España, 25-09-2016

El Sahara, la última colonia (y IV): los Derechos Humanos

Felipe González en Tinduf, 1976

Felipe González en Tinduf, 1976

Sáhara Occidental/España
Diego Camacho (18/1/2013)
ZP tan sensible, y con razón, al sufrimiento en Irak y a la persecución sufrida por los monjes budistas, actúa activamente a favor de las acciones que desarrolla Mohamed VI en la violación flagrante a los Derechos Humanos que tiene lugar en el Sáhara. A pesar de estar el reino alauí acusado, por las principales organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de practicar de manera sistemática la tortura, los secuestros y las desapariciones en los territorios ocupados, como reconoció en el año 2008 Khali Khenna Ould Errachid, ex ministro de Hassan II quien declaró: “…tres o cuatro oficiales del ejército que han cometido lo que se podría llamar crímenes de guerra contra prisioneros, pero fuera del ámbito de la guerra…muchos civiles fueron lanzados al vacío desde helicópteros o enterrados vivos porque eran sospechosos de simpatizar con las tesis independentistas”. La anterior declaración la efectuaba con todo su descaro y sin ser presionado.

El gobierno español sabía perfectamente, en la década de los 80, de las torturas y de las desapariciones que se estaban produciendo en su antigua colonia. Metido como estaba González en el tema del GAL, lo que pasaba en el desierto debía parecerle normal, a pesar de haber firmado en Ginebra, en 1988, el Convenio sobre los Derechos Humanos.

Por su parte, la ONU ha mantenido una postura vergonzante en este asunto, al ser la  MINURSO la única misión que tiene destacada en el mundo sin competencias para velar por el respeto a los DDHH.

La violación sistemática a estos derechos por parte de Marruecos comienza a ser insoportable para los gobiernos de EEUU y Francia, que ven como la opinión pública de sus respectivos países está cada día más en contra de la actuación del rey marroquí. En ese sentido hay que entender las declaraciones de altos funcionarios norteamericanos en el sentido de “…no tener intención de presionar al Frente Polisario para que acepte la proposición de autonomía…EEUU desea una solución pragmática bajo los auspicios de la ONU…y han acogido favorablemente las ideas contenidas en la proposición saharaui…”.

También la petición realizada por varios parlamentarios europeos, en la Asamblea Francesa, para que Francia respetara el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui antes de asumir la presidencia de la UE. Parece evidente, que el cambio de rumbo de la política francesa respecto al Sáhara se producirá en el momento que el pragmatismo norteamericano tome carta de naturaleza efectiva y no sólo declarativa. El trabajo actual del lobby francés es el trabajar para que esa nueva percepción en Washington no se materialice y se produzca el cambio en el Consejo de Seguridad. París es telonero de la Casa Blanca, al igual que Madrid lo es del Elíseo.

El Consejo de Ministros español, en lugar de trabajar en torno al pragmatismo de los EEUU y de poner sobre el tapete internacional su condición de antigua metrópoli, se dedica a abastecer de armamento a Marruecos, unas veces como donaciones y otras utilizando los fondos de ayuda al desarrollo. España también envía alimentos a los campamentos, pero esa circunstancia no equilibra el tema sino que más bien lo recubre con un manto de hipocresía humanitaria. Esta política de abastecimiento militar a un régimen que vulnera los acuerdos de Madrid de 1976; viola el Convenio de Ginebra sobre los Derechos Humanos; incumple de manera sistemática las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y utiliza el crimen y la tortura para suplantar una soberanía que no le pertenece. Hace a nuestro gobierno cómplice y encubridor de todos estos desmanes.

zapatero-y-trinidad-jimenezLa sensibilidad hacia los Derechos Humanos, de una parte significativa del pueblo español, no tiene nada que ver con la actuación del gobierno que los representa, como volvió a ponerse de manifiesto con la multitudinaria manifestación celebrada, a finales del año 2010, en protesta al desmantelamiento a sangre y fuego del campamento de Gdeim Izik, cercano al Aaiún, en donde se habían instalado más de 20.000 personas para protestar pacíficamente, contra las condiciones de vida que tenían que soportar en la capital del Sáhara.

El territorio, primero fue cerrado informativamente para después organizar la caza al saharaui, en la más absoluta impunidad, por colonos marroquíes dirigidos por policías y soldados. Gracias al apagón informativo ordenado desde Rabat, no ha sido posible saber el número de muertos, desaparecidos, heridos y torturados que ha producido esta masacre con visos de genocidio.

