoral español y que gana los especuladores. «Ganan los ayuntamientos que permitieron barbaridades. Ganan los futuros propietarios de suelos vírgenes de salinas, o dunas muertas, donde se pueda construir un paseo marítimo o que no se inunden por lo menos cinco veces en los próximos diez años», afirma Greempeace.
Para esta asociación el nuevo proyecto significa que «el Estado tendrá que hacer frente a muchos y nuevos gastos. Se hipoteca la costa 75 años más. Se okupa la costa, por el Estado. Por los amigos del Estado». Y se pregunta «¿Quién va a pagar el nuevo deslinde? ¿Quién va a pagar el permitir consolidar viviendas en suelo inundable?; ¿Se va a aumentar el número de funcionarios para hacer seguimiento de las concesiones otorgadas a casi perpetuidad?. Es decir viviendas e industrias que tienen 75 años de concesión. ¿Quién va pagar el mantenimiento de la línea de costa si tan solo en 2013 se reduce el presupuesto para esas labores a la mitad?; ¿Quién va a pagar los costes de la subida del nivel del mar por el cambio climático?».
Son muchas preguntas que habría que hacer, afirma la organización ecologista, pero lo importante es, «¿le importa al gobierno que la costa deje de ser pública?».
El lunes, la nueva Ley de Costas se envía a las Cortes, parece como si el gobierno de Mariano Rajoy tuviera prisa por ver los «hoteles llenos, chiringuitos llenos… La Ley de Costas, ¿es la solución? Era el escollo. ¿Os creéis el cuento? Seguro que no, porque esta historia ya la hemos vivido», comenta Greempeace en un trabajo sobre este tema.