España, 26-09-2016

La huelga de los trabajadores argentinos (en su contexto)

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Carlos Abel Suárez/María Julia Bertomeu (27/11/2012)
Únicamente los voceros del gobierno niegan la contundencia del paro general del pasado 20 de noviembre, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).  La adhesión lograda por la medida de fuerza a lo largo y ancho del país asombró a los propios organizadores.  Pero si algo faltaba para confirmar la importancia del 20N fue el rápido alineamiento de los dirigentes sindicales que apoyan al gobierno. El metalúrgico Antonio Caló, que fue punta de lanza de la ruptura de la CGT auspiciada por el ministerio de Trabajo  no dejó pasar 24 horas para decir a la prensa que también pide lo mismo que los huelguistas y que el gobierno tiene que escucharlos. “Los reclamos son los mismos y son justos”, agregó Gerardo Martínez, ex espía de los servicios de inteligencia de la dictadura militar, ahora dirigente del gremio de la construcción y ferviente kirchnerista, con el mismo fervor que fue menemista en los ´90´ . En realidad, como buenos burócratas nunca se preocuparon por la coherencia pero sí por conocer el límite para mantener el equilibrio, aquello que una vez dijo Perón “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Por lo tanto, son palabras y gestos que anticipan un aumento del conflicto social en los próximos meses.

El 20N que mostró una foto del mundo del trabajo y de su protesta, muy bien resumido por Horacio Meguira en su artículo se inscribe en un malestar generalizado que también lo expresó la manifestación de la clase media autoconvocada por las redes sociales el 8 de noviembre último.  Mucho se ha dicho y escrito sobre la protesta de la clase media y ahora sobre la huelga obrera. El fenómeno se inscribe en un proceso de gran conflictividad que tiene un disparador en la economía y cuyo impacto en la política es todavía un libro en blanco.

El problema del gobierno, y de la mayoría de sus intérpretes, está  en no reconocer que la manipulación de las estadísticas oficiales, luego de la intervención del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en 2007, no permite medir la temperatura del paciente y, por consiguiente, efectuar un buen diagnóstico. Lo que fue interpretado inicialmente como una “picardía criolla” terminó en una creencia fundamentalista, que desaprovechó fenomenalmente el crecimiento excepcional de los últimos nueve años. Muchas cosas que se podrían haber hecho no se hicieron y ahora parece que cambia el ciclo. En los discursos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla como si hubiese llegado ayer al poder, y llevan casi 10 años.  Muy pocos, para no decir nadie, le otorga crédito a los indicadores de precios que maneja el gobierno, y eso lleva a desconfiar del informe oficial sobre pobreza, indigencia, desocupación, e incluso de las cifras del PBI.  Se sostiene la cifra de una inflación menor al 10 por ciento anual, mientras  se firman convenios de aumentos salariales entre un 25 y 29 por ciento; lo que tiene que ser justificado por la idea de que los empresarios se volvieron generosos y aceptan de buen grado redistribuir ingresos.

Como se supone que no hay inflación, el Estado deja fijo el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, de modo que un trabajador que apenas supera con sus ingresos la canasta familiar tributa en proporción lo que nunca pagó la Coca-Cola. Mejor sería pensar  que los aumentos salariales de algunos convenios están en consonancia con la tasa de inflación real, que según  institutos provinciales que no han sido  intervenidos, o según cálculos de  las consultoras privadas o universidades oscila entre el 23 y 30 por ciento anual. Para el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) la variación de una canasta básica de alimentos en el conurbano de Buenos Aires fue superior al 34 por ciento entre octubre pasado e igual mes de 2011.

