España
Diego Camacho (11/12/2013)
Argumenta el fiscal Pedro Horrach para justificar a Cristina, que en cualquier familia normal la mujer no se entera de las irregularidades financieras realizadas por el marido. No creo que este funcionario, identificando a la familia de la Infanta con otra cualquiera del común, se crea lo que dice. Es evidente que lo normal no es ser la hija del Rey, sino una excepcionalidad cargada de privilegios materiales y honoríficos; que obligan a una ejemplaridad en el desempeño de su vida pública y privada.
Tampoco puede cualquier familia apropiarse a discreción de fondos públicos con la colaboración de la Agencia Tributaria, algún fiscal y numerosos cargos públicos. Cuando eso sucede es que estamos ante unas personas que gozan de una influencia fuera de lo común y por lo tanto nada normales. El paralelismo entre familias normales que intenta establecer el fiscal, no es más que una burla dirigida al ciudadano.
Ha quedado acreditada la apropiación de fondos públicos, la evasión fiscal y la utilización de paraísos fiscales. La Infanta y su marido han gozado de colaboración para poder ejercer sus actividades impropias, entre ellas la del actual ministro de Justicia. Por todo ello, la no imputación de la Infanta, una sentencia favorable a la banda o la concesión de indultos, no serían por sí solos capaces de borrar la responsabilidad en la que han incurrido la hija del Rey y sus cómplices. Cualquier decisión judicial exculpatoria, no permite por sí sola recuperar el dinero que fue sustraído. Por eso cualquier solución debe comenzar por ahí, la recuperación de las cantidades afanadas “sin ánimo de lucro”.
A pesar de lo afirmado por el fiscal, es evidente que la responsabilidad institucional de este enredo le corresponde al Rey. Que la Constitución le otorgue blindaje judicial, no quiere decir que esa impunidad sea ampliable a otros miembros de su familia. A él le corresponde solucionar el entuerto generado por su hija y muchos españoles vemos con sorpresa, como el camino emprendido por la Casa Real solo redunda en su desprestigio.
Exonerar a la Infanta de responder de sus actos, gracias a la presión ejercida para que las instituciones se desvíen de su recto funcionamiento, es algo que no puede ser asumido. Este presunto delito de arbitrariedad de los poderes públicos si alcanzaría a los responsables de esas instituciones. Si el Jefe del Estado no ha ejercido esa presión, lo que se percibe en la calle es que alguien lo ha hecho en su nombre.
El papel de Urdangarin desde el punto de vista institucional, es secundario. Él trabajaba en beneficio de la sociedad familiar pero haciendo uso de la relaciones del Rey, la Infanta y Corina. Iñaki es el duque consorte, mientras que es a Cristina a quien compete la responsabilidad pública de la pareja. Su empleo en la Caixa al frente de la Obra Social de la misma, no deja de ser también otra burla de esa entidad a los españoles.
Dar una respuesta adecuada a este problema es una tarea ineludible para la Jefatura del Estado. La continuidad por la opción actual tendrá unas consecuencias nefastas para la Corona.
N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.