Rubalcaba y RajoyMi Columna
Eugenio Pordomingo (16/5/2013)
A través de una de sus Conferencias, el PSOE va a presentar el próximo día 18, en Oviedo, el documento titulado «Mejorar la calidad de la democracia en Europa», en el que figuran sus propuestas para mejorar la calidad de la democracia. Parece ser que en 11 años de gobierno de Zapatero no les dio tiempo a ello, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Entre las propuestas para mejorar la democracia no podía faltar la de salvar a los suyos y de paso a los del PP, al fin y al cabo son compañeros de fatigas y de aflicción. Una de las puntas de lanza de ese documento son los políticos “imputados”. Esa palabreja (adjetivo) que ahora el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere sustituir por otra menos lesiva, que no estigmatice y que afecte menos al buen nombre de los así considerados por la Ley.

Hay que recordar que Gallardón, ante las numerosas manifestaciones que desde hace tiempo recorren la geografía española –sobre todo en Madrid-, quiso, durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, edificar un “manifestódromo” para que los protestantes (no los religiosos, sino los que se quejan) pudieran allí, mostrar su cabreo e indignación, sin causar una mala impresión al resto de los ciudadanos.

Eso me recuerda a las salas de catarsis que muchas empresas japonesas tienen instaladas para que los empleados al borde del delirio, del estrés y de no se cuantas cosas más, se relajen. Y ¿cómo lo hacen? Pues muy sencillo, en esas salas hay mobiliario (sillas, mesas, armarios, televisiones, etc.,) fabricados de materiales fácilmente rompibles, y muñecos que simulan a sus jefes. Entonces, el japonesito al que el médico de la empresa le ha dado un volante para que asista a desfogarse, se lía a mamporros con todo lo que encuentra. Tras una media horilla de sesión, más o menos, retorna a su fabril estado hasta que suena la sirena y a casa.

Pero volvamos a las propuestas -¡que miedo!- de Gallardón para cambiar el nombre de “imputado” que pasará a ser “testigo asistido”, al que sólo se le denominará «procesado» cuando se abra juicio oral. Lo del juicio, si lo hay, suele ir para largo.

Analicemos ahora las propuestas socialistas, que también me producen pavor. Para el caso de los “imputados”, la Conferencia del PSOE que se va a celebrar en Oviedo (me recuerda el intento de golpe de Estado de 1934), el documento «Mejorar la calidad de la democracia en Europa» propone lo siguiente: “Rechazamos, eso sí, propuestas demagógicas como impedir legalmente y con carácter general a los imputados formar parte de las listas electorales».

Y quizás tenga razón, pues imputados o no, ningún político ha devuelto lo afanado ni ha ido al trullo, por eso los redactores de ese texto (revisado por los jerarcas socialistas) consideran demagógico excluir a imputados o imputadas como candidatos en las listas electorales.

En el documento aludido no aparece nada sobre reducir o eliminar las subvenciones que reciben del Estado los partidos políticos y sus numerosas fundaciones. Nada se dice sobre reformar la legislación electoral y menos acerca de agilizar los procesos abiertos a políticos imputados en asuntos de corrupción.

Última Hora:
Gobierno, sindicatos de trabajadores y patronos han sido incapaces ni de llegar a elaborar un papel diciendo que iban a acabar con el paro y lograr la sostenibilidad de las pensiones. ¡Que se vayan a sus casas!