Valencia (España)
espacioseuropeos (23/5/2013)
El Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (España) ha despedido a 108 trabajadores de los 258 empleados con los que contaba; 79 de esos trabajadores son científicos. Los que no han sido despedidos por el ERE, han sufrido una reducción salarial importante. Asimismo, el centro ha cerrado 14 líneas de investigación, algunas eran sobre el cáncer, parkinson o alzheimer.
Pero, eso sí, la Comunidad de Valencia ha gastado 3 millones de euros en organizando un campeonato de golf en la provincia de Castellón que ha durado un fin de semana. La comunidad también gastó 15 millones de euros en el diseño de unas torres del arquitecto Santiago Calatrava que iban a llevar el nombre de ´Torres de Calatrava´, y que al final no se van a construir.
En la misma etapa, la Generalitat Valenciana gastó 35 millones de euros por la organización de la carrera de fórmula 1, cuando había anunciado que su costo iba a ser cero. Una oportuna modificación en el crédito oficial pasó el cero a 34,8 millones que se emplearon en comprar la empresa ´Valmor Sports´, encargada de la organización del evento de la formula 1, dicha empresa tenía una deuda de 34 millones.
Esos despilfarros, y otros muchos más, se hicieron en la etapa de Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat Valenciana.
La nefasta decisión política tomada en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia ha molestado enormemente a la comunidad científica. De hecho, varios de ellos, como el Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, Vicente Lahera, aprovechan las redes sociales para divulgar lo que se está haciendo.
Es una auténtica tropelía que se cierren centros como el que aquí se comenta, o que científicos españoles tengan que exiliarse en otros países, ya que en España se está literalmente contribuyendo a desmontar todos los centros de investigación y a obligar a que investigadores tengan que buscar trabajo en otros países en detrimento de nuestro desarrollo y contribución a la investigación. Entre tanto, la clase política, no cede en sus privilegios que, en muchos casos, son anticonstitucionales, como son las jubilaciones y prebendas de diputados y senadores.