España, 25-09-2016

Seguridad Versus Libertad

Seguridad versus LibertadEstados Unidos
[FV] Diario el Peso (3/6/2013)
En abril de 2012 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un polémico proyecto que se conoce como CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), cuyo propósito sería combatir los denominados “cíber-ataques”, o sea las acciones destinadas a distorsionar o alterar la información contenida en los bancos de datos de organismos de seguridad catalogados como estratégicos por la administración del país. Un “cíber-ataque” es considerado como equivalente a un ataque armado.

Para muchos analistas, debido al grado de complejidad digital de los sistemas de defensa, hoy existe la posibilidad de producir importantes daños en una guerra, con sólo atacar la infraestructura informática de la defensa. Estas circunstancias han inspirado la citada ley CISPA cuya propuesta se conoce como HR 3523que está pendiente de aprobación por parte del Senado norteamericano.

El proyecto de ley permitiría a las grandes empresas compartir “los datos de ciber-amenazas” con el gobierno para evitar los ataques a sus redes y por ello ha generado una importante reacción de los de internautas que ven amenazada su privacidad y también su seguridad.

Según algunos activistas por las libertades, la aprobación de la polémica ley CISPA, permite a las compañías de Internet compartir información privada de sus usuarios con el Gobierno, lo que demostraría que “EE.UU. no confía en sus propios ciudadanos”. Para ellos, si la iniciativa se convierte en ley, “la ciudadanía norteamericana perderá lo poco que le queda de la garantía de nuestra privacidad y de libre expresión de acuerdo con los derechos que nos garantiza la Constitución de la Nación”.

El sector crítico considera grave que ante los ataques terroristas y otros peligros, se prefiera invertir para entrometerse en la vida privada de los ciudadanos y no en recursos que realmente garanticen la seguridad de los ciudadanos. Entienden que con la ayuda de las grandes empresas de comunicaciones las autoridades de los Estados Unidos mantienen como objetivo controlar todo lo que circule en las redes sociales, internet y teléfonos. Se produce la paradoja de sospechar sobre quienes son víctimas de la inseguridad.

Los defensores de CISPA, sobre todo los intereses empresariales, sostienen que ese intercambio es necesario para desviar los piratas informáticos en tiempo real. El proyecto recibió apoyo de todos los partidos en la Cámara de Representantes, a pesar del hecho de que la Casa Blanca emitió una amenaza de veto si no consideraban las libertades civiles y el derecho a la privacidad.

Los críticos también sostienen que las empresas de telecomunicaciones y de internet se beneficiarán entregando información privada a las autoridades a cambio de no sufrir ninguna represalia legal.

El senador John D. Rockefeller envió un comunicado valorando el proyecto de ley en ocasión de su aprobación en la Cámara. “La acción de hoy en la Cámara es importante, incluso si las protecciones de privacidad de CISPA son insuficientes. Necesitamos una acción sobre todos los elementos que fortalezcan nuestra seguridad cibernética, y no sólo uno, y eso es lo que va a lograr el Senado. Tengo la intención de trabajar con el senador Thune, así como los presidentes y miembros de clasificación sobre los demás comités de la jurisdicción, al pasar por orden regular. Creo que podemos lograr un acuerdo bipartidista. Hay demasiado en juego, nuestra seguridad económica y nacional, para que el Congreso se abstenga de pronunciarse”.

CISPA ha ganado el favor de las corporaciones y los grupos de presión tales como Microsoft, Facebook y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que ven en ella un medio simple y eficaz de compartir información importante, ante una amenaza cibernética del gobierno. Ante ello, muchos usuarios han insinuado la posibilidad de tomar represalias como la de iniciar una campaña “abandone facebook” por la propia red social en una suerte de actitud que otros han comparado como un anticuerpo en contra de la “libertad vigilada” que se pretende instaurar.

Sin embargo desde el Senado no todos ven con buenos ojos la totalidad de las disposiciones elaboradas desde la Cámara. Un representante anónimo de la Cámara Alta ha asegurado que “el personal y los senadores están departiendo sobre los problemas que necesitan ser tratados en las disposiciones clave”. Se pretende deducir cuáles son los puntos claves que deben estar considerados en la ley.

