España, 28-09-2016

Confirmada la sentencia por injurias al novio de Corinna y el voto particular (y magistral) de unos juristas demócratas

EspañaEl Rey Juan Carlos I en la prensa internacional
Amadeo Martínez Inglés (15/6/2013)
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio a conocer el 12 de junio de 2013, la confirmación de la sentencia dictada el pasado14 de marzo por el magistrado José María Vázquez Honrubia (seguramente en un pico patológico de su contumaz úlcera duodenal) por la que se me condenaba a pagar una multa de 6.480 euros, y las costas si las hubiere (menos mal), por un delito de “injurias graves contra la corona” (en román paladino contra el cazador botsuano de elefantes y presunto novio de la bella Corinna, señor Borbón y Borbón) sin concurrencia de modificativas (que, por lo visto, son muy malas). Además, el sufridor y pacifista juez (yo también lo soy porque las guerras son harto improcedentes a día de hoy) en su sentencia, y sin venir a cuento, libraba testimonio al Juzgado Decano de los de Madrid respecto del uso indebido por mi parte de uniforme militar.

Esto último (¡que perra tienen los políticos y jueces de la ultraderecha española en que no nos vistamos de uniforme los militares demócratas, dejando el campo abierto a que solo lo hagan los golpistas, fascistoides y genocidas!) ha debido quedar en agua de borrajas jurídica, aunque no te puedes fiar de la justicia española, lenta y pesada, y más cuando habla sin conocimiento de causa que es casi siempre, después de que el que suscribe le haya manifestado con todo respeto a la señora juez que se ha hecho cargo de dicho testimonio que, aunque el señor Honrubia no se entera de casi nada por estar permanentemente en lucha con su pernicioso flujo gastroduodenal, yo sigo siendo coronel del Ejército (separado del servicio activo, eso sí, y en la actualidad trabajando a marchas forzadas en lo que muy pronto serán las Fuerzas Armadas de Defensa de la III República española) con todo el derecho a vestir el uniforme, como muy bien dejó claro en abril de 2004 una sentencia en ese sentido del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ante otra denuncia de la cúpula derechona de Defensa por asistir de uniforme, en marzo de 2003, a una manifestación contra la guerra de Irak que patrocinaba, entre otros, el actual líder de la oposición al Gobierno de Rajoy y ex presidente del Gobierno, señor Aznar.

La confirmación de la sentencia que en su día expelió de su úlcera sangrante el magistrado Honrubia, como habrá adivinado el lector, no me ha pillado por sorpresa. Me la esperaba, entre otras cosas porque conozco perfectamente el bunker jurídico cortesano de la extrema derecha española afincada en el antiguo TOP franquista reconvertido después en “tribunal para todo” de la pseudo democracia juancarlista que todavía padecemos los ciudadanos de este país y conocido pomposamente como Audiencia Nacional. Lo que no me esperaba en absoluto, constituyendo para mí un reconfortante soplo de aire fresco y una muy buena inyección de moral, ha sido el voto particular, valiente, magistral, ejemplar, democrático… emitido por el presidente de la Sala de lo Penal, señor Grande-Marlaska, y los magistrados Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco, en defensa del derecho a la libertad de expresión elevándola al pináculo de los derechos fundamentales de la persona en los Estados democráticos y de Derecho y sin la cual se daña incluso la legítima libertad ideológica de las personas. Voto particular, exquisitamente redactado y fundamentado, que seguramente creará precedente en la jurisprudencia de este arruinado y envilecido país al cuestionar sin ambages la sobreprotección de la figura del jefe del Estado español y defender el incuestionable derecho a la crítica a los políticos situados en la cúspide del poder, máxime en un caso como éste en el que la figura presuntamente atacada no ha sido elegida democráticamente por los ciudadanos.

Audiencia NacionalNo voy a entrar, obviamente, no es mi tarea, en el análisis pormenorizado de tan brillante voto particular de los cuatro magistrados de la Audiencia Nacional ni, mucho menos, en la ya vieja sentencia del señor Honrubia que, además, como ya puse de manifiesto cuando vio la luz el pasado mes de marzo, no se atiene para nada a la verdad. Los lectores ya son mayorcitos y pueden, si quieren, leerse ambos documentos y sacar sus propias conclusiones. Pero sí quiero dejar clara una cosa. Yo, en mi ya famoso artículo de diciembre de 2011, no llamé putero, borracho y cabrón al ciudadano Juan Carlos de Borbón como afirma el magistrado juzgador del duodeno de oro. Y no lo hice ni por miedo (yo, modestia aparte, llevo ya bastantes años sin saber qué es eso, concretamente desde que un 25 de diciembre de 1958, a las cuatro de la madrugada y en el curso de una operación de comando en Ifni, unos cuantos guerrilleros del sátrapa Hassan II se plantaron ante mi modesta persona y mis valientes rangers valencianos, armados hasta los dientes y con intención de mandarnos a todos al infierno), ni porque no le cuadre todo eso al advenedizo heredero de Franco a título de rey (segura y presuntamente le cuadra, por algo pidió perdón a todos los españoles), ni por ninguna otra razón reseñable.

Simplemente no le llamé todo eso porque no era ni el momento ni el lugar y yo no tengo por costumbre ir por ahí poniendo verde al personal, tenga o no tenga corona o corinna. Arremetí, eso sí, porque así lo consideré oportuno, contra la ralea borbónica que ha reinado en España durante los últimos trescientos años y donde es de dominio público proliferaron estas especies sociales despreciables y otras todavía peores. Yo lo que sí vengo haciendo en relación con el actual jefe del Estado por mandamiento franquista, y desde hace más de treinta años, es investigar sus desmanes, sus errores, sus francachelas y sus corruptelas (que son muchas) y ponerlas en conocimiento de las Cortes españolas, del Gobierno de la nación y de las más altas instituciones del Estado. Y, por supuesto, de los ciudadanos españoles.

Y lo que sí voy a hacer amigos, y pronto, es recurrir a la instancia judicial española que sea competente después de la sentencia en firme de la Audiencia Nacional. Y a continuación, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El voto particular del señor Grande Marlaska y sus compañeros demócratas me lo ha puesto más fácil y, desde luego, su valiente defensa de la libertad de expresión y de la crítica política e ideológica contra la clase dirigente me abre las puertas a una sentencia muy favorable de ese alto tribunal europeo.

N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército español, historiador y escritor.

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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826