España, 27-09-2016

El descubrimiento de las fosas comunes en el Sáhara y la normalización de la historia de un conflicto

 Sáhara Occidental/España
Ana Camacho (25/9/2013)

Refugiados saharauis huidos de la invasión marroquí y mauritana en 1976. UN Photo/Hubert

Refugiados saharauis huidos de la invasión marroquí y mauritana en 1976. UN Photo/Hubert

El hallazgo de las fosas comunes con los restos de pastores nómadas (dos de ellos menores) con sus carnés de identidad españoles, da para varias reflexiones. En primer lugar, las víctimas fueron ejecutadas el 12 de febrero de 1976, es decir, cuando España todavía estaba en el territorio compartiendo con Marruecos y Mauritania esa administración tripartita generada por la farsa de los llamados acuerdos de Madrid.

No fue hasta el 26 de febrero de 1976 que el embajador español ante la ONU transmitió al secretario general de la organización aquella carta en la que su Gobierno (el primero de la monarquía) anunció la salida de la ex provincia 53 y la renuncia de España a las responsabilidades internacionales de potencia administradora del pueblo saharaui. Así que no hay excusa que justifique que España no se enterase de las atrocidades marroquíes y las denunciase ante la comunidad internacional.

En los relatos de la historia sobre el comienzo de la invasión sigue habiendo varios agujeros negros. Uno de ellos es el que ocultó cómo vivió el pueblo saharaui la toma de control por parte de las fuerzas invasoras. Según el relato oficial que trascendió en Madrid en 1975, el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes no puso pie en el territorio hasta el 11 de diciembre, mucho después de la Marcha Verde que, contaron entonces, había vuelto a sus bases de partida gracias a la diplomacia bilateral. Se supone que llegaron a El Aaiún de paseo en calesa como consecuencia del cumplimiento de los Acuerdos de Madrid. Sí, en calesa y tocando el banjo, porque, según esta versión, parecía como que los invasores habían sido unos caballeros mientras España había seguido en el territorio.

De los responsables de la administración colonial, sólo el coronel Luis Rodríguez de Viguri denunció que había comprobado las brutales torturas a las que los recién llegados habían sometido de inmediato a los saharauis sospechosos de no aceptar su dominación. Lo contó para transmitir la tremenda vergüenza que para él había supuesto tener que cumplir órdenes que le obligaban a mirar hacia otro lado, en lugar de atender a las peticiones de ayuda de los que hasta hacía poco habían sido subordinados suyos que habían servido lealmente a España.

Establece el art. 73 de la Carta de la ONU que las potencias administradoras tienen el deber de velar por el bienestar de sus tutelados. En cambio, el Gobierno español optó por hacer como que no veía ni oía, en un flagrante incumplimiento moral y legal. La inacción española fue así doblemente beneficiosa para la estrategia criminal de los invasores marroquíes. Quedaron con las manos libres para poner en marcha un genocidio y sin preocuparse porque les llamasen genocidas. También lograron que la historia de su agresión no fuese una invasión sino, algo muy distinto, una Marcha Verde pacífica.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Ana Camacho, periodista, activista intelectual y física, de los derechos humanos, que también se puede leer en su página de Internet,  En arenas movedizas.


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