España, 25-09-2016

El Rey: las Fuerzas Armadas (II)

España
Diego Camacho (2/10/2013)

Franco y Juan Carlos

Franco y Juan Carlos

En las Fuerzas Armadas la obediencia al Rey estaba fundamentada, y todavía lo está, en algunos círculos, en el cumplimiento del testamento del anterior Jefe del Estado que así se lo demandaba a todos los miembros de los tres ejércitos. El general Franco no podía saber la evolución de los acontecimientos políticos después de su muerte, por eso la preocupación más acuciante respecto al sucesor sólo podía centrarse en que su reinado fuera duradero y esa idea es la razón esencial de por qué en su última voluntad se dirige sobre todo a los militares.

La entrada en vigor de la Constitución es a todos los efectos el inicio de un tiempo nuevo y también la fecha que señala el cumplimiento por los militares de la última orden de Franco. A partir de ese momento, el nuevo Jefe de las Fuerzas Armadas es la persona elegida por el pueblo, en las elecciones generales, pues de él emanan todos los poderes del Estado y en él reside la soberanía nacional. El Rey, nada más y nada menos, ocupa la jefatura del Estado y simboliza su unidad y permanencia. Seguir empeñados en hacer disfrutar a la Corona de prerrogativas que no le corresponden supone un esfuerzo cortesano digno de mejor causa, puesto que semejante actitud sólo debilita el papel institucional del Rey al proceder su legitimidad del pacto constitucional y no de otra circunstancia.

La celebración en el Palacio Real de la Pascua Militar que es como acto simbólico el más importante, todavía se celebra a pesar de ser una reminiscencia de tiempos pasados que debían ya estar suficientemente superados. Se instaura durante el reinado de Carlos III, rey absoluto, y se recupera con el generalísimo Franco, dictador militar. Es la plasmación solemne de la lealtad de los ejércitos hacia su soberano, sea rey o general, así como el reconocimiento de la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas que ostenta el Jefe del Estado. En España la monarquía absoluta y la dictadura militar, al menos teóricamente, parece que por el momento deberían de estar ya superadas.

La ceremonia de la Pascua militar tiene una gran carga simbólica, gracias en gran medida a la cobertura que recibe de los medios de comunicación social, y por lo tanto una importancia política de primer orden, que nos lleva a la época del despotismo ilustrado, primero, y al autoritarismo militar surgido al final de la guerra civil después. En el primer caso, por razones evidentes, no es un tipo de monarquía que interese a España en el siglo XXI. El segundo caso el régimen fue consecuencia de una división nacional traumática y cuya provisionalidad venía dada por la duración de la vida del general. La conservación del simbolismo político franquista en la España actual no tiene sentido si lo que se pretende es fortalecer las instituciones democráticas. No obstante, a ciertos políticos de recorrido corto les parece mucho más rentable cuestionar el emplazamiento de la tumba del caudillo, como si el mismo pudiera condicionar nuestro futuro político.

Las Fuerzas Armadas se deben a la nación española, su comandante en jefe es el que ha sido designado por el Congreso de los Diputados como Presidente del Consejo de Ministros, después de la celebración de las elecciones generales, pues es en quien la soberanía nacional ha depositado su confianza y por lo tanto la capacidad de gestionar los asuntos que afectan a la Seguridad Nacional y que, además, por ello está capacitado tanto para tomar decisiones como para responder de las mismas ante los ciudadanos. Los ejércitos no pueden constituir un mundo aparte de la sociedad ni su empleo depender de una persona, familia o partido. Su lealtad no está residenciada en el Jefe del Estado sino en la Constitución española, fuente y legitimación de toda la ley o derecho. A diferencia del despotismo ilustrado, época en la que la Constitución emanaba de la voluntad real, nuestra monarquía parlamentaria debe ser una emanación de la Constitución de 1978.

Dar apariencia de continuidad, con el anterior régimen, en lo que se refiere a la relación de los ejércitos con el Jefe del Estado, es un error. En primer lugar, al no corresponderse con la legalidad constitucional vigente es una relación que escapa al control legal y por ello pervierte y debilita el régimen político. En segundo término, distancia al mundo militar de la sociedad pues esta puede percibirlo como un poder que llegado el caso puede ser más una amenaza que una garantía de seguridad. Finalmente, también indica la debilidad de la institución monárquica si necesita para garantizar su permanencia el apoyo de las bayonetas en lugar de basarla en el respaldo de la ciudadanía.

En el ataque más serio sufrido por nuestra democracia, el 23–F de 1981, fue patético ver como los capitanes generales se ponían a las órdenes incondicionales de su mando supremo, mientras habían secuestrado a su verdadero jefe el presidente Suárez, y al propio Rey lanzando sus órdenes militares después de haber fracasado el golpe. Mejor hubieran hecho todos si hubieran impedido la llegada de Tejero al Congreso, como estuvo en sus manos hacerlo. El Tribunal Supremo en el recurso de casación del juicio de Campamento para deslegitimar el argumento de los acusados de “obediencia debida al monarca” manifestaba: “Con el debido respeto al Rey, y aceptando, por supuesto, la inmunidad que concede al Rey la Constitución, si tales órdenes del Rey hubieran existido, no hubieran excusado de ningún modo a los procesados, pues tales órdenes no entran dentro de las facultades de Su Majestad el Rey y siendo manifiestamente ilegales no tendrían por que haber sido obedecidas”. La sentencia consagra de manera impecable hasta dónde llegan las atribuciones militares del Jefe del Estado en una monarquía parlamentaria.

