España
Diego Camacho (9/5/2013)Rey Juan Carlos I
El levantamiento de la imputación a la Infanta Cristina por la Audiencia de Palma de Mallorca, no es una buena noticia. Pone de manifiesto, una vez más, la quiebra del Estado de Derecho en beneficio de una persona que goza, de hecho, de privilegios jurisdiccionales inconstitucionales. Es el retroceso de una democracia imperfecta hacia un despotismo nada ilustrado y sí muy aprovechado.

La existencia de un cúmulo de indicios que la implican, los mismos 50% que convierten en imputado a su marido y cómplices; las presiones ejercidas por la Casa Real que pasa de “la sorpresa” al “máximo respeto” según sea el contenido de la decisión judicial; la actuación inusual de la Fiscalía al oponerse contra la citación del Juez Instructor y la relevancia de los correos electrónicos como prueba de la actuación coordinada y en comandita, hacen que la decisión de los dos jueces partidarios de levantar la imputación sea jurídicamente menos entendible que la formulada por el tercer juez que formula el voto discrepante.

En nuestro país está Zougan condenado a miles de años por el 11–M, con pruebas que se han revelado falsas y una Infanta de España que ni siquiera tiene que declarar por apropiarse, con su cónyuge, “sin ánimo de lucro”, de dinero público aprovechando la complicidad de numerosos cargos públicos, como el actual ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón. Esa es en síntesis la realidad de nuestra precariedad jurídica.

La injusticia flagrante aunque venga avalada por un juez, un fiscal y un coro de cortesanos sigue siendo injusticia. La Casa Real ha puesto por delante el interés personal de la hija del Rey al interés general de la nación, que no es otro que la preservación del Estado de Derecho. Otorgar prioridad al privilegio sobre el Derecho deslegitima a la Jefatura del Estado y deja en evidencia a los españoles que anteponen el estatus inconstitucional de una familia a la nación española.

Lo más llamativo es que no se haya producido por la Casa Real, el mínimo gesto para reintegrar al Tesoro las cantidades obtenidas gracias al “rincón del vago”. Si no ha habido apropiación indebida deberíamos tener ya la información pertinente, y si esa apropiación ha tenido lugar, no entiendo a qué esperan. A lo peor es que el objetivo prioritario de esta pareja, auxiliados por Zarzuela, es quedarse definitivamente con el dinero. También extraña que entre todos los que conforman la Diputación de la Grandeza (los Grandes de España) no se haya levantado una sola voz rechazando estas prácticas.

Este asunto tiene para España una gravedad inusitada que los medios de comunicación se han encargado de silenciar, al no hacerse eco de los artículos denigratorios de toda la prensa extranjera. El prestigio nacional es la principal tarea del Jefe del Estado y gracias a su actuación está en unas cotas inaceptables. Está nación digan lo que digan no se merece esto.

N. de la R.

El autor es coronel del Ejército, diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y escritor.