España
DiegoCamacho (7/12/2013)
constitucionContemplar como los políticos celebran el aniversario de la Carta Magna provoca, en la mayoría de los casos, una mezcla de indignación y de vergüenza ajena, similar a la que debieron sentir los liberales que siguieron a Riego cuando proclamó la Constitución de 1812, y Fernando VII dijo aquello de “marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional”, mientras apresuraba a su primo Luis XVIII para que invadiera España cuanto antes.

El Presidente del Gobierno dice que para cambiar la Constitución no hay suficiente consenso. Con lo fácil que le ha resultado encontrarlo para someter el CGPJ al poder de los partidos, continuando así por la senda inconstitucional, iniciada por el PSOE, contra la independencia del poder judicial. Mientras, su ministro de Hacienda intenta embridar a la Agencia Tributaria y convertirla en otro tentáculo del ejecutivo para que actúe acorde a los intereses del Palacio de la Moncloa.

Rajoy trata de blindar a la casta política ante la corrupción, gracias al control ejercido sobre los magistrados nombrados a dedo, y ejercer la presión sectaria sobre la libertad del ciudadano por medio de la restructuración de la Agencia Tributaria y la nueva ley de seguridad ciudadana. Debe creer el Presidente que lo importante es mantener a toda costa el chiringuito, por eso no quiere reformar la Constitución aunque la presión social le obliga a ejercer el control sobre las instituciones que deberían ser garantía del Estado de Derecho.

No obstante, esta estrategia presidencial tampoco se aplica en toda España. En Cataluña está abierto un proceso independentista. Se incumplen las sentencias del Tribunal Supremo, los fiscales y jueces actúan a su aire, se abren embajadas, se está montando un servicio de inteligencia autonómico y don Mariano, en lugar de aplicar el artículo 155 de la Constitución, da un tratamiento financiero privilegiado a la Generalidad.

Por todas estas razones, aunque hay algunas más, el Consejo de Ministros se ha deslegitimado en el ejercicio del Poder. cada día está más claro que para estos profesionales de la corrupción España les importa un bledo.

El Estado de las Autonomías que surge en 1978 en realidad funciona como un estado federal, con mayor descentralización administrativa que estados federales como EEUU o México. Por eso, no se entiende el proyecto socialista de centrar la reforma constitucional en la denominación que se de al Estado, puesto que de hecho ya es lo que propone el PSOE. La semántica no basta para detener la ambición independentista de muchos catalanes y vascos. Tampoco puede lograrse la independencia dentro de la Constitución y al margen de la opinión de los españoles. El gobierno no está habilitado ni para cuestionar ni para negociar la soberanía nacional.

N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

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