No obstante, la dejadez de los sucesivos gobiernos al permitir que la Corona haya entrado en ámbitos que constitucionalmente no la corresponden o al no desarrollar adecuadamente el Título II de la Constitución, ha facilitado la debilidad institucional de la monarquía parlamentaria y ha contribuido a hacer más incierto su futuro. Entre los que considero más importantes, están:

1º.- La reiteración que de su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas se hace del Rey en el artículo segundo de las Reales Ordenanzas, ignorando la potestad que sobre aquellas tiene el poder ejecutivo.

2º.- La presidencia que ha venido ostentando el Rey al frente de la Junta de Defensa Nacional, cuando al ser un órgano de coordinación y gestión debe ser el Presidente del Consejo de Ministros a quien le incumbe la responsabilidad en el adecuado funcionamiento de la misma.

Rajoy y el Rey nos dan la espalda

Rajoy y el Rey nos dan la espalda

3º.- La vinculación del monarca con el Servicio de Inteligencia que le mantiene al corriente de la información clasificada que dicho servicio elabora. El Rey debe tener la mejor información disponible, pero siempre proporcionada por medio del jefe de gobierno no por el servicio secreto. Esta vinculación directa sólo ha sido fuente de escándalos y de debilitación del Estado y de la Corona.

4º.- Los honores y distinciones que afectan al príncipe heredero y cuya falta de regulación hacen que estén sometidos a la discrecionalidad del gobierno de turno.

5º.- Conservar el formato tradicional de la Pascua Militar, puesto que transmite una imagen distorsionada de su verdadero papel.

La disfunción institucional de la Corona con respecto a las Fuerzas Armadas alcanzó su cenit al iniciarse los dos periodos presidenciales de José María Aznar. Nada más ganar sus primeras elecciones y acudir al palacio de la Zarzuela para presentarle al rey la lista de su nuevo gobierno. El flamante Presidente electo tuvo que quitar a Arias Salgado, que iba como ministro de Defensa, y poner en su lugar a Eduardo Serra quien se presenta como independiente aunque en realidad trabaja desde antiguo para Palacio y que será quien sustituya a Prado y Colón de Carvajal como marchante en las finanzas reales. El motivo del cambio estuvo motivado en el temor que despertó en el rey y Felipe González la promesa electoral del PP de regenerar la democracia española, para lo que era necesario desclasificar los papeles del CESID. Serra, nada más ocupar el cargo, declararía, sin ningún rubor, que dichos documentos jamás serían desclasificados. De esta manera “un independiente” respaldado por el Rey desautorizaba al Presidente del gobierno y al partido gobernante que habían logrado la victoria gracias, en una gran medida, a su promesa electoral. El propio Aznar cuando salió del palacio de la Zarzuela, con su lista de gobierno cambiada, al referirse al rey lo hizo como “el soberano”. Había ganado unas elecciones y todavía no sabía que el único soberano legal era el pueblo español.

Las segundas elecciones que gano Aznar fueron con mayoría absoluta, requisito al parecer insuficiente para nombrar al ministro de Defensa. El cargo para el que había sido designado previamente Álvarez Cascos lo ocupó, por impulso real, Federico Trillo militante del PP vinculado al Opus Dei y que al parecer no levantaba la desconfianza que despertaba el político asturiano en la Casa Real. Es bastante ilustrativo que ni siquiera su desafortunada gestión ministerial durante la identificación de los cadáveres del accidente del Yak–42 le originara la dimisión de su puesto o el debilitamiento político en el seno del PP. En su lugar es nombrado, por Rajoy, responsable de las garantías jurídicas en el seno del partido. Otra prueba que avala que en España lo importante no es la competencia que se demuestra en el cargo, sino el grupito al que perteneces que de ser necesario ya te respaldara.

Cuando Rajoy gana las elecciones vuelve el Rey por sus falsos fueros al borrar de la lista, del Presidente recién elegido, a Ruiz Gallardón como ministro de Defensa y sustituirlo por Morenés, hombre también muy vinculado a Palacio por la venta de armas. Con ello se volvía costumbre el manejo real en el caso de una victoria electoral del partido Popular, consolidándose así el jardín privado de la Corona en el ámbito de la Defensa y todo ello sin la menor resistencia o protesta por parte de los populares.

Esta situación ha originado que después de más de treinta años sin poner solución a las lagunas iniciales de la Constitución y en concreto en lo referido a la Corona, esta se haya ido debilitando progresiva e inexorablemente, ayudada también por las amistades peligrosas, de tal manera que cada día se hace más evidente la necesidad de encarar una reforma constitucional que ponga al Rey en su lugar y sin margen para el error discrecional.

Cuando en 1876 se restauró la monarquía de los Borbones en la persona de Alfonso XII, Canovas, además de idear la alternancia en el poder con Sagasta, también planeó el papel que había de desempeñar el Ejército, como he apuntado más arriba, en el nuevo régimen político: último baluarte en la defensa de la monarquía. Esta idea, buscaba terminar con la tradición liberal del Ejército y acabar con los pronunciamientos militares como herramienta de cambio político. Lograría su propósito en el primer objetivo y fracasaría en el segundo, pero el Ejército a partir de ese momento estaría más vinculado al Rey que a la nación.

N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.


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