España
espacioseuropeos (6/11/2013)
El pasado martes, Transparencia Internacional presentó un informe sobre la protección legal de los denunciantes de casos de corrupción y otras conductas ilegales en los 27 países de la Unión Europea. En ese informe se dice que España no protege debidamente a las personas que denuncian casos de corrupción, en concreto desvela la carencia de protección legal en nuestro país. AI considera que esa falta de protección legal es esencial para combatir delitos de todo tipo.
El informe de TI pone de manifiesto que la mayoría de estos países no protegen legalmente a los ciudadanos que denuncian esos casos. Esa carencia de aplicación del marco legal de protección imposibilita que la lucha contra la corrupción sea eficaz.
El informe analiza cada país europeo, constatando las evidentes carencias en seis de ellos. Uno de esos países es España, donde la cobertura legal para denunciar es evidente: «España no tiene una legislación general para proteger a empleados en los sectores público y privado contra represalias por denunciar malas prácticas», afirma en uno de los párrafos ese documento.
En el informe se achaca esa deficiencia a la clase política: “no hay aparentemente ningún impulso entre los líderes políticos por proteger legalmente a los denunciantes (…) casi no hay códigos laborales o administrativos aprobados para proteger a los denunciantes», pero tampoco existe “una cultura palpable para que empleados y ciudadanos denuncien malas prácticas».
La carencia de apoyo y protección a los denunciantes “desincentiva” las intenciones de poner en manos de la justicia casos de corrupción o criminalidad.
Hay que recordar que España se comprometió en el año 2012 ante la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) a articular mecanismos legales para que los denunciantes estén debidamente protegidos, pero hasta ahora no se han dado pasos encaminados a ello. En general, los países miembros de la UE no dan muestras de avances importantes para erradicar la corrupción.
TI cita a Alemania, por ejemplo, donde sólo los funcionarios están debidamente protegidos. Los países que cuentan con más medidas de protección son Reino Unido, Luxemburgo, Rumania y Eslovenia.