Según iban creciendo las víctimas, destacados miembros del gobierno español rivalizaban en transmitir su “comprensión” a la opinión pública española, lamentando los hechos pero sin condenarlos. Seguían así la doctrina impartida por Elena Valenciano, quien pedía rigor contra cualquier improvisación en la valoración de los hechos. En esa primera oleada comprensiva hacia Rabat, Ramón Jaúregui, ministro de la Presidencia, afirmaba en sede parlamentaria que el campamento destruido estaba en el núcleo duro de la soberanía marroquí. Más tarde en los pasillos rectificó, señalando que se refería a la administración del territorio. No hay ningún país, incluidos EEUU y Francia, que reconozca la soberanía de nuestro vecino sobre el Sáhara que es un  territorio pendiente de descolonizar y por ello con el derecho de sus habitantes a elegir su destino. La administración tampoco la tiene reconocida Marruecos por la ONU que, en una resolución de 2002, señala a España como la potencia administradora.

Es difícil aceptar tamaño desconocimiento por parte del ministro de la Presidencia; es más fácil pensar que prefirió mentir en sede parlamentaria, para ayudar al sultán, pues el coste político de la mentira parlamentaria es en España prácticamente nulo. En cualquiera de los casos es impresentable. Podía  aplicarse el ministro la doctrina Valenciano y tener rigor antes de hacer declaraciones.

Mientras tanto, Trinidad Jiménez en Bolivia regalando jamones, manera poco honorable de viajar si fuera cierto que había sido alertada por su colega marroquí de lo que iban a hacer. Ya en España pedía que había que ponerse “en el lugar de Rabat” para evitar que lo consideraran como una injerencia. Es difícil ponerse en el lugar de un país que asesina y tortura a la gente por protestar, tampoco se comprende que pueda preocuparle la eventual acusación de injerencia, cuando al reino alauí sólo le compete liberar un territorio que está ocupando de facto desde hace 35 años ¡Que tiempos aquellos! en los que la ministra se ponía pegatinas con la leyenda “Sáhara libre”. Después achacaba a la ausencia de un informe fiable la razón para no  actuar. En los primeros días ella pensaba que ese informe iba a proporcionárselo Marruecos, así que  nuestra ministra le otorgaba graciosamente al país violador el estatus de juez y parte. Al comprobar las reacciones a su absurdo planteamiento rectificó, y en adelante ya sería la ONU la redactora del informe salvador. 

Jiménez parecía ignorar que son más de 40 personas las que tiene su ministerio desplegadas en Marruecos y que entre sus misiones está la de informar de manera veraz al Estado. Además también cuenta con el despliegue del CNI que también están   capacitados para contarle lo que pasa y poderla orientar sobre las consecuencias de su inhibición. No es de recibo, el que trate de convencernos que la información existente no es fiable porque los corresponsales de prensa no pueden entrar en el Aaiún. El gobierno tiene sus propias fuentes de información e inteligencia para estar debidamente informado.

Rubalcaba lograba las mayores cotas del esperpento gubernamental, al recibir en Madrid a su colega marroquí, acompañado para mayor escarnio, del general Benslimane que es buscado en Francia por el asesinato de Ben Barka y por la Audiencia Nacional como imputado por el genocidio saharaui y todo ello para aceptar su versión, a pesar de las evidencias existentes en sentido contrario. Esta visita supone la aceptación implícita por nuestro gobierno de constituir el Sáhara  un asunto interno del país vecino o como dice Jaúregui, “el núcleo duro de la soberanía”. España no debió aceptar, y menos en las actuales circunstancias, una interlocución sobre nuestra antigua colonia que no sea entre los ministros de Asuntos Exteriores, o con el sultán. Mucho menos aceptar que este sujeto venga a reírse a nuestra propia casa acompañado de un general que está buscado por la Interpol. Si exceptuamos el caso del ministro de la Presidencia Carro Martínez, ningún miembro del Consejo de Ministros había llegado nunca a una  indignidad semejante en nuestras relaciones bilaterales, como la perpetrada por el actual vicepresidente en su entrevista con Cherkaui.

zapatero-y-jaureguiComo remate a este panorama, ZP se pone en plan estadista para defender las violaciones del rey de Marruecos a los Derechos Humanos, según el modelo Palmerstón, “Gran Bretaña no tiene amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses y en su defensa siempre empleará todos los medios que tenga a su alcance”, al declarar que las relaciones bilaterales con Marruecos son una cuestión de Estado y que España tiene unos intereses que defender de manera prioritaria. Al parecer la vida de Baby Hamday Buyema, ciudadano español empleado en Foss Bucraa y asesinado con saña por la policía marroquí, durante el ataque al campamento, ni es asunto de Estado ni entra dentro de la defensa de los intereses españoles. El descaro presidencial para encubrir la “razón de Estado”, sólo es superado por su incompetencia para gestionar las relaciones exteriores de España.

