España, 01-10-2016

Monarquía Parlamentaria o Absoluta

España
Diego Camacho (5/12/2013)Monarquia
Cada día que pasa está más claro que el objetivo principal que la Infanta Cristina y su marido tienen, es no devolver el dinero público que han conseguido afanar gracias a esa empresa “sin ánimo de lucro” que ambos crearon. La información conocida de sus andanzas es apabullante y la Casa Real tiene medios suficientes para conocer las cantidades obtenidas por los duques, mucho antes que el juez que instruye el caso y con mayor exactitud.

Independientemente de la ceguera que afecta a algunos fiscales y funcionarios de la Agencia Tributaria, está acreditado, por numerosos testimonios y facturas, que recibieron, utilizaron para su disfrute personal y no declararon al fisco una cantidad considerable de dinero y cuyo destino final serían varios paraísos fiscales. Encima varios cortesanos se empeñan en propagar que solo pueden investigarse los últimos cinco años, como si una vez prescrito el delito fiscal también desapareciera la responsabilidad moral y una Infanta de España pudiera recuperar su honor por la prescripción de un delito que hubiera cometido.

Lo cierto es que hasta hoy el dinero obtenido de manera delictiva no ha sido devuelto a la nación española, y que al adoptar esa posición la Casa Real está colaborando en perpetuar la apropiación indebida de uno de sus miembros. Cuando falta dinero existe responsabilidad, lo contrario sería la cuadratura del círculo.

El gobierno por medio de Hacienda intenta desorientar al juez instructor, aunque para hacerlo tenga que desdecirse, y su risueño ministro trate de hacernos pasar por idiotas. Lo que constituye un gran error, pues si en España estamos acostumbrados a todo, hay dos cosas que se soportan muy mal y son que te tomen por imbécil o que te griten, ya veremos. Es sumamente grave que el gobierno prefiera deslegitimarse, echar por la borda su credibilidad y violentar la Constitución con tal de impedir que se constate un hecho evidente, la responsabilidad fiscal de la Infanta Cristina. Mejor sería que Rajoy y sus ministros pusieran su empeño en lograr una mejor educación para los hijos del Rey.

La guinda de esta ceguera institucional, que coloca por delante los intereses de la real familia a los de la nación, la pone el Fiscal General. En un alarde de conocimiento jurídico afirmó que” no es lo mismo participar en un acto que tener noticias del mismo o beneficiarse de algo que se desconoce que es ilegal”. O dicho de otra manera, la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento. No cabe duda que Torres Dulce se convierte así en el gran benefactor de los presuntos siempre y cuando estos desconozcan las leyes.

El Rey, como responsable de su Casa, no puede inhibirse de la situación creada por su hija y en su responsabilidad está el hacer prevalecer el interés de España por delante de cualquier otro. Ello le obliga, aunque no judicialmente, a restaurar el daño hecho al pueblo español.

N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.


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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826