Algunos voceros informales reconocieron a parte de la prensa apostada en el congreso, que el proyecto no lograría el consenso necesario para se aprobado tal como fue concebido en la cámara de representante, a pesar del intenso clima de presión que se vive por estos días.

Por su parte la Casa Blanca a pesar de haber formulado algunas objeciones al proyecto y de la amenaza de veto al mismo, ante la incapacidad del Senado para limar las asperezas para aprobarlo, está contemplando la posibilidad desde fines de 2011 de emitir un decreto y regular la “seguridad cibernética” por su cuenta.

La portavoz de la administración presidencial, Caitlin Hayden, declaró a “The Washington Post” que “el decreto ejecutivo figura entre los opciones que estamos considerando para hacer realidad las indicaciones del presidente de hacer todo lo posible para proteger mejor a la nación contra las actuales amenazas cibernéticas”, aunque no precisó cuán lejos iría la Casa Blanca en el cumplimiento de estas “indicaciones”.

En Europa, Noruega está tomando medidas para acabar con “la infracción de derechos de autor” en la Red. El país planea aprobar una ley que, de entrar en vigor, daría a las autoridades el derecho a bloquear sitios web.

Numerosos usuarios de Internet comparan esta iniciativa con el proyecto de Ley de Cese de la Piratería en Línea “Stop On line Piracy Act” (SOPA), iniciativa impulsada en 2011 para evitar la difusión ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en Estados Unidos, que ha recibido una dura desaprobación por parte de numerosos sectores de la sociedad.Barack Obama

La medida pretende modificar la Ley de Derechos de Autor y podría afectar a sitios web como “The Pirat Bay” que se había trasladado a Noruega y es uno de los principales portales de intercambio de archivos.

Las modificaciones propuestas facilitarían la tarea de localizar a los propietarios de sitios web y usuarios de material “no autorizado online”, lo que requerirá un sistema de seguimiento de internautas que para muchos significa también invadir la privacidad.

Por su parte la nueva legislación permitiría llevar a juicio a propietarios de páginas web implicadas en la distribución de “contenidos ilegales”, así como ordenar a los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) que “eviten o impidan el acceso” a sitios que han difundido un contenido elevado de material que “claramente viola los derechos de autor”. Para los críticos de la “SOPA” noruega el proyecto constituye una cabeza de playa sobre el terreno de la libertad de circulación de la información y una forma encubierta de censura, teniendo en cuenta que es funcional al propósito de muchas cadenas periodísticas que están intentando restringir la circulación informativa en la red para cobrar el acceso a sus páginas.

En caso de que no pueda saberse quién es el dueño del sitio web o de que este no pueda ser localizado, “el caso puede resolverse sin que la persona en cuestión pueda declarar”, lo que facilitaría bloquear páginas web cuyos propietarios son anónimos. Aunque una segunda audiencia parlamentaria todavía debe dar luz verde a las enmiendas para que estas sean adoptadas formalmente, expertos afirman que es muy probable que el proyecto de ley sea aprobado.

Estas y otras iniciativas han vuelto a poner en el centro de la discusión política la vieja dicotomía entre la “seguridad” y la “privacidad” o si se quiere entre la “seguridad” y la “libertad”. La experiencia indica que a medida que se otorgaron mayores facultades a los responsables de la seguridad, lo primero que se pierde es la libertad y luego la propia seguridad.

Nadie puede estar seguro en un estado sin garantías. Muchos recuerdan que en el altar de la “seguridad nacional” se han ofrecido en holocausto decenas de miles de víctimas durante las últimas décadas y se ha distorsionado el concepto de Estado para colocar a todos los ciudadanos a su merced, olvidando que tal noción es instrumental y no puede constituir un fin en sí mismo, lo cual significa convertirlo en un mero instrumento, funcional a los sectores que detentan el poder.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Diarioelpeso.com.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826