Las relaciones con cualquier país son un asunto de Estado, no sólo Marruecos, parece como si el Presidente tratara de establecer una diferencia con el resto de las naciones y nuestro vecino fuera asunto diplomático aparte y concerniente a la Casa Real. Si es así, está equivocado pues según la Constitución las relaciones exteriores, sin excepción, corresponden al gobierno y este no puede hacer dejación de su responsabilidad, ni siquiera en el Jefe del Estado.

Defender los intereses a costa del prestigio internacional es un contrasentido, pues este es la condición necesaria y previa para emprender cualquier acción exterior. Según la ONU España sigue siendo la potencia administradora, el abandono de su responsabilidad en beneficio de un tercero es fuente de nuestro desprestigio no de nuestra fortaleza, sobre todo si con ello se favorece el genocidio y la tortura. Los intereses y la seguridad de nuestra nación se defienden con firmeza, cooperación y buena vecindad en el marco de un espíritu de reciprocidad, no con la debilidad que genera el miedo y que parece comparte todo el Consejo de Ministros. El interés de nuestro pueblo es sobre todo la estabilidad regional, no los negocios en Marruecos del rey de España o el chalet en Tánger de Felipe González. Para defenderse de un vecino expansionista hay que empezar, en el propio país, por controlar a los lobbys que trabajan en su beneficio. En ningún caso puede admitirse que nuestra seguridad dependa de cerrar los ojos y la boca ante el derramamiento de la sangre de unos nómadas del desierto.

“Cuando un país que se ve obligado a escoger entre la paz y el honor, elige la paz. Se verá obligado a combatir con deshonor, en poco tiempo”, le decía Churchill a Chamberlain en la Cámara de los Comunes. Es evidente que la acción política de ZP se rige por la filosofía del segundo.

Los políticos mencionados que cuando estaban en la oposición fueron tan sensibles a la opinión pública, cuando Aznar nos introdujo en la guerra de Irak, deberían también saber que muchos ciudadanos de este país tampoco quieren que otros paguen con su sangre o su dolor la incompetencia de los gobiernos españoles que han detentado el poder desde 1975. Tampoco consideran que Ceuta, Melilla o Canarias deban defenderse encubriendo el terrorismo de Estado que practica Rabat con los saharauis.

La Resolución 1.920, aprobada por el Consejo de Seguridad el 30 de abril de 2010, viene a certificar la consolidación del statu quo existente en el Sáhara y ha supuesto una aparente victoria para Marruecos aunque también marca la debilidad argumental de Francia, artífice de su redacción, al omitir de la misma cualquier referencia a los DDHH y a los recursos naturales que son dos importantes cuestiones de fondo. Mucho más si se tiene en cuenta que los marroquíes habían alegado el mismo día de la votación “que tenían motivos extremadamente serios para oponerse a que los Derechos Humanos en el Sahara se sometieran a escrutinio internacional”.

En lo referente a los recursos naturales, el Sahara como territorio no autónomo tiene una consideración distinta de la del país ocupante, hasta que haya ejercido su derecho de autodeterminación. Marruecos no puede suscribir tratados con terceros para la explotación de unos recursos que no le pertenecen, por eso la UE si renueva, por ejemplo, el tratado de pesca en el banco sahariano con el reino alauí está siendo cómplice del expolio.

Es extravagante, que el SG de la ONU se haga eco alguna vez de las numerosas violaciones a los Derechos Humanos que se producen en el Sahara y no dote a la  MINURSO de competencias en materia de DDHH.

rubalcaba-y-mohamed-viLa propuesta marroquí de conceder al Sáhara una autonomía no mereció la atención de los miembros del CS, la resolución evitó así caer en una solución – trampa, pues sería admitir que el rey de Marruecos puede ceder algo que no le pertenece. La soberanía pertenece a los saharauis, que son los únicos capacitados para decidir su futuro. Por otro lado esa propuesta marroquí tiene todas las características de un espejismo, ya que el mismo concepto de autonomía está en las antípodas de la propia naturaleza del sultanato, que es en este caso un régimen despótico y teocrático. Para ser viable una autonomía en el país vecino sería preciso cambiar antes toda su superestructura. Pero no hay cuestión, pues estamos hablando de un territorio sobre el que no tiene soberanía.

