España, 26-09-2016

IBERIA

IBERIA IberiaEspaña
Diego Camacho (7/3/2013)
Cada día que pasa está más clara la existencia de una operación política diseñada desde el Reino Unido para absorber Iberia y suplantar nuestra presencia en América de manera paulatina, deseo de los anglos desde hace más de 400 años.

Todo empezó con el acuerdo de fusión entre nuestra compañía de bandera y su homóloga británica la British Airways hace dos años y la creación de un consorcio que englobara a las dos, IAG. En ese momento la BA tenía pérdidas y tampoco podía hacer frente a las pensiones de sus empleados, se encontraba al borde de la quiebra, mientras que Iberia gozaba de superávit y cuentas saneadas. El acuerdo de fusión contemplaba, entre otras cosas, que la caja de IB atendería las necesidades sociales de los empleados británicos, en caso necesario, hasta 2026. En la creación de la nueva empresa IAG se colocó al frente de IB a unos directivos españoles a los que de entrada se les subió el sueldo un 400%.

En el corto plazo de dos años IB comenzó a tener pérdidas, abandonó trayectos rentables como Pretoria, Cuba o Puerto Rico y suspendió la modernización de la flota, mientras que la BA pagaba con la caja de IB sus pensiones, cubría los trayectos abandonados por IB e invertía en la modernización de su flota. Es decir, la subida espectacular de los sueldos de los directivos de IB tenía una clara incidencia en la reversión de la cuenta de resultados de ambas compañías. El acuerdo también fijaba que en 2014 la empresa menos rentable sería absorbida por la que tuviese mejor cuenta de resultados. Tarea nada difícil si los directivos de IB trabajaban para los intereses británicos.

La desaparición de IB supondría para España un durísimo golpe al turismo, único sector industrial que está funcionando satisfactoriamente y sin ayudas del Estado. Iberia no es una empresa cualquiera, tiene una naturaleza estratégica para la economía nacional y por ello el gobierno que maneja además un buen puñado de acciones de IAG, a través de Bankia, tiene la obligación de detener la absorción de la compañía española por la británica y ello a pesar de lo que diga Bruselas, en donde está muy claro que la influencia de Downing Street es muy superior a la de Moncloa, pues la competencia iniciada en el acuerdo de fusión ha sido desleal y con claros indicios de dolo.

¿Es que alguien piensa que el gobierno británico hubiera permitido la absorción de BA por IB en similares circunstancias?

Como la absorción puede detenerse antes del 2014, nuestro gobierno podría hacerlo sin violar ningún acuerdo. La cláusula de suspensión de la fusión era una salvaguarda de los británicos por si su operación les salía mal y los directivos españoles no cumplían su papel. Aunque los primeros pasos de nuestro gobierno no inducen al optimismo, al proponer una mediación entre los directivos y sus empleados.

Esa decisión es un error por dos razones. La primera es que una mediación no obliga a nada, el mediador propone una solución y cualquiera de las partes puede rechazarla y así los directivos de la empresa hacen que negocian mientras se cumplen los plazos previstos para que la fusión tenga lugar, es decir ganan tiempo. La segunda es que la mediación traslada todo el problema al ámbito laboral eludiendo su naturaleza estratégica.

Al haber existido una competencia desleal por parte de los directivos de IAG, al haberse incumplido varias cláusulas del preacuerdo y quedar afectados intereses vitales de España, el Consejo de Ministro debería haber acudido al arbitraje, cuyo dictamen si es de obligado cumplimiento por las partes y en donde cualquier instancia neutral puede comprobar de manera objetiva como los intereses españoles han sido vulnerados utilizando la competencia desleal.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826