Barack Obama y Cristina Fernandez de Kirchner

Barack Obama y Cristina Fernandez de Kirchner

Hay numerosos estudios relevantes sobre el impacto de la inflación en los asalariados (algunos que hemos publicado en Sin Permiso). Si bien tal  impacto es  regresivo entre aquellos que tienen ingresos fijos y están registrados, es decir que pueden discutir condiciones de trabajo y salario; el impacto es demoledor entre los llamados precarios, es decir entre aquellos que están en el mercado informal o revisten como “cuentapropistas”, que constituyen más del 40 por ciento de los trabajadores; a lo que se agregan los millones de jubilados que perciben un haber de indigencia. Esto está en la base del malestar social generalizado. Por ejemplo, la inflación se comió  la asignación por hijo, un programa exitoso de política social que surgió como una respuesta a una masiva demanda que comenzó en la crisis de los 90,  impulsado por un frente de organizaciones sociales convocadas por la CTA (Frenapo) para luchar contra la pobreza.  Como ahora reclaman la CGT y la CTA, y figura entre los puntos de la convocatoria al 20N, la Asignación por Hijo nunca fue verdaderamente universal y deja a cientos de miles de niños afuera, e incluso existen diferencias  entre quienes aún cobran tal asignación.  A su vez, la oposición política en el Congreso hizo de la asignación a los niños un ejercicio retórico, pero nunca acompañó los proyectos de Ley que fueron presentados para establecer un derecho universal  de los niños que tuviera un financiamiento propio y no dependiera de un decreto por el cual se comprometieron  los fondos de los jubilados.

Este cuadro social anuncia nuevos y mayores conflictos, especialmente porque la mayoría de los pronósticos estiman que no bajará la inflación, que las empresas no tomarán más gente y, aún peor, que ya se registran suspensiones y despidos.  Si bien Argentina -como varios de los países de la región- no fue impactada de lleno por la crisis mundial, sus efectos se han sentido en ramas importantes de la actividad. Las exportaciones de las economías regionales cayeron muy fuertes durante este año y no se piensa en una pronta recuperación. La economía argentina, sojadependiente en toda esta última década, no puede mirar para otro lado frente a este dato: en septiembre pasado la soja cotizó un precio récord en Chicago, 650 dólares la tonelada, la semana pasada arañaba los 495 dólares. La caída y las previsiones de que no volverá a los valores de septiembre obligaron a los chinos a renunciar a un millonario contrato a futuro, pues pagar la multa y hacer una nueva operación al nuevo piso es mejor negocio. Luego de esta noticia, muchos capitales comenzaron a fugarse de los exitosos fondos comunes sojeros. 

El relato de que Argentina ha logrado en los años del kirnerismo autonomía e independencia de los avatares del mercado mundial no es nada más que un relato. Ciertamente, varios países de la región crecieron espectacularmente tocados por la varita mágica del agronegocio o la megaminería, pero la tendencia a la concentración del ingreso y la desigualdad se mantienen o incluso ha aumentado en algunos casos. El Banco Mundial contribuye con lo suyo, estadísticas extrapoladas, a este mundo de fantasía para mostrar cómo en las últimas décadas se produjo un aumento considerable de individuos en las clases medias.

El problema de la deuda externa reaparece en el momento menos pensado.  Tras la renegociación encarada por Kirchner y Lavagna, se dijo que el gran problema que había anclado la economía argentina había quedado en el pasado. Sin embargo, esta oprobiosa carga heredada de la dictadura  militar, y que salió por la puerta de la reestructuración y el canje por los nuevos bonos, vuelve a entrar por la ventana o por la chimenea. Primero, el embargo de la emblemática fragata Libertad en un puerto de Ghana, y ahora el fallo del juez  a favor de los fondos buitres pone a la Argentina al borde una nueva cesación de pagos.

Se han publicado estudios muy fundados sobre la deuda externa, además del  notable fallo del juez Ballesteros que obligaba a una revisión de la legitimidad de la misma. Todos esos argumentos se despreciaron olímpicamente, porque hubiera implicado tocar al sector financiero, ese poderoso en la sombra que fue quien  más ganó en tiempos de prosperidad, y de crisis. Esto explica, por otro lado, que la ley financiera y tributaria diseñada  por el Ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 aún siga vigente.

La mayoría de los economistas y juristas coinciden en que esta semana el gobierno argentino tiene que apelar el fallo del juez Griesa, aunque no hay igual certeza sobre los pasos siguientes. 

El próximo verano podría recalentarse, no solamente por el cambio climático sino por la temperatura del conflicto social. Por otro camino marchará el conflicto político en un año de elecciones parlamentarias, pero todavía es prematuro prever los alineamientos.

N. de la R.
Carlos Abel Suarez
y María Julia Bertomeu son miembros del Comité de Redacción de Sin Permiso.
Esre artículo se publicaron la autorización de SinPermiso.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826