Para el gobierno español, la Resolución 1920 le abre la posibilidad de reorientar un asunto del que se había desentendido desde 1975. Aquello que entonces tenía una cierta explicación, hoy es impresentable desde cualquier punto de vista.     

 ualquier observador podría pensar que nuestro país está atado de pies y manos y que carece de argumentos diplomáticos para trabajar a favor de los Derechos Humanos en el Sahara. Todo lo contrario, España tiene un cúmulo de factores a su favor que sólo con la  voluntad política de utilizarlos lograría cambiar la situación de manera radical:

  Para la ONU, España es la potencia administradora y su presencia en el Sáhara estaba avalada por los tratados de Berlín (1885) y de Algeciras (1912), Marruecos no tiene ningún reconocimiento de la comunidad internacional para estar allí sino el apoyo fáctico de EEUU y Francia, que funcionan gracias a la inhibición de España.

 2º. El derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación es uno de los principios constitutivos de la Carta de San Francisco y por lo tanto ese derecho no puede ser sustituido por una propuesta de autonomía realizada por una potencia que sólo goza de un derecho de conquista, no reconocido como legal y que por lo tanto es ilegítimo. 

3º. La situación estratégica regional de 1.975: inestabilidad política en España y Portugal, y las alianzas de Argelia y Libia con la URSS en la guerra fría, que fueron los argumentos que motivaron el apoyo de EEUU y Francia a Hassan II para apoderarse del Sahara, han variado por la estabilidad política Ibérica y por el final de la guerra fría.

4º. El apoyo incondicional por EEUU y Francia a Marruecos, en el asunto del Sahara, ha incidido negativamente en el respeto a los Derechos Humanos en el Magreb. En esos 35 años Marruecos ha sido incapaz de integrar a un pequeño núcleo de población a pesar de pertenecer a la misma cultura y religión. Sólo ha estado interesado en sus recursos naturales y en incrementar su territorio.

5º. La pasividad de la ONU con Marruecos: al permitirle violar sus Resoluciones y en no dotar a la MINURSO de competencias para defender los DDHH, cuestionan gravemente la credibilidad de la organización para gestionar la crisis.

6º. La estabilidad en el Magreb puede lograrse dentro de un marco amplio de cooperación económica y política, establecido entre los países que lo componen y no con el reforzamiento de uno sólo en detrimento de los demás.

7º. El integrismo fundamentalista islámico será una amenaza en el Magreb, sólo cuando estos países fracasen en su modernización estructural y no logren un reparto más justo de su riqueza. No en si el Sahara es independiente, o no.

8º. Marruecos no puede conceder la autonomía a un territorio sobre el que no tiene soberanía y que ocupa sólo de facto.

9º. El incumplimiento sistemático de la ONU en hacer respetar sus propias Resoluciones, legitima la vuelta a la lucha armada del pueblo saharaui para hacer valer su derecho.

10º. En su calidad de potencia administradora, España puede solicitar del Consejo de Seguridad su intervención para detener la violación de los Derechos Humanos en el Sahara, así como ofrecer la intervención del ejército español como cascos azules para hacer cumplir las resoluciones del propio Consejo de Seguridad, que han sido reiteradamente incumplidas. Es más lógico que nuestras tropas se pongan el casco azul en el Sahara que en el Líbano. La costumbre, de algunos políticos incompetentes, de implicarse alegremente en conflictos internacionales ajenos a nuestros intereses, mientras evitan actuar en los contenciosos que directamente nos afectan, es el camino seguro para alcanzar las más altas cimas del desprestigio internacional, que es donde desgraciadamente estamos.

Coronel Diego Camacho

Coronel Diego Camacho

No me cabe duda, de que cualquier secretario de tercera de una embajada con esos elementos sería capaz de desarrollar una acción exterior más airosa y eficaz que la que han desarrollado, hasta este momento, los ministros españoles de Asuntos Exteriores. Sobre todo si tenemos en cuenta que el país gamberro, violador de la legalidad internacional y causante de numerosas víctimas y desplazados es Marruecos, prisionero de unas ambiciones expansionistas y neo coloniales propias de otras épocas ya superadas.

No puedo terminar este apartado dedicado a los Derechos Humanos en el Sáhara sin hacer referencia a la más conocida de las activistas saharauis, Aminetu Haidar. Esta frágil mujer mostró la gran fortaleza de espíritu que posee cuando con sólo decir no, dejó en evidencia a los gobiernos de España y Marruecos, que intentaban impedir su regreso al Aaiún para reunirse con su familia. Su ejemplo muestra la capacidad de resistencia ante la injusticia que tienen los hijos de las nubes.

N. de la R.
El autor es coronel del Ejército